/ jueves 17 de septiembre de 2020

Exhorta Congreso al Gobierno estatal a revocar concesión de autopista Toluca-Atlacomulco

Proponen eliminar nombres de funcionarios en obras públicas

A propuesta del diputado Max Correa de Morena, la Legislatura mexiquense exhortó, por mayoría de votos, a la Secretaría de Comunicaciones a ejecutar acciones para revocar la concesión de la carretera Panamericana, en su tramo Toluca–Atlacomulco y viceversa, así como a fincar responsabilidades, pues afirmó que la concesión es ilegal y esa vía debe ser libre de peaje.

El grupo parlamentario del PRI votó en contra.

En tanto, su compañero de bancada, Faustino de la Cruz propuso reformas para que las obras públicas solo puedan ser inauguradas cuando estén totalmente concluidas y que las placas de inauguración sólo consignen el nombre de la institución pública, el escudo del Estado de México y se eliminen los nombres de funcionarios y de sus familiares.

La autopista

Durante la sesión de este jueves Max Correa sostuvo que la empresa Promotora del Desarrollo del Empleo de América Latina, S. A. de C. V. usufructúa la vialidad de cuota de la Toluca-Atlacomulco desde 1984 de forma ilegal.

Las autoridades mexiquenses, explicó, deben iniciar investigaciones y fincar responsabilidades administrativas, civiles o penales a las personas físicas o jurídico-colectivas involucradas que continúan con la explotación de esa vía de comunicación protegida por un Tratado Internacional.

Refirió que cuando se suscribió el tratado internacional "Convención sobre la Carretera Panamericana", que corre de Tierra del Fuego (Argentina) hasta Alaska (EU), se financió la construcción de esa vía, con la condición de que se mantuviera libre de peaje, y cuando el Gobierno del Estado de México la privatizó, incurrió en violaciones a la Constitución.

Correa apuntó que aún cuando la empresa concesionaria no invirtió en la construcción de esa vía internacional de comunicación, ha obtenido incuantificables ganancias por más de 36 años y los grupos de poder político y administrativo abusaron de sus cargos para beneficiar a unos cuantos individuos con la indebida concesión de esa carretera.

El 30 de abril de 1998 la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión recomendó al gobierno estatal el retiro de la Concesión a la empresa Alfa, S.A. de C.V., al haber acreditado violaciones a la Constitución y a algunas leyes federales, por lo cual, la Legislatura del Estado de México aprobó un punto de acuerdo que ordenaba rescatar el título, revisar el procedimiento de concesión y fincar las responsabilidades penales, civiles y administrativas, pero la concesión se mantiene.

En tanto, la iniciativa de De la Cruz plantea que existen elefantes blancos, es decir, obras inauguradas que no funcionan; por lo cual solo deben inaugurarse cuando se concluyan y propone prohíbir la colocación del nombre de gobernadores, alcaldes o sus familiares a las obras.

Durante la sesión el Congreso local también exhortó a los 125 municipios a continuar con las medidas sanitarias, no bajen la guardia, y llamen a sus habitantes a seguir cuidándose y a evitar más contagios de Covid-19.

A propuesta del diputado Max Correa de Morena, la Legislatura mexiquense exhortó, por mayoría de votos, a la Secretaría de Comunicaciones a ejecutar acciones para revocar la concesión de la carretera Panamericana, en su tramo Toluca–Atlacomulco y viceversa, así como a fincar responsabilidades, pues afirmó que la concesión es ilegal y esa vía debe ser libre de peaje.

El grupo parlamentario del PRI votó en contra.

En tanto, su compañero de bancada, Faustino de la Cruz propuso reformas para que las obras públicas solo puedan ser inauguradas cuando estén totalmente concluidas y que las placas de inauguración sólo consignen el nombre de la institución pública, el escudo del Estado de México y se eliminen los nombres de funcionarios y de sus familiares.

La autopista

Durante la sesión de este jueves Max Correa sostuvo que la empresa Promotora del Desarrollo del Empleo de América Latina, S. A. de C. V. usufructúa la vialidad de cuota de la Toluca-Atlacomulco desde 1984 de forma ilegal.

Las autoridades mexiquenses, explicó, deben iniciar investigaciones y fincar responsabilidades administrativas, civiles o penales a las personas físicas o jurídico-colectivas involucradas que continúan con la explotación de esa vía de comunicación protegida por un Tratado Internacional.

Refirió que cuando se suscribió el tratado internacional "Convención sobre la Carretera Panamericana", que corre de Tierra del Fuego (Argentina) hasta Alaska (EU), se financió la construcción de esa vía, con la condición de que se mantuviera libre de peaje, y cuando el Gobierno del Estado de México la privatizó, incurrió en violaciones a la Constitución.

Correa apuntó que aún cuando la empresa concesionaria no invirtió en la construcción de esa vía internacional de comunicación, ha obtenido incuantificables ganancias por más de 36 años y los grupos de poder político y administrativo abusaron de sus cargos para beneficiar a unos cuantos individuos con la indebida concesión de esa carretera.

El 30 de abril de 1998 la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión recomendó al gobierno estatal el retiro de la Concesión a la empresa Alfa, S.A. de C.V., al haber acreditado violaciones a la Constitución y a algunas leyes federales, por lo cual, la Legislatura del Estado de México aprobó un punto de acuerdo que ordenaba rescatar el título, revisar el procedimiento de concesión y fincar las responsabilidades penales, civiles y administrativas, pero la concesión se mantiene.

En tanto, la iniciativa de De la Cruz plantea que existen elefantes blancos, es decir, obras inauguradas que no funcionan; por lo cual solo deben inaugurarse cuando se concluyan y propone prohíbir la colocación del nombre de gobernadores, alcaldes o sus familiares a las obras.

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