/ martes 13 de marzo de 2018

#Especial Incertidumbre en sur del Edomex

Las fuerzas militares tienen una presencia constante ante la debilidad de las policías locales


La posible aprobación de la Ley de Seguridad Interior que no sólo legitimaría la presencia militar en las calles sino enfrentar directo a la delincuencia, ha provocado miedo entre la población sureña y aunque las autoridades refieren un respaldo con la presencia del Ejército Mexicano, temen más abusos, hoy camuflajeados de enfrentamientos.

 

En este contexto a la fecha “brotan” a la superficie el imborrable caso Tlatlaya, donde 22 personas murieron y al menos 11 de ellas fueron ejecutadas, así como otro aparente enfrentamiento ocurrido en octubre del año 2014, donde también balas militares le quitaron la vida a seis personas, entre ellas por lo menos una persona que había sido secuestrada y por la que familiares inclusive ya habían pagado parte del rescate.

 

El día 25 de octubre del año 2014, se convirtió en una fecha inolvidable para la familia Benítez Arce, luego de que un miembro de la familia recibió una llamada donde le informaban que su padre Jordán Benítez Suárez no había llegado a dormir y se encontraba desaparecido, inclusive ya había sido reportado ante las autoridades respectivas y por lo mismo se había asignado el número de reporte 14102503436.

 

Tiempo después, recibió una llamada del celular de su padre, donde le indicaron que tenían secuestrado a Jordan Benítez y por lo mismo tenían que entregarles un millón y medio de pesos, o si no, lo mataban, “si no dan el millón y medio de pesos me van a matar”, todavía contestó agitada la víctima.

 

De inmediato la familia se puso en contacto con las autoridades respectivas y lo canalizaron a la unidad antisecuestros respectiva, donde proporcionó características de su padre y demás detalles.


 

Posteriormente, el día 26 de octubre, los secuestradores se contactaron con otra de las hijas de la víctima, a quien le pidieron igualmente la cantidad de un millón y medio de pesos por el rescate, pero les indicaron que no tenían esa cantidad, pues la familia era humilde y dependía del taxi que la persona plagiada trabajaba.

 

En esa segunda llamada, donde los plagiarios pidieron la cantidad de 700 mil pesos, todavía la hija de la víctima logró hablar con su padre y le contestó que estaba bien. Después volvieron a marcar y preguntaron que cuánto habían conseguido y les indicaron que sólo recaudaron 22 mil pesos, pero exigieron más dinero o de lo contrario lo matarían.


 

En la declaración ministerial proporcionada por los familiares tras la carpeta de investigación iniciada por el delito de secuestro con número 393010840010014, indicaron a las autoridades que la víctima trabajaba como taxista y al momento de que fue “levantado”, andaba a bordo de su taxi marca Nissan tipo Sentra modelo 2002 color blanco con cromática azul y placas del servicio público 236-JEF de sitio Luvianos.


 

Cabe señalar que ante la angustia por ver regresar con vida a su familiar, lograron recaudar 77 mil pesos y los entregaron como parte del rescate en el Cerro de la Culebra en el municipio de Luvianos, sin embargo, ya no volvieron a saber nada de su padre.


 

Fue el 30 de octubre que por los medios de comunicación, se enteraron de que en el sitio antes referido, se había suscitado un enfrentamiento entre miembros del Ejército Mexicano e integrantes de un grupo delictivo, por lo que familiares comenzaron a preocuparse ante la posibilidad de que su padre pudiera estar detenido o herido.


 

Efectivamente, de acuerdo a reportes policíacos, en el paraje conocido como El Cerro de la Culebra en otro aparente enfrentamiento fallecieron seis personas, tres de ellas del sexo masculino y tres más del sexo femenino de entre 25 y 30 años de edad, de quienes se desconocían sus generales.


 

Además se ubicaron en este sitio, una camioneta marca Toyota tipo Tacoma color blanco modelo aproximado 2012 con placas de circulación LA-25922 del Estado de México, así como un vehículo marca Nissan tipo Sentra con cromática de taxi de sitio Luvianos, con placas 2346-JEF del Estado de México.


 

En su informe, la policía estatal refirió que también se hallaron armas largas y cortas, cargadores y cartuchos, sin embargo, su paso fue obstruido por elementos del Ejército Mexicano, quienes resguardaron el lugar y sólo permitieron el paso de elementos de la SEIDO y la Sedena, así como autoridades ministeriales que realizaron el levantamiento de los cuerpos.


 

Aunque se presume que en este lugar había por lo menos otra persona secuestrada, la muerte del taxista Jordán Benítez Arce fue confirmada por sus familiares. Aunque se desconocen los detalles de este supuesto enfrentamiento que quedó archivado.


 

Cabe señalar que la aprobación de la Ley de Seguridad Interior amplía la posibilidad de que los abusos militares no sean impugnables ante autoridades civiles, pues les permite a las fuerzas armadas no rendir cuentas sobre su actuar, ello según académicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE.


