El gobierno municipal de Chimalhuacán interpuso una denuncia por el delito daños en los bienes contra los responsables de los hechos ocurridos el 21 de julio, cuando comerciantes del Mercado Ignacio Zaragoza y vecinos prendieron fuego en las escalinatas del palacio municipal además de vandalizar cinco motocicletas de la dirección de Seguridad Pública y Tránsito.
Cabe recordar que durante esa tarde, personal de la Jefatura de Mercados llevó a cabo una diligencia para la demolición de dos locales del Mercado Ignacio Zaragoza ubicado en la cabecera municipal; sin embargo, durante dicha diligencia un grupo de 20 personas ingresó de manera violenta a las instalaciones del mercado y presuntamente agredieron al personal del ayuntamiento.
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Ante estos hechos, el personal tuvo que abandonar la diligencia y resguardarse en la presidencia municipal. Horas más tarde comerciantes y algunos vecinos se apostaron frente al palacio municipal donde exigieron