/ miércoles 21 de abril de 2021

Exhiben auditores fallas de programas sociales

Encontraron opacidad en los padrones, duplicidades y gente registrada que no recibe apoyos

En el Estado de México hay beneficiarias y beneficiarios de programas sociales como el Salario Rosa que aún cuando están registrados no reciben recursos, otros a quienes les entregan menos del monto establecido y también personas a las que se les condicionó la entrega del apoyo, al menos en el año 2019.

De acuerdo con los hallazgos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) en el informe de fiscalización del 2019, en la operación de programas sociales el contrato bajo el cual opera la tarjeta rosa es guardado celosamente por la Secretaría de Finanzas estatal y la gente de ese órgano tuvo que realizar un arduo trabajo de ir casa por casa para integrar el padrón de quienes reciben apoyos.

Durante la reunión con las y los diputados locales estos hicieron diversos cuestionamientos y personal del OSFEM reveló que hallaron opacidad en los apoyos sociales, pues no todos los padrones son públicos.

Gerardo Ulloa Pérez de Morena señaló que hubo observaciones a la cuenta estatal por 15 mil millones y más de mil 564 millones están relacionados con programas sociales, específicamente con las 15 vertientes del salario rosa, pues la fiscalización reveló duplicidad de beneficiarios en el programa de apoyo a jóvenes.

También hubo falta de certeza de que la ayuda llegue la población objetivo y un padrón no confiable, mientras en la beca educativa se dieron apoyos a quienes no cumplieron el promedio de 8 y la calificación más baja detectada fue del 5.17.

Cuestionó qué hace el organo, si habra una auditoría urgente al padrón de beneficiarios del Salario Rosa para evitar duplicidades y fugas económicas, y si el padrón no es confiable. También preguntó si debería ordenarse la suspensión inmediata de entrega de recursos y de apoyos que de manera electorera podrían registrarse en diversas partes del Estado.

Iris Zedillo Ibarra, directora de Auditoría de Desempeño al Gobierno del OSFEM explicó que hicieron la revisión de las 15 vertientes del salario Rosa, donde verificaron a las y los beneficiarios. En beca educativa hay 21 mil 267 y en Jóvenes en Movimiento seis mil.

Los padrones, dijo, se recabaron uno a uno, pues no estaban publicados, ya que solo existen cuatro y ni siquiera son fáciles de identificar, ni tampoco las y los beneficiarios. Algunos registros traen una especie de logo que no permite su lectura, por lo cual fue un trabajo muy arduo tener esa información.

Una vez conocidas las y los beneficiarios identificaron programas y montos duplicados y fueron a ver la forma de entrega, que es a través de una tarjeta manejada por una empresa, en un contrato con la Secretaría de Finanzas que es, dijo, "guardado de manera celosa".

A través del manejo de base de datos encontraron la duplicidad.

En respuesta al diputado Ulloa, dijo que el OSFEM no tiene atribución para decidir si se detienen los apoyos, pues su labor es verificar que se lleven a cabo los procedimientos.

La auditora dijo que hicieron dos auditorías en una: financiera y de desempeño del ejercicio 2019 y sería prejuzgar la entrega, pues es inacabado el ejercicio y cada entidad tiene un plazo para comprobar lo observado.

El auditor especial Jaime Perdigón explicó que la auditora les pidió hacer mejor las cosas, implementaron diferentes metodologías con base en riesgos, a fin de verificar si el programa o la política pública llegaba a los beneficiarios y detectaron que el recurso no estaba destinado a las y los beneficiarios a los que debe llegar, ni se atendía a la población prioritaria.

Encuestas en tiempo real, explicó, arrojaron que hay beneficiarias y beneficiarios registrados, pero no reciben apoyo, otros recibieron una cantidad, pero no la cifra completa y para algunos estuvo condicionada a llevar actividades como la entrega de datos personales, a la participación en eventos políticos o en actividades comunitarias en el ejercicio 2019, pero el Órgano no tiene la atribución de determinar si se suspenden esos apoyos.

Gerardo Ulloa pidió actuar, pues no pueden no hacer nada como Poder Legislativo.

