Dirigentes empresariales y especialistas definen de una manera clara el problema de las pensiones en México.
El conflicto no es sustituir las cuotas solidarias, que van a un fondo colectivo de jubilación, por otro de cuentas individuales, donde el trabajador es responsable de su propio ahorro, vía las administradoras de fondos para el retiro (Afores).
No, la preocupación principal es el salario de los trabajadores, pues si el sueldo es bajo, mucho más precaria será la posibilidad de ahorrar. En esas condiciones las Afores se convierten en pronósticos de tragedias personales.
A esa realidad se enfrentarán los nuevos servidores públicos del Estado de México, así como los maestros y trabajadores de los 125 ayuntamientos que comiencen a cotizar ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).
La aprobación de la nueva Ley estatal de Seguridad Social, la cual entrará en vigor el primero de enero de 2019, ocurre en un contexto donde el aumento de las percepciones salariales es urgente, pues como organismos empresariales recomiendan, el salario mínimo debería ascender a 98 pesos y gradualmente elevarlo para alcanzar una línea de bienestar.
Dichas condiciones no se avizoran en el futuro, por lo cual es natural que sindicatos, especialistas y servidores públicos en general aprecien como una degradación laboral el transformar el sistema de pensiones, aunque quienes actualmente coticen estarían a salvo de la nueva Ley de Seguridad Social.
Cabe recordar que en 1951, el entonces gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Vélez, promulgó la Ley de Pensiones, considerada en su momento una legislación de vanguardia en pro de la seguridad social de los empleados públicos.
Hoy las condiciones son otras, sin embargo, las necesidades son las mismas: garantizar salarios dignos y asegurar el futuro de quienes entregan su vida a un trabajo honesto. *
