La libertad de Ovidio Guzmán López y los escándalos de corrupción al interior del Poder Judicial de la Federación cometidos por ministros, magistrados y jueces, han mermado la cultura de legalidad, señaló el abogado y catedrático de la Facultad de Derecho de la UAEM, Erik Garay Bravo, quien a su vez criticó la labor actual de los Colegios y Barras de Abogados, quienes dijo, pasan por su peor momento.
Luego de la conferencia sobre “La epistemología del sistema de enjuiciamiento penal en México”, que impartió en el auditorio “Isidro Fabela Alfaro” de la Facultad de Derecho, explicó que los recientes acontecimientos vividos en el país, entre los que se destacan, la libertad de Ovidio Guzmán López, los escándalos de corrupción al interior del Poder Judicial de la Federación por presuntos actos indebidos realizados por ministros, magistrados y jueces, han mermado de modo grave a la escasa cultura de la legalidad de los ciudadanos mexicanos.
Y ello, refirió el abogado que cuenta con dos especialidades, dos maestrías y es candidato a doctor en derecho, ha provocado una desconfianza de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, lo que impacta en la eficacia del estado de derecho, tornándolo por consecuencia como ineficaz; por lo que es necesario que el ejemplo se inicie de “modo vertical”.
En este sentido, hizo un llamado al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que con virtud de la valentía, realice una limpieza total al interior de dicha función judicial, erradicando al nepotismo, al tráfico de influencias, además de erradicar de los juzgadores esa idea impregnada de que ostentan un “título nobiliario”, ya que se trata de servidores públicos, que deben servir por la mera y pura convicción de servir a su país y a su sociedad.
El especialista en derecho, manifestó que los juristas de los distintos ámbitos del servicio público y del privado, también tienen una gran responsabilidad en la crisis de cultura de la legalidad que vive México.
“Los juristas debemos ser los engranes indispensables del orden social, y por esa razón debemos asumir la responsabilidad de vincular a las universidades, escuelas de derecho, instituciones públicas de procuración y administración de justicia, así como a los colegios y barras de abogados, para que con la academia y la profesionalización de alto nivel, se reestructure el estado de derecho, de modo pulcro, sin la intervención de intereses políticos”, añadió.
Al ser cuestionado sobre la situación que viven los colegios y barras de Abogados del Estado México, afirmó que viven su peor momento por un esquema político agotado, y muestra de ello es el escaso impacto que los colegios y barras de abogados tienen como enlace entre las universidades, las instituciones públicas y la sociedad, además de su nulo nivel académico y profesional.
En el caso específico del Colegio de Abogados del Estado de México y su próxima elección directiva, el catedrático y abogado, sostuvo que es notorio que su esquema luce agotado, puesto que ha caído en un círculo vicioso vinculado más a intereses personales, que al derecho como eje transversal del orden social.
“El colegio se olvidó de la academia, de la investigación, de la profesionalización del gremio y sobre todo de la sociedad a la que nos debemos todos los abogados; por lo que considero que es necesaria su reestructuración de raíz, erradicando todos sus vicios, para que esa digna institución se enarbole como un verdadero faro referente del derecho a nivel estatal y nacional”, finalizó.
