El Congreso del Estado de México y ONU Mujeres firmaron un Memorando de entendimiento para impulsar una alianza parlamentaria para revisar y elaborar propuestas legislativas en materia de erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, además de conjuntar compromisos y voluntades en cumplimiento a una deuda social que se tiene de antaño con las mujeres: el reconocimiento pleno de sus derechos y la lucha por eliminar las violencias contra ellas.
El convenio fue signado por la diputada Ingrid Schemelensky Castro, presidenta de la Directiva, y el diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política, así como por Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres, y las diputadas Karina Labastida Sotelo (Morena) y Paola Jiménez Hernández (PRI), presidentas de la Comisión de las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, y de la Comisión Para la Igualdad de Género, respetivamente, así como por Gerardo Ulloa Pérez, presidente de la Comisión Procuración y Administración de Justicia.
La diputada Karina Labastida Sotelo (Morena) destacó que este memorando, signado en el marco de la iniciativa Spotlight, busca impulsar propuestas legislativas para la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas a través de mesas de diálogo y trabajo, para la selección de un paquete integral de iniciativas que tengan mayor impacto en la vida de las mujeres.
En su intervención, al lamentar los 110 casos de feminicidios cometidos en la entidad de enero a septiembre de 2021, la diputada Ingrid Schemelensky (PAN) afirmó que la violencia contra las mujeres y niñas es de las más lacerantes, aunado a que representa un obstáculo para su pleno desarrollo, por lo que el memorando también promoverá el compromiso de los poderes públicos para la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas, y reiteró que el Poder Legislativo será un aliado para sumar esfuerzos y mejores condiciones para ellas.
Ante la diputada Paola Jiménez Hernández (PRI) y el diputado Gerardo Ulloa Pérez (Morena), presidentes de las comisiones de Igualdad de Género y Procuración y Administración de Justicia, respectivamente, el diputado Maurilio Hernández subrayó que desde la LXI Legislatura se generan directrices para combatir los feminicidios, por lo que se trabajan en reformas y leyes que atiendan la situación; además, reiteró el compromiso para continuar enfocando los esfuerzos legislativos para que las niñas, adolescentes y mujeres gocen de una vida libre de violencia.
Por su parte, Belén Sanz Luque resaltó que el memorando promoverá un diagnóstico sobre la armonización del marco normativo estatal para supervisar que cumpla con los estándares internacionales firmados por México para que las mujeres accedan a la justicia y a una vida libre de violencia y que aportarán sus observaciones a la Legislatura para que elabore las reformas respectivas.
Resaltó los avances logrados por la Legislatura mexiquense para combatir la violencia digital, la violencia política de género, la eliminación del lenguaje sexista y la garantía de la paridad de género en los puestos de elección popular.
En presencia del diputado Omar Ortega Álvarez, coordinador parlamentario del PRD, María Fabiola Alanís Sámano, comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, llamó a las y los diputados para que consideren de manera integral las violencias económica, política y feminicida y los exhortó a que brinden prioridad a la construcción, eficiencia y mejora de mecanismos de justicia y reparación del daño para víctimas y sobrevivientes de violencia en razón de género, así como a combatir la impunidad.
Por su parte, Karla Micheel Salas y David Peña, representantes del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, informaron que analizaron 815 iniciativas de la LX Legislatura presentadas en el primer periodo de sesiones, de las cuales identificaron 56 de diferentes bancadas para atender el feminicidio, feminicidio infantil, violencia sexual, violencia familia, desapariciones de mujeres, niñas y niños en estado de orfandad por el asesinato de sus madres y la responsabilidad administrativa y penal de servidores públicos que incumplen con sus obligaciones alimentarias, los cuales indicaron que tienen impacto en 19 leyes que podrían ser reformadas.
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