El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción y el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZF) buscarán firmar un convenio e integrar una red para realizar recomendaciones y propuestas a instituciones de procuración y administración de justicia, a fin de avanzar en el combate a la corrupción.
Tanto los integrantes del CPC, como Fabiola Vite Torres del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero coincidieron en la existencia de abusos al interior de los centros penitenciarios y cuestiones que se pueden mejorar en otras áreas para que se logre una justicia real para las víctimas de delitos y para para que no sigan existiendo personas injustamente presas.
Fabiola Vite Torres del CDHZL señaló que la entidad carece de transparencia y requiere que la sociedad civil se sume para generar indicadores sobre la eficacia de las instituciones mexiquenses.
Las personas, dijo, se encuentran en estado de vulnerabilidad, con falta de acceso a los derechos económicos y sociales que se vuelven caldo de cultivo para la criminalización de la pobreza y eso los lleva a ser señalados con muy pocos indicios, privados de la libertad y terminan con un tejido social destruido, por falta de técnica de investigación adecuada.
Además, familiares han conformado una plataforma denominada Haz Valer mi Libertad.
Vite añadió la necesidad de que haya justicia para las víctimas de delitos, pero también para las personas injustamente presas y refirió que están en coordinación con académicos para sumar esfuerzos y dar indicadores importantes que puedan mejorar y fortalecer las instituciones de procuración de justicia.
Guadalupe Olivo, integrante del Comité de Participación Ciudadana, coincidió en la necesidad de ver tanto a las víctimas, como a las personas injustamente presas, mientras su compañero Luis Manuel de la Mora señaló que pueden coordinarse para hacer una cultura de denuncia, de temas vinculados a temas de corrupción como en cobros ilegales y conductas que no se deben normalizar porque violentan derechos humanos.
Anunció que el CPC busca en un lenguaje ciudadano ayudar a la población y Claudia Hernández, también integrante del CPC, dijo que trabajan en el tema de la publicación de sentencias del Poder Judicial y pidió integrarse a la red de combate a la corrupción.
José Guadalupe Luna, otro integrante del CPC, apuntó que existe un amplio campo de trabajo con el CDHZL y refirió que además de los cobros ilegales que empobrecen a las familias existen políticas, al menos en otros países, donde alejan a las personas privadas de la libertad de su entorno y eso genera rompimientos del tejido social.
Propuso la firma de un convenio con el CDHZL para articularse con diferentes organismos, construir una red y realizar mesas de trabajo y reuniones, a fin de generar una vinculación, una agenda con líneas de trabajo y aprovechar la experiencia de ese centro para acercar a las instituciones recomendaciones, criterios y propuestas de acciones para mejorar.
Encarcelado por el supuesto robo de una sandía
Fabiola Vite Torres dijo que participaron en la construcción de una Ley de Amnistía para atender situaciones de vulnerabilidad y contexto socio cultural de las personas y relató la historia de un joven de San Salvador Atenco acusado por el robo de una sandía que nunca tomó y un botecito de dinero.
Por el supuesto robo la autoridad judicial le fijó como medida de reparación del daño 86 mil 880 pesos, una cantidad impagable para su madre.
La supuesta víctima dijo estar consciente de que no pasó nada, hizo un convenio con la familia donde se da por bien pagada y la madre mostró el documento al Poder Judicial, el cual pidió notificar al Ministerio Público y éste puso en duda la firma.
Advirtió que los montos impuestos por el Poder Judicial son elevados y quienes cometen delitos no deben estar libres, pero también se requieren investigaciones serias para evitar que culpables sean liberados, y personas injustamente presas estén encarceladas.
Lo más importante, dijo, es hacer justicia y fortalecer el encuentro entre ciudadanía e instituciones.
Marco Antonio González Castillo, presidente del CPC, anunció que firmarán un convenio para trabajar juntos y lograr resultados.
El CDHZL es una asociación civil enfocada a la defensa de personas injustamente presas y han realizado trabajos de campo en los penales que arrojaron abusos al interior de esos centros, por lo cual están preocupados y ven la necesidad de mejorar las instituciones de procuración y administración de justicia.
