/ sábado 12 de septiembre de 2020

Feministas piden mesa de diálogo

Activistas del Frente Nacional Ni Una Menos exigen sanciones por desalojo de Ecatepec

Activistas del Frente Nacional Ni Una Menos solicitaron una mesa de trabajo con el gobernador Alfredo del Mazo, donde plantearán distintas demandas como la destitución del titular de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad (Codhem), Jorge Olvera, debido al desalojo de activistas que ocupaban instalaciones de esta defensoría en Ecatepec.

También piden la destitución de funcionarios públicos que participaron en el citado desalojo.

Mujeres del citado frente ingresaron la tarde del 10 de septiembre a las oficinas de la Visitaduría de la Codhem en Ecatepec para respaldar las acciones de esta agrupación, quien instrumentó una protesta en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para revertir los feminicidios y la desaparición de personas en el país.

Tras dicha acción, policías ministeriales de la entidad desalojaron la madrugada del 11 de septiembre a las activistas, cuyo acto fue calificado por Rosalinda Pimentel, activista del Frente Nacional Ni Una Menos como un acto represivo y brutal.

“Justo lo que hicieron con las compañeras fue un acto de brutal violencia. Todo lo que se destruyó ayer es reparable; las paredes se pintan, los vidrios se colocan nuevamente, pero con esa facilidad no se les quitan los golpes, no les quitan el trauma y no se les regresa la vida a las mujeres que han asesinado”, comentó la activista.

Integrantes de dicho frente también señalaron que se violentaron todas las garantías, desde el hecho de que una mujer no puede ser detenida por un oficial varón.

“Durante la detención también se violentaron los estatutos infantiles de los derechos de los niños que acompañaron a sus mamás, ya que no fueron trasladados a ninguna instancia del sistema del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), además las y los detenidos fueron llevados a un municipio diferente donde ocurrieron las cosas”, explicó.

Cabe mencionar que al inicio de este mes un grupo de familiares de personas desaparecidas y víctimas de violencia de género ingresaron a una de las salas de la Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH), días después fueron atendidas por la titular del organismo, Rosario Piedra, y esta semana abandonaron el inmueble.

No obstante, colectivos feministas nuevamente se plantaron a las afueras de la comisión, y entregaron un pliego petitorio sobre la violencia de género. Advirtieron que seguirían en ese sitio hasta la resolución de sus demandas.

A raíz de ello, manifestaciones e intervenciones en los edificios de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos se han propagado en Michoacán, Estado de México, Puebla, Veracruz, Aguascalientes y Tabasco.

Pimentel recalcó que no quieren ser escuchadas, sino acciones y una agenda de trabajo conjunta, ya que asegura que en los 11 municipios mexiquenses donde se decretó la Alerta de Género no ha bajado el índice de violencia en contra de las mujeres.

“Estamos jugándonos todo por el todo. Pedimos vivir con libertad de violencia”, sostuvo.

Gobierno no ha atendido demandas

Académicos e integrantes de organizaciones no gubernamentales sostuvieron que la omisión por parte del gobierno estatal para dar respuesta a los casos de personas o mujeres desaparecidas y la reiterada violencia de género que se vive en la entidad, son factores que han motivado la inconformidad de las víctimas o familiares.

De igual manera, indicaron que es importante que el gobierno estatal informe a la opinión pública cómo sucedieron los hechos y quién dio la orden para desalojar las citadas instalaciones en donde también había menores de edad.

Mónica Hurtado, integrante de la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México, comentó que la mayoría de las mujeres involucradas en la desaparición de personas han referido que ha habido negligencia en la resolución de los casos.

“En Toluca se tiene el caso de la doctora Jessica, el cual no se ha investigado; hay tortuguismo, negligencia y las familias obviamente no están dispuestas a la voluntad de las autoridades, están cansadas de esperar una respuesta”, señaló.

Expresó que la forma de manifestarse tal vez pueda ser cuestionada por muchas personas o sectores de la sociedad.

Sin embargo, puntualizó que quienes han vivido un proceso de esa naturaleza saben del dolor e impotencia ante la carencia de voluntad política.

