Los gastos de los órganos electorales y partidos políticos producen rechazo de la ciudadanía ante el descrédito de quienes ejercen la política partidista, sin embargo, es un presupuesto necesario para darle viabilidad a un entorno democrático.
Sin el gasto electoral no existirían organismos encargados de la promoción, difusión y organización de la cultura cívica, ni tampoco una estructura para organizar el relevo de actores políticos en los distintos niveles de gobierno.
Y sin un presupuesto público, los partidos políticos no tendrían un mecanismo lícito para financiar su acceso al poder.
Ambas erogaciones son necesarias para darle legitimidad y sustento a un Estado democrático, por lo cual no son gastos que deban condenare por anticipado.
El problema surge cuando dichos recursos, tanto de órganos electorales, como de partidos políticos, no cuentan con la suficiente claridad ante la lupa ciudadana.
Por ello, los distintos institutos comiciales están obligados a actuar con austeridad y en la justa mediana. Como árbitros de las contiendas electorales requieren de recursos públicos para garantizar una estructura digna, pero con total transparencia en el ejercicio del gasto.
En el caso de los partidos políticos la tarea es aún más obligada, pues sus prerrogativas representan el grueso del presupuesto de los órganos electorales.
No obstante, los partidos no están preparados, ni acostumbrados para la transparencia, pues son recurrentes sus omisiones en materia de la publicación de erogaciones.
Es ahí donde anida el rechazo ciudadano a los gastos de partidos, que hoy institutos políticos como Morena piden reducir al 50%. Propuesta que puede ser la alternativa para evitar dispendios, aunque la solución final está en la reiterada transparencia. *
