Ante el inicio de las campañas electorales de quienes buscan una diputación federal, y con ellas, la veda que obliga a suspender campañas gubernamentales donde se destaquen nombres, imágenes, voces o símbolos de servidores públicos, se ha generado confusión entre lo que se puede o no hacer.
Mientras algunos entes optan por dejar de enviar comunicados, o de subir información a sus redes sociales, otros lo hacen sin el nombre de la o el titular y existe el riesgo de que algunas o algunos sujetos obligados incumplan con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
El c (TEPJF) hace unos días emitió criterios de responsabilidad de funcionarios públicos, por la difusión de conferencias de prensa, donde prohíbe la emisión y difusión de propaganda gubernamental a cualquier funcionario público, durante las campañas y hasta la jornada electoral.
Además, el INE estableció que las y los servidores públicos aspirantes, deben abstenerse de realizar cualquier acción a través de la cual se difunda propaganda en la que se promueva su nombre, voz o imagen, bajo cualquier medio o modalidad de comunicación.
De esa forma, la propaganda gubernamental difundida debe tener carácter institucional y fines informativos educativos o de orientación social, por lo que no está permitida la exaltación, promoción o justificación de algún programa o logro obtenido en los gobiernos local o federal o de alguna administración específica.
El TEPJF determinó que la información generada durante las conferencias de prensa, en todo momento debe tener fines informativos.
Conferencias
Al resolver recursos interpuestos contra la Mañanera, la Sala Superior del TEPJF deteminó qué se debe entender como propaganda gubernamental.
La definición es: el "ejercicio de información cuya naturaleza deriva de la intención de informar logros de gobierno, temas coyunturales de ejercicio gubernamental, datos o estadísticas de actividades o programas gubernamentales y, en general, información relevante del actuar de un gobierno en activo, con el fin de generar una imagen positiva de éste ante la ciudadanía y el electorado".
Servidores públicos
En su resolución, el tribunal consideró que las y los servidores públicos tienen el deber de cuidar que sus mensajes no contengan elementos dirigidos a influir en las preferencias electorales o en la opinión pública durante los procesos electorales federal o local.
También deben ser particularmente escrupulosos en la etapa de campañas electorales, al dirigir mensajes que pueden ser retomados por los medios de comunicación para su posterior difusión.
La Sala Superior emitió criterios sobre las responsabilidades en que pueden incurrir las y los funcionarios públicos por la difusión de propaganda gubernamental en conferencias de prensa difundidas durante las campañas y hasta el día de la jornada electoral, al resolver los asuntos SUP-REP-139/2019 y acumulados y SUP-REP-185/2020.
Estableció que cuando una o un funcionario público convoque, organice o participe en una conferencia para difundir logros de Gobierno incurre en la difusión de propaganda gubernamental en medios, prohibida durante la etapa de campañas y hasta la jornada electoral.
En caso de que no se pueda garantizar la no difusión de las conferencias, la información debe tener carácter institucional y abstenerse de elementos que constituyan propaganda política, personalizada, o electoral, logros de gobierno, o emitir información dirigida a incidir en las preferencias electorales.
Lo que no se puede hacer
De acuerdo con los criterios del INE, no debe incluir frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral, o bien elementos de propaganda personalizada de servidor público alguno.
Tampoco podrá difundir logros de gobierno, obra pública, ni emitir información dirigida a justificar o convencer a la población de la pertinencia de una administración en particular y el contenido de la propaganda se limitará a identificar el nombre de la institución de que se trata sin hacer alusión a cualquiera de las frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral.
La propaganda podrá incluir el nombre de la dependencia y su escudo oficial como medio identificativo, siempre y cuando no se relacionen de manera directa con la gestión de algún gobierno o administración federal o local.
La propaganda no podrá contener logotipos, slogans o cualquier otro tipo de referencias a cualquier gobierno o a sus campañas institucionales, ni incluir elementos de propaganda personalizada de servidor público alguno.
En caso de difusión de propaganda gubernamental que beneficie a un partido político, en los términos de esos lineamientos del INE, o por guardar identidad con la emitida por el partido, la misma también se contabilizará para efectos de los topes de gasto correspondientes.