Además dijo que debe terminarse con la represión y violencia contra las mujeres de la entidad.


Activistas del Frente Nacional Ni Una Menos solicitaron una mesa de trabajo con el gobernador Alfredo del Mazo, donde plantearán distintas demandas como la destitución del titular de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad (Codhem), Jorge Olvera, debido al desalojo de activistas que ocupaban instalaciones de esta defensoría en Ecatepec.

También piden la destitución de funcionarios públicos que participaron en el citado desalojo.

Mujeres del citado frente ingresaron la tarde del 10 de septiembre a las oficinas de la Visitaduría de la Codhem en Ecatepec para respaldar las acciones de esta agrupación, quien instrumentó una protesta en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para revertir los feminicidios y la desaparición de personas en el país.

Tras dicha acción, policías ministeriales de la entidad desalojaron la madrugada del 11 de septiembre a las activistas, cuyo acto fue calificado por Rosalinda Pimentel, activista del Frente Nacional Ni Una Menos como un acto represivo y brutal.

“Justo lo que hicieron con las compañeras fue un acto de brutal violencia. Todo lo que se destruyó ayer es reparable; las paredes se pintan, los vidrios se colocan nuevamente, pero con esa facilidad no se les quitan los golpes, no les quitan el trauma y no se les regresa la vida a las mujeres que han asesinado”, comentó la activista.

Integrantes de dicho frente también señalaron que se violentaron todas las garantías, desde el hecho de que una mujer no puede ser detenida por un oficial varón.

“Durante la detención también se violentaron los estatutos infantiles de los derechos de los niños que acompañaron a sus mamás, ya que no fueron trasladados a ninguna instancia del sistema del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), además las y los detenidos fueron llevados a un municipio diferente donde ocurrieron las cosas”, explicó.

Cabe mencionar que al inicio de este mes un grupo de familiares de personas desaparecidas y víctimas de violencia de género ingresaron a una de las salas de la Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH), días después fueron atendidas por la titular del organismo, Rosario Piedra, y esta semana abandonaron el inmueble.

No obstante, colectivos feministas nuevamente se plantaron a las afueras de la comisión, y entregaron un pliego petitorio sobre la violencia de género. Advirtieron que seguirían en ese sitio hasta la resolución de sus demandas.

A raíz de ello, manifestaciones e intervenciones en los edificios de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos se han propagado en Michoacán, Estado de México, Puebla, Veracruz, Aguascalientes y Tabasco.

Pimentel recalcó que no quieren ser escuchadas, sino acciones y una agenda de trabajo conjunta, ya que asegura que en los 11 municipios mexiquenses donde se decretó la Alerta de Género no ha bajado el índice de violencia en contra de las mujeres.

“Estamos jugándonos todo por el todo. Pedimos vivir con libertad de violencia”, sostuvo.

Gobierno no ha atendido demandas

Académicos e integrantes de organizaciones no gubernamentales sostuvieron que la omisión por parte del gobierno estatal para dar respuesta a los casos de personas o mujeres desaparecidas y la reiterada violencia de género que se vive en la entidad, son factores que han motivado la inconformidad de las víctimas o familiares.

De igual manera, indicaron que es importante que el gobierno estatal informe a la opinión pública cómo sucedieron los hechos y quién dio la orden para desalojar las citadas instalaciones en donde también había menores de edad.

Mónica Hurtado, integrante de la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México, comentó que la mayoría de las mujeres involucradas en la desaparición de personas han referido que ha habido negligencia en la resolución de los casos.

“En Toluca se tiene el caso de la doctora Jessica, el cual no se ha investigado; hay tortuguismo, negligencia y las familias obviamente no están dispuestas a la voluntad de las autoridades, están cansadas de esperar una respuesta”, señaló.

Expresó que la forma de manifestarse tal vez pueda ser cuestionada por muchas personas o sectores de la sociedad.

Sin embargo, puntualizó que quienes han vivido un proceso de esa naturaleza saben del dolor e impotencia ante la carencia de voluntad política.

Además dijo que debe terminarse con la represión y violencia contra las mujeres de la entidad.


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