Empresarios de la Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM), pidieron a la Secretaría de Movilidad que se apliquen sanciones a aquellos concesionarios que no cumplan con los nuevos costos y reglamento de operación para que sea efectivo el freno de abusos y corrupción, pues han llegado a pagar más de 100 mil pesos por estos servicios.
Señalaron que existen casos en que unidades que son detenidas en Tultitlán son remolcadas hasta Tecámac o casos en donde si el incidente ocurre en Ecatepec los terminan llevando hasta Tezoyuca motivo por el cual denunciaron que debido a esta irregularidad las tarifas que se ejecutan son muy altas pues cobran por distancia.
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Cuevas Dobarganes, solicitó al gobierno estatal que se regule e inspeccione pues no se especifica en el reglamento publicado a inicios de agosto que las grúas deben estar autorizadas al traslado de unidades sólo en función de la zona donde ocurrió el percance y no llevarlas a otros depósitos muy alejados.
“Agradecemos al Gobierno del Estado de México y a la Legislatura local que hayan aprobado recientemente el reglamento y las tarifas de corralones, éste era un mal que sin duda aquejaba mucho a los transportistas y automovilistas que habían estado implicados en algún incidente o incurrido en alguna falta. A pesar de ello, los cobros aún siguen siendo muy altos ya que cobran por día y por distancia y son cantidades a veces impagables”, denunció el director general de la agrupación, Francisco Cuevas Dobarganes.
Problemas de antaño
Recordó que durante décadas han prevalecido los negocios irregulares entre propietarios de grúas y los concesionarios de corralones pues los primeros llevan las unidades a los sitios donde tienen algún acuerdo económico y los trasladan a sitios muy lejanos de donde ocurrió el incidente vial con la intención de incrementar los costos.
Añadió que también prevalece la burocracia en los corralones ya que los documentos que solicitan para poder liberar las unidades a veces son excesivos y ante cualquier situación que se detecte desde el punto de vista del responsable del depósito, hacen ir y regresar varias veces a los conductores y así extienden el tiempo de estancia en el corralón. Denunció que en muchos depósitos no emiten facturas por los servicios ni ofrecen opciones de pago con tarjetas o transferencias.
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El líder empresaria finalmente pidió a las autoridades estatales que cuando exista la presunción de un delito y se lleven la unidad, y que al finalizar las investigaciones se determine que es inocente, no se le cobre tanto el arrastre como el uso del corralón, ya que las indagatorias suelen prolongarse mucho tiempo y en la mayoría de los casos suelen ser más altos los gastos del corralón y de arrastre que el valor de las unidades.
“Recientemente hemos tenido reuniones con funcionarios de la Fiscalía de Justicia del Estado de México, ellos entienden y comparten nuestras preocupaciones y ya han realizado diversas reuniones con concesionarios de grúas para minimizar los abusos, que muchas veces se dan por parte de los mismos operadores”, concluyó.
