El director general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, José Antonio Lara Duque, indicó que en la problemática de los presos políticos se busca no sólo reconocer su inocencia, sino que las instituciones de impartición de justicia reconozcan sus errores en los procesos jurídicos, lo cual implicará la reclamación de una reparación del daño.
Lo que cualquier preso político tiene claro es que no solamente es inocente, sino que tiene derecho a reclamar legítimamente una reparación del daño que le están causando, porque a fin de cuentas se habla de una mala actuación de las autoridades, señaló.
En el Estado de México se ha denunciado la existencia de presos políticos, como fue el caso de los vecinos de Tlanixco, en el municipio de Tenango del Valle, quienes fueron acusados de un presunto homicidio, además de los comuneros de Salazar, en Lerma, denunciados por una presunta privación ilegal de la libertad que tampoco se confirmó. En ambos casos ya fueron liberados.
Sin embargo, a la fecha continúan otros líderes sociales en prisión como es el caso de José Humbertus Pérez Espinoza, activista quien se ha distinguido por denunciar irregularidades de inmobiliarias y funcionarios estatales en el tema de la vivienda.
Explicó que los presos políticos son personas que se encuentran en reclusión a consecuencia de la defensa de algún derecho para alguna colectividad.
El especialista indicó que en el análisis de los presos políticos también se debe estudiar las alternativas de la amnistía e indulto.
El indulto parte de un perdón del Estado, para perdonar, indultar a una persona que se tiene que dar por entendido que sí cometió el delito en cuestión, y la Ley de Amnistía tiene el concepto etimológicamente de la amnesia, es decir, mientras en el indulto perdonas, en la amnistía olvidas, ahí no únicamente es a la persona, sino también los hechos y los delitos, precisó.
PRESOS SIN SENTENCIA
Desde el año 2001, Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz son acusados de ser los autores intelectual y material, respectivamente, del asesinato de la entonces regidora de Atizapán de Zaragoza, María de los Ángeles Tamez Pérez, situación por la cual purgan una prisión preventiva de más de 15 años.
De acuerdo con Alberto Quezada, coordinador del colectivo Pena Sin Culpa, este caso es un claro ejemplo de la fabricación de delitos, la violación al debido proceso, y los actos de tortura que enfrentan los presos políticos que son acusados de algún ilícito en la entidad mexiquense.
Destacó que tanto Daniel García, como Reyes Alpízar han sido utilizados por las autoridades estatales para que ante la sociedad sean ellos quienes respondan por el homicidio de la regidora del PAN.
Precisó que se tiene una posibilidad de que se efectúe un cambio en la medida cautelar a través de una audiencia que presidiría el juez, Felipe Landeros Herrera, la cual se realizará el próximo lunes en el Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla.
Dicho cambio de medida cautelar responde a la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina en México de Amnistía Internacional, y el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas, sobre la revisión e inmediata liberación de los inculpados.
La citada medida cautelar podría significar que el proceso lo sigan en libertad. También lamentó que organismos como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México no apoyen a la defensa de los llamados presos políticos.
