/ jueves 22 de julio de 2021

Exhiben corrupción al interior de los penales; se incrementó con la Ley de Amnistía

Pide Congreso mexiquense a Seguridad combatir corrupción

La Legislatura mexiquense exhibió la corrupción existente al interior de los penales mexiquenses y denunció que, a partir de la aplicación de la Ley de Amnistía en la entidad, han aumentado los abusos.

Por ello, exhortó al titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México a implementar las acciones necesarias en los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social para evitar actos de corrupción.

El diputado local de Morena, Enrique Sepúlveda Ávila, refirió que ahora las cuotas que tradicionalmente se cobran en los penales han aumentado, e incluso las personas han sido amenazadas para que paguen, y a algunas las han golpeado.

Denunció que en los centros están haciendo negocio con el llenado de supuestos formatos autorizados para acudir a locutorios, acceso al buzón de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, para recibir la simple información para una solicitud, la autorización de correo electrónico para recibir notificaciones, pues las denominadas “mamás o jefas del cantón” cobran de 500 a 2 mil 500 pesos.

La investigadora Catalina Pérez Correa refirió que, de acuerdo con una investigación, cada persona privada de su libertad debe pagar en promedio cinco mil pesos mensuales para sobrevivir al interior de los centros penitenciarios.

Sin embargo, la cantidad podría ser mayor en caso de requerir de algún otro servicio, como una celda, un colchón o cobija, comida higiénica, visita íntima, enseres, víveres o ropa, lo cual es pagado por las y los familiares.

Según la investigadora, las personas privadas de la libertad se vuelven un negocio, pues hay cobros ilegales al interior de los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social del Estado por todo.

Entre ellos, destacó que por el uso de tarjeta telefónica se cobran 80 pesos, por alimentos 120 pesos, por usar la televisión o equipo de audio de 800 a mil pesos, y hasta por el aviso de la llegada de familiares las personas privadas de su libertad deben pagar 10 pesos.

Por si fuera poco, hay cobros de dos a cinco pesos por cada puerta que necesitan cruzar.

El legislador de Morena añadió que, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, los pagos ilegales se han incrementado, sobre todo para quienes pretenden presentar una solicitud para tratar de verse beneficiados, pues ahora se les exigen mayores dádivas o pagos de extorsión.

Quienes se niegan a cubrirlos pueden ser víctimas de golpes y actos de tortura, por lo cual llamó a las autoridades a no continuar en la opacidad, ni en la indiferencia ante el sufrimiento de las personas privadas de la libertad que, si bien han cometido un delito,o siguen siendo seres humanos.

A partir de la aplicación de la Ley, las cuotas para acceder al “llavero”, es decir, el encargado de cuidar o abrir la puerta, se han incrementado a más de 30 pesos, con el argumento de que la aportación para “los jefes”, como ellos los llaman, ha subido.

"Negarse o buscar alguna otra vía para presentar una solicitud tiene consecuencias o represalias, en el mejor de los casos son golpeadas o golpeados por parte de los custodios, por lo que han solicitado a sus familiares guarden total discreción por el temor de ser humillados, “castigados” y torturados pues lamentable y tristemente ésta práctica es consuetudinaria.

"Quienes presentan solicitudes ante la Comisión Especial en Materia de Amnistía, han denunciado verbalmente que todo lo anterior ya es una práctica recurrente y cotidiana por parte del personal que labora dentro de los Centros, así como de los grupos conocidos como autogobiernos", aseguró.

Destacó que esa práctica se ha registrado en los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social de Ecatepec, Almoloya, Chiconautla, Neza Bordo y resalta el Centro Preventivo de Readaptación Social de Barrientos, donde, a partir del cambio de dirección, "extrañamente" las cuotas se han incrementado hasta en tres veces su valor.

Advirtió que la Ley de Amnistía del Estado de México se creó con el espíritu de restablecer el derecho a la libertad de quienes por su condición de vulnerabilidad no han tenido acceso a la justicia por falta de equidad en la administración de la misma.

Sin embargo, tras esa norma, las personas candidatas a esa ley terminaron siendo víctimas de la corrupción que lamentablemente sigue imperando al interior de los penales.

"Ya no es un secreto a voces lo que hoy se vive al interior de los penales, lo cual es inaceptable. Indudablemente, la Secretaría de Seguridad del Estado de México requiere poner mayor atención para evitarlo, servidores públicos mayor y mejor capacitados, mejores estrategias que permitan atacar estas prácticas anquilosadas.

"Es decir, de todo aquello que contribuya a erradicar desde hoy y para siempre la corrupción que impera al interior y que, con la aplicación de esta Ley, se incrementó y nuevamente se deja al descubierto", sostuvo.