Marlon Martínez del PRI preguntó a la auditora superior sobre las observaciones más recurrentes en el informe de fiscalización y ella advirtió que cada entidad tiene peculiaridades, pero un área de oportunidad es el desdén en diversos temas.

En el Estado de México hay beneficiarias y beneficiarios de programas sociales como el Salario Rosa que aún cuando están registrados no reciben recursos, otros a quienes les entregan menos del monto establecido y también personas a las que se les condicionó la entrega del apoyo, al menos en el año 2019.

De acuerdo con los hallazgos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) en el informe de fiscalización del 2019, en la operación de programas sociales el contrato bajo el cual opera la tarjeta rosa es guardado celosamente por la Secretaría de Finanzas estatal y la gente de ese órgano tuvo que realizar un arduo trabajo de ir casa por casa para integrar el padrón de quienes reciben apoyos.

Durante la reunión con las y los diputados locales estos hicieron diversos cuestionamientos y personal del OSFEM reveló que hallaron opacidad en los apoyos sociales, pues no todos los padrones son públicos.

Gerardo Ulloa Pérez de Morena señaló que hubo observaciones a la cuenta estatal por 15 mil millones y más de mil 564 millones están relacionados con programas sociales, específicamente con las 15 vertientes del salario rosa, pues la fiscalización reveló duplicidad de beneficiarios en el programa de apoyo a jóvenes.

También hubo falta de certeza de que la ayuda llegue la población objetivo y un padrón no confiable, mientras en la beca educativa se dieron apoyos a quienes no cumplieron el promedio de 8 y la calificación más baja detectada fue del 5.17.

Cuestionó qué hace el organo, si habra una auditoría urgente al padrón de beneficiarios del Salario Rosa para evitar duplicidades y fugas económicas, y si el padrón no es confiable. También preguntó si debería ordenarse la suspensión inmediata de entrega de recursos y de apoyos que de manera electorera podrían registrarse en diversas partes del Estado.

Iris Zedillo Ibarra, directora de Auditoría de Desempeño al Gobierno del OSFEM explicó que hicieron la revisión de las 15 vertientes del salario Rosa, donde verificaron a las y los beneficiarios. En beca educativa hay 21 mil 267 y en Jóvenes en Movimiento seis mil.

Los padrones, dijo, se recabaron uno a uno, pues no estaban publicados, ya que solo existen cuatro y ni siquiera son fáciles de identificar, ni tampoco las y los beneficiarios. Algunos registros traen una especie de logo que no permite su lectura, por lo cual fue un trabajo muy arduo tener esa información.

Una vez conocidas las y los beneficiarios identificaron programas y montos duplicados y fueron a ver la forma de entrega, que es a través de una tarjeta manejada por una empresa, en un contrato con la Secretaría de Finanzas que es, dijo, "guardado de manera celosa".

A través del manejo de base de datos encontraron la duplicidad.

En respuesta al diputado Ulloa, dijo que el OSFEM no tiene atribución para decidir si se detienen los apoyos, pues su labor es verificar que se lleven a cabo los procedimientos.

La auditora dijo que hicieron dos auditorías en una: financiera y de desempeño del ejercicio 2019 y sería prejuzgar la entrega, pues es inacabado el ejercicio y cada entidad tiene un plazo para comprobar lo observado.

El auditor especial Jaime Perdigón explicó que la auditora les pidió hacer mejor las cosas, implementaron diferentes metodologías con base en riesgos, a fin de verificar si el programa o la política pública llegaba a los beneficiarios y detectaron que el recurso no estaba destinado a las y los beneficiarios a los que debe llegar, ni se atendía a la población prioritaria.

Encuestas en tiempo real, explicó, arrojaron que hay beneficiarias y beneficiarios registrados, pero no reciben apoyo, otros recibieron una cantidad, pero no la cifra completa y para algunos estuvo condicionada a llevar actividades como la entrega de datos personales, a la participación en eventos políticos o en actividades comunitarias en el ejercicio 2019, pero el Órgano no tiene la atribución de determinar si se suspenden esos apoyos.

Gerardo Ulloa pidió actuar, pues no pueden no hacer nada como Poder Legislativo.

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