Ejidatarios del municipio de Jilotzingo denunciaron que la magistrada del Tribunal Unitario Agrario número 10, Leticia Díaz de León, falló a favor de la inmobiliaria Real de Valle Escondido S.A. de C.V, basándose únicamente en evidencias y sin realizar una inspección adecuada del terreno.
Acusan a las autoridades judiciales agrarias y a un juez de distrito de proteger los intereses de la inmobiliaria, que busca apropiarse de más de 440 hectáreas de sus tierras para la construcción de fraccionamientos de lujo y con ello cometer un ecocidio.
Los ejidatarios se manifestaron frente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ubicado en Naucalpan para denunciar lo que consideran un “favoritismo judicial” hacia la inmobiliaria Real de Valle Escondido S.A de CV.
Según uno campesinos del ejido, cuyo nombre pidió omitir, esta decisión del Tribunal Unitario Agrario número 10 provocará la destrucción de miles de árboles y un grave impacto ambiental, además de agotar aún más los escasos recursos hídricos que tiene el municipio.
Los abogados de los campesinos presentaron un amparo indirecto que fue, a decir de ellos, sobreseído sorpresivamente por el Juzgado Segundo de Distrito de Naucalpan, lo que ha generado sospechas sobre la imparcialidad del proceso judicial.
Ante esta situación, interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público Federal contra la magistrada Díaz de León por presuntas irregularidades en su actuación.
Solicitaron que los recibiera las autoridades del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, pero durante varias horas que estuvieron en plantón, ningún funcionario se acercó a ellos.
Reiteraron que la magistrada del Tribunal Unitario Agrario número 10, Leticia Díaz actuó y dio el fallo a favor de la inmobiliaria, sin realizar una inspección adecuada del terreno.
Alertaron sobre el derribo de miles de árboles que producen agua en el municipio de Jilotzingo para construir más de 300 residencias de lujo.
“La zona ecológica turística y recreativa denominada Zempoala-La Bufa, llamada oficialmente Parque Otomí-Mexica y conocida como el Gran Bosque de Agua, enfrenta diariamente los embates de desarrolladores inmobiliarios, así como de talamontes y dueños de aserraderos clandestinos”, aseguran los ejidatarios.