La Legislatura mexiquense exhibió la corrupción existente al interior de los penales mexiquenses y denunció que, a partir de la aplicación de la Ley de Amnistía en la entidad, han aumentado los abusos.

Por ello, exhortó al titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México a implementar las acciones necesarias en los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social para evitar actos de corrupción.

El diputado local de Morena, Enrique Sepúlveda Ávila, refirió que ahora las cuotas que tradicionalmente se cobran en los penales han aumentado, e incluso las personas han sido amenazadas para que paguen, y a algunas las han golpeado.

Denunció que en los centros están haciendo negocio con el llenado de supuestos formatos autorizados para acudir a locutorios, acceso al buzón de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, para recibir la simple información para una solicitud, la autorización de correo electrónico para recibir notificaciones, pues las denominadas “mamás o jefas del cantón” cobran de 500 a 2 mil 500 pesos.

La investigadora Catalina Pérez Correa refirió que, de acuerdo con una investigación, cada persona privada de su libertad debe pagar en promedio cinco mil pesos mensuales para sobrevivir al interior de los centros penitenciarios.

Sin embargo, la cantidad podría ser mayor en caso de requerir de algún otro servicio, como una celda, un colchón o cobija, comida higiénica, visita íntima, enseres, víveres o ropa, lo cual es pagado por las y los familiares.

Según la investigadora, las personas privadas de la libertad se vuelven un negocio, pues hay cobros ilegales al interior de los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social del Estado por todo.

Entre ellos, destacó que por el uso de tarjeta telefónica se cobran 80 pesos, por alimentos 120 pesos, por usar la televisión o equipo de audio de 800 a mil pesos, y hasta por el aviso de la llegada de familiares las personas privadas de su libertad deben pagar 10 pesos.

Por si fuera poco, hay cobros de dos a cinco pesos por cada puerta que necesitan cruzar.

El legislador de Morena añadió que, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, los pagos ilegales se han incrementado, sobre todo para quienes pretenden presentar una solicitud para tratar de verse beneficiados, pues ahora se les exigen mayores dádivas o pagos de extorsión.

Quienes se niegan a cubrirlos pueden ser víctimas de golpes y actos de tortura, por lo cual llamó a las autoridades a no continuar en la opacidad, ni en la indiferencia ante el sufrimiento de las personas privadas de la libertad que, si bien han cometido un delito,o siguen siendo seres humanos.

A partir de la aplicación de la Ley, las cuotas para acceder al “llavero”, es decir, el encargado de cuidar o abrir la puerta, se han incrementado a más de 30 pesos, con el argumento de que la aportación para “los jefes”, como ellos los llaman, ha subido.

"Negarse o buscar alguna otra vía para presentar una solicitud tiene consecuencias o represalias, en el mejor de los casos son golpeadas o golpeados por parte de los custodios, por lo que han solicitado a sus familiares guarden total discreción por el temor de ser humillados, “castigados” y torturados pues lamentable y tristemente ésta práctica es consuetudinaria.

"Quienes presentan solicitudes ante la Comisión Especial en Materia de Amnistía, han denunciado verbalmente que todo lo anterior ya es una práctica recurrente y cotidiana por parte del personal que labora dentro de los Centros, así como de los grupos conocidos como autogobiernos", aseguró.

Destacó que esa práctica se ha registrado en los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social de Ecatepec, Almoloya, Chiconautla, Neza Bordo y resalta el Centro Preventivo de Readaptación Social de Barrientos, donde, a partir del cambio de dirección, "extrañamente" las cuotas se han incrementado hasta en tres veces su valor.

Advirtió que la Ley de Amnistía del Estado de México se creó con el espíritu de restablecer el derecho a la libertad de quienes por su condición de vulnerabilidad no han tenido acceso a la justicia por falta de equidad en la administración de la misma.

Sin embargo, tras esa norma, las personas candidatas a esa ley terminaron siendo víctimas de la corrupción que lamentablemente sigue imperando al interior de los penales.

"Ya no es un secreto a voces lo que hoy se vive al interior de los penales, lo cual es inaceptable. Indudablemente, la Secretaría de Seguridad del Estado de México requiere poner mayor atención para evitarlo, servidores públicos mayor y mejor capacitados, mejores estrategias que permitan atacar estas prácticas anquilosadas.

"Es decir, de todo aquello que contribuya a erradicar desde hoy y para siempre la corrupción que impera al interior y que, con la aplicación de esta Ley, se incrementó y nuevamente se deja al descubierto", sostuvo.

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