Por fin se le hizo justicia a los seis comuneros de Salazar, quienes fueron acusados por el delito de robo con violencia y privación ilegal de la libertad.
Fue minutos después de las 20:30 horas de este jueves, cuando se les vio salir del penal de Santiaguito vestidos de azul, y afuera sus familiares, amigos y vecinos, ya los esperaban para el festejo por su libertad.
Lo anterior, luego de que una juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca con sede en este municipio, declarará falló absolutorio a su favor, ya que se encontraban detenidos desde agosto del 2017.
La juez escuchó este jueves, por poco más de cuatro horas, tanto los argumentos de la parte acusadora, como de los defensores, para finalmente al filo de las 13:20 horas dar el falló a favor de los comuneros: Fermín Esquivel Rojas, Miguel Ángel Vilchis García, Yuriko Maribel Becerril Villavicencio, Dana Irakikey Becerril Villavicencio, Beatriz Pérez Flores y Cutberto Vilchis García.
Cabe recordar que los ejidatarios de Salazar, fueron acusados por el delito de robo con violencia y privación ilegal de la libertad, por hechos que ocurrieron el 30 de septiembre del 2016, precisamente tres días después de que se emitió un fallo judicial que los reconoce como propietarios de los terrenos, por un convoy que los testigos estiman en mil 500 policías federales, estatales, ministeriales y elementos de las fuerzas armadas, encapuchados y vestidos de negro.
Caso plagado de irregularidades
Por su parte, Neftali Franados, representante de la Secretaría de Gobernación, informó que se trató de un asunto plagado de irregularidades, ya que los hechos se dieron un año antes del operativo, en el cual fueron arrestados los comuneros.
En su momento, aseguró, “se acreditó que hubo un litigio por los terrenos de la comunidad de Salazar, en donde había interés por parte de un grupo de empresarios que deseaban adquirirlos”.
Fue en el periodo de 1992 cuando gobernaba el país, Carlos Salinas de Gortari, cuando se comenzaron a crear instrumentos para que tanto los ejidos, como las tierras comunales pudieran ser susceptibles de llegar a manos de particulares.
Derivado de lo anterior, actualmente se encuentra vigente el juicio por posesión de las tierras entre las comunidades de Santa María Atarasquillo y Salazar.
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Los hechos por los que se les acusó a los seis comuneros ocurrieron el 30 de septiembre de 2016, fecha en que supuestamente se cometieron dichos delitos en contra de un abogado de nombre Mario Alberto “N”, su asistente identificada como Natalia “N” y su chofer de nombre Juan Carlos “N”, en el paraje “La Cima”.
Finalmente, dos comuneros, a parte de los seis que saldrán en las próximas horas del Centro de Prevención y Readaptación Social de Santiaguito, obtuvieron su libertad condicional tras pagar 403 mil 616 pesos por concepto de reparación del daño, debido a que sólo se les acusaba de lesiones.
