/ lunes 15 de junio de 2020

En 2018: Mecanismo de Protección no garantizó derechos de periodistas ni de defensores

Las dependencias están desarticuladas y existen deficiencias

Ni la Secretaría de Gobernación, (SEGOB), ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ni la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV), ni tampoco la FGR cumplieron en 2018 con detener el incremento de agravios en contra de la vida de periodistas y defensores de derechos humanos incorporados al Mecanismo de Protección entre 2013 y 2018.

De acuerdo con el último informe de resultados de la Cuenta Pública 2018, la ley en la materia no asegura una protección integral, pues la ejecución de acciones de prevención, protección, atención y procuración de justicia se realiza de manera desarticulada, no es concurrente con los gobiernos estatales, ni municipales y el mecanismo tuvo una actuación deficiente.

El 8 de junio la defensora de derechos humanos Kenia Hernández fue detenida y señalada de supuestamente haber cometido un robo con violencia. Ella es beneficiaria del mecanismo de protección.

Tras la revisión que hizo la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) en la última entrega a la Legislatura federal advierte que el Mecanismo de Protección no ha logrado consolidarse como un sistema de prevención que garantice los derechos humanos de los periodistas en situación de riesgo, por agravios en contra de su libertad de expresión.

También critica que las medidas orientadas a la protección de periodistas no se otorgaron con oportunidad, y la determinación de los planes de protección a los periodistas y las decisiones tomadas por los miembros de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección es discrecional por la falta de criterios técnicos y procedimientos.

Los auditores concluyeron que el Estado Mexicano no ha dado prioridad a la asignación de recursos orientados a la protección integral de periodistas, pese a que se ha incrementado el universo de atención, pues en 2018 ejercieron 736 millones 46 mil pesos, un 35.4% menos de lo aprobado, pues se autorizaron 1,142.1 millones de pesos.

La totalidad de recursos erogados en 2018 se orientaron a la implementación de medidas de protección, pero sólo se reparó el daño de uno de los 312 periodistas que acudieron a la CEAV en su calidad de víctimas y la Fiscalía Especializada no contribuyó a procurar justicia a los periodistas víctimas de ese delito.

La ASF detectó un rezago del 69.5% en averiguaciones previas y del 58.6% en carpetas de investigación, por lo cual las autoridades no evitaron la impunidad de los agravios en contra de periodistas; ni se garantizó los derechos humanos a la vida, integridad, libertad y seguridad, ni su derecho a la libertad de expresión. Tampoco fue posible asegurar un Estado democrático de derecho.

Recomendaciones

La ASF advirtió la necesidad de realizar el monitoreo de riesgos, tener sistemas de alerta temprana y planes de riesgo de las 32 entidades federativas, a fin de que el Mecanismo de Protección transite de un carácter reactivo a uno de prevención; se asegure de cumplir con oportunidad las solicitudes de implementación de medidas de protección para no poner en riesgo la integridad de los periodistas.

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Consideró necesario disponer de criterios y protocolos para asegurar la adecuada operación del Mecanismo y la coordinación entre la SEGOB, la CNDH, la CEAV y la PGR; así como una estrategia que permita a la Fiscalía atender el rezago en la resolución de averiguaciones y de carpetas de investigación y evitar la impunidad en delitos cometidos en contra de la libertad de expresión.

La ASF también señaló que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se encuentra desactualizada.

Solicitudes

La revisión de la ASF arrojó que en 2018 el Mecanismo de Protección recibió 278 solicitudes de incorporación, de las cuales el 23.4%, es decir, 65, fueron aceptadas y el 76.6%, esto es, 213 rechazadas, sin justificar las causas.

Los auditores no pudieron evaluar la oportunidad en el proceso de incorporación del periodista al Mecanismo de Protección porque la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida (URCyRR) no dispone de registros ni controles del tiempo que tarda en realizar el proceso.

Sin embargo sí determinaron que en 17 casos, es decir el 73.9%, las medidas urgentes de protección a los periodistas con un riesgo extraordinario se otorgaron con oportunidad, pero en seis se protegió fuera del tiempo legal.

Una de las causas es que el Mecanismo de Protección no contó con la infraestructura, ni el personal necesario para operar, la Unidad de Evaluación de Riesgo no tuvo criterios aprobados por la Junta de Gobierno para determinar si un comunicador se encuentra en condiciones de abandonar el Mecanismo; y no tiene un manual o lineamiento para determinar la permanencia o no.

Con la revisión, se identificó que, a 2018, el 40.0% (44) de los 110 beneficiarios directos e indirectos cumplían con alguna condición que los hacia viables para salir del Mecanismo de Protección; pero no registró cuales fueron cumplidos en cada caso; en tanto que, de 2013 a 2018, debieron salir del mecanismo 220 (40.1%) periodistas, de los 549 que ingresaron al programa.

“Sin embargo, no se comprobó las razones por las que aún se continuo brindando protección a dichos periodista, lo que representó el 17.6% 57.2 millones de pesos) de los 324.9 millones ejercidos, para la aplicación de medidas otorgadas a los periodistas.

En 2018 la CNDH recibió 1,688 quejas en materia de Derechos humanos, en las que se incluyen, entre otras, las correspondientes a la protección de periodistas que a su vez fueron revisadas y canalizadas a la Quinta Visitaduría General, encargada de atender los asuntos de los periodistas, pero la ASF determinó que en promedio, a un periodista les son violados más de un derecho, y el más vulnerado fue el de seguridad jurídica en más de 20 veces.

