De las 68 mil concesiones otorgadas a desarrollos industriales y empresas en el Estado de México por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), únicamente 30 mil cuentan con medidores del vital líquido.
Así lo dio a conocer Jesús Espinoza García, ex subdirector del Fideicomiso de Parques Industriales (Fidepar) de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), quien aseguró que de ese total 20 mil se encuentran alterados, con el propósito de evadir el cobro real de sus consumos.
Lo anterior, dijo, a pesar de que la LXI legislatura local dio a conocer las sanciones a las que se pueden hacer acreedores quienes no respeten el control, consumo y pago del agua que emplean.
“Lamentablemente, lo mismo en parques, que en condominios y zonas industriales que se asientan y operan en diferentes municipios mexiquenses, la Legislatura local no está supervisando u obligando a los Organismos de Agua y Saneamiento para que supervisen adecuadamente el control en el consumo y el pago correspondiente de las empresas”, aseveró.
El también ex catedrático de la Escuela de Planeación Urbana y regional de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), señaló que existen desarrollos industriales que por “razones desconocidas” no pagan sus consumos, pero sí los cobran a las empresas que los integran, e incluso existen industrias con alto consumo que operan bajo estas circunstancias, ante el poco interés por parte de la Conagua, Caem y los propios municipios, para cambiar esta realidad.
Espinoza García indicó que si cada instancia responsable del agua realizará adecuadamente su labor de supervisión y cobro adecuado, los resultados se podrían palpar físicamente, mediante planes adecuados de mantenimiento preventivo-correctivo en todas las instalaciones con las que abastece del vital líquido a los usuarios.
Por lo anterior, consideró adecuado que de manera conjunta las autoridades antes mencionadas y apoyadas por la LXI legislatura local, lleven a cabo reuniones para supervisar de manera directa cómo operan los medidores de agua en las unidades económicas y cuánto les cobran.
“Deben terminar de raíz todos y cada uno de los acuerdos, permisos o arreglos ilegales que se están dando entre los consumidores y las autoridades, porque mientras éstos existan, nunca se podrá avanzar”, sostuvo.
Finalmente, mencionó que complejos industriales, inmobiliarias y hasta dependencias de gobierno estatal, tienen a su nombre concesiones de agua para "uso agrícola", pero con estos permisos no sólo operan sus propios pozos, sino que obtienen otro tipo de beneficios; por ejemplo, no desembolsan ni un solo peso por el agua que utilizan, ya que la ley de derechos fiscales les exime de ello.