 

Esta ley, fue aprobada por el Congreso a pesar de las críticas de la sociedad civil, expertos y organismos internacionales como la ONU y la CIDH.


La posible aprobación de la Ley de Seguridad Interior que no sólo legitimaría la presencia militar en las calles sino enfrentar directo a la delincuencia, ha provocado miedo entre la población sureña y aunque las autoridades refieren un respaldo con la presencia del Ejército Mexicano, temen más abusos, hoy camuflajeados de enfrentamientos.

 

En este contexto a la fecha “brotan” a la superficie el imborrable caso Tlatlaya, donde 22 personas murieron y al menos 11 de ellas fueron ejecutadas, así como otro aparente enfrentamiento ocurrido en octubre del año 2014, donde también balas militares le quitaron la vida a seis personas, entre ellas por lo menos una persona que había sido secuestrada y por la que familiares inclusive ya habían pagado parte del rescate.

 

El día 25 de octubre del año 2014, se convirtió en una fecha inolvidable para la familia Benítez Arce, luego de que un miembro de la familia recibió una llamada donde le informaban que su padre Jordán Benítez Suárez no había llegado a dormir y se encontraba desaparecido, inclusive ya había sido reportado ante las autoridades respectivas y por lo mismo se había asignado el número de reporte 14102503436.

 

Tiempo después, recibió una llamada del celular de su padre, donde le indicaron que tenían secuestrado a Jordan Benítez y por lo mismo tenían que entregarles un millón y medio de pesos, o si no, lo mataban, “si no dan el millón y medio de pesos me van a matar”, todavía contestó agitada la víctima.

 

De inmediato la familia se puso en contacto con las autoridades respectivas y lo canalizaron a la unidad antisecuestros respectiva, donde proporcionó características de su padre y demás detalles.


 

Posteriormente, el día 26 de octubre, los secuestradores se contactaron con otra de las hijas de la víctima, a quien le pidieron igualmente la cantidad de un millón y medio de pesos por el rescate, pero les indicaron que no tenían esa cantidad, pues la familia era humilde y dependía del taxi que la persona plagiada trabajaba.

 

En esa segunda llamada, donde los plagiarios pidieron la cantidad de 700 mil pesos, todavía la hija de la víctima logró hablar con su padre y le contestó que estaba bien. Después volvieron a marcar y preguntaron que cuánto habían conseguido y les indicaron que sólo recaudaron 22 mil pesos, pero exigieron más dinero o de lo contrario lo matarían.


 

En la declaración ministerial proporcionada por los familiares tras la carpeta de investigación iniciada por el delito de secuestro con número 393010840010014, indicaron a las autoridades que la víctima trabajaba como taxista y al momento de que fue “levantado”, andaba a bordo de su taxi marca Nissan tipo Sentra modelo 2002 color blanco con cromática azul y placas del servicio público 236-JEF de sitio Luvianos.


 

Cabe señalar que ante la angustia por ver regresar con vida a su familiar, lograron recaudar 77 mil pesos y los entregaron como parte del rescate en el Cerro de la Culebra en el municipio de Luvianos, sin embargo, ya no volvieron a saber nada de su padre.


 

Fue el 30 de octubre que por los medios de comunicación, se enteraron de que en el sitio antes referido, se había suscitado un enfrentamiento entre miembros del Ejército Mexicano e integrantes de un grupo delictivo, por lo que familiares comenzaron a preocuparse ante la posibilidad de que su padre pudiera estar detenido o herido.


 

Efectivamente, de acuerdo a reportes policíacos, en el paraje conocido como El Cerro de la Culebra en otro aparente enfrentamiento fallecieron seis personas, tres de ellas del sexo masculino y tres más del sexo femenino de entre 25 y 30 años de edad, de quienes se desconocían sus generales.


 

Además se ubicaron en este sitio, una camioneta marca Toyota tipo Tacoma color blanco modelo aproximado 2012 con placas de circulación LA-25922 del Estado de México, así como un vehículo marca Nissan tipo Sentra con cromática de taxi de sitio Luvianos, con placas 2346-JEF del Estado de México.


 

En su informe, la policía estatal refirió que también se hallaron armas largas y cortas, cargadores y cartuchos, sin embargo, su paso fue obstruido por elementos del Ejército Mexicano, quienes resguardaron el lugar y sólo permitieron el paso de elementos de la SEIDO y la Sedena, así como autoridades ministeriales que realizaron el levantamiento de los cuerpos.


 

Aunque se presume que en este lugar había por lo menos otra persona secuestrada, la muerte del taxista Jordán Benítez Arce fue confirmada por sus familiares. Aunque se desconocen los detalles de este supuesto enfrentamiento que quedó archivado.


 

Cabe señalar que la aprobación de la Ley de Seguridad Interior amplía la posibilidad de que los abusos militares no sean impugnables ante autoridades civiles, pues les permite a las fuerzas armadas no rendir cuentas sobre su actuar, ello según académicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE.


 

Esta ley, fue aprobada por el Congreso a pesar de las críticas de la sociedad civil, expertos y organismos internacionales como la ONU y la CIDH.

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