Ni la Secretaría de Gobernación, (SEGOB), ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ni la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV), ni tampoco la FGR cumplieron en 2018 con detener el incremento de agravios en contra de la vida de periodistas y defensores de derechos humanos incorporados al Mecanismo de Protección entre 2013 y 2018.

De acuerdo con el último informe de resultados de la Cuenta Pública 2018, la ley en la materia no asegura una protección integral, pues la ejecución de acciones de prevención, protección, atención y procuración de justicia se realiza de manera desarticulada, no es concurrente con los gobiernos estatales, ni municipales y el mecanismo tuvo una actuación deficiente.

El 8 de junio la defensora de derechos humanos Kenia Hernández fue detenida y señalada de supuestamente haber cometido un robo con violencia. Ella es beneficiaria del mecanismo de protección.

Tras la revisión que hizo la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) en la última entrega a la Legislatura federal advierte que el Mecanismo de Protección no ha logrado consolidarse como un sistema de prevención que garantice los derechos humanos de los periodistas en situación de riesgo, por agravios en contra de su libertad de expresión.

También critica que las medidas orientadas a la protección de periodistas no se otorgaron con oportunidad, y la determinación de los planes de protección a los periodistas y las decisiones tomadas por los miembros de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección es discrecional por la falta de criterios técnicos y procedimientos.

Los auditores concluyeron que el Estado Mexicano no ha dado prioridad a la asignación de recursos orientados a la protección integral de periodistas, pese a que se ha incrementado el universo de atención, pues en 2018 ejercieron 736 millones 46 mil pesos, un 35.4% menos de lo aprobado, pues se autorizaron 1,142.1 millones de pesos.

La totalidad de recursos erogados en 2018 se orientaron a la implementación de medidas de protección, pero sólo se reparó el daño de uno de los 312 periodistas que acudieron a la CEAV en su calidad de víctimas y la Fiscalía Especializada no contribuyó a procurar justicia a los periodistas víctimas de ese delito.

La ASF detectó un rezago del 69.5% en averiguaciones previas y del 58.6% en carpetas de investigación, por lo cual las autoridades no evitaron la impunidad de los agravios en contra de periodistas; ni se garantizó los derechos humanos a la vida, integridad, libertad y seguridad, ni su derecho a la libertad de expresión. Tampoco fue posible asegurar un Estado democrático de derecho.

Recomendaciones

La ASF advirtió la necesidad de realizar el monitoreo de riesgos, tener sistemas de alerta temprana y planes de riesgo de las 32 entidades federativas, a fin de que el Mecanismo de Protección transite de un carácter reactivo a uno de prevención; se asegure de cumplir con oportunidad las solicitudes de implementación de medidas de protección para no poner en riesgo la integridad de los periodistas.

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Consideró necesario disponer de criterios y protocolos para asegurar la adecuada operación del Mecanismo y la coordinación entre la SEGOB, la CNDH, la CEAV y la PGR; así como una estrategia que permita a la Fiscalía atender el rezago en la resolución de averiguaciones y de carpetas de investigación y evitar la impunidad en delitos cometidos en contra de la libertad de expresión.

La ASF también señaló que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se encuentra desactualizada.

Solicitudes

La revisión de la ASF arrojó que en 2018 el Mecanismo de Protección recibió 278 solicitudes de incorporación, de las cuales el 23.4%, es decir, 65, fueron aceptadas y el 76.6%, esto es, 213 rechazadas, sin justificar las causas.

Los auditores no pudieron evaluar la oportunidad en el proceso de incorporación del periodista al Mecanismo de Protección porque la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida (URCyRR) no dispone de registros ni controles del tiempo que tarda en realizar el proceso.

Sin embargo sí determinaron que en 17 casos, es decir el 73.9%, las medidas urgentes de protección a los periodistas con un riesgo extraordinario se otorgaron con oportunidad, pero en seis se protegió fuera del tiempo legal.

Una de las causas es que el Mecanismo de Protección no contó con la infraestructura, ni el personal necesario para operar, la Unidad de Evaluación de Riesgo no tuvo criterios aprobados por la Junta de Gobierno para determinar si un comunicador se encuentra en condiciones de abandonar el Mecanismo; y no tiene un manual o lineamiento para determinar la permanencia o no.

Con la revisión, se identificó que, a 2018, el 40.0% (44) de los 110 beneficiarios directos e indirectos cumplían con alguna condición que los hacia viables para salir del Mecanismo de Protección; pero no registró cuales fueron cumplidos en cada caso; en tanto que, de 2013 a 2018, debieron salir del mecanismo 220 (40.1%) periodistas, de los 549 que ingresaron al programa.

“Sin embargo, no se comprobó las razones por las que aún se continuo brindando protección a dichos periodista, lo que representó el 17.6% 57.2 millones de pesos) de los 324.9 millones ejercidos, para la aplicación de medidas otorgadas a los periodistas.

En 2018 la CNDH recibió 1,688 quejas en materia de Derechos humanos, en las que se incluyen, entre otras, las correspondientes a la protección de periodistas que a su vez fueron revisadas y canalizadas a la Quinta Visitaduría General, encargada de atender los asuntos de los periodistas, pero la ASF determinó que en promedio, a un periodista les son violados más de un derecho, y el más vulnerado fue el de seguridad jurídica en más de 20 veces.

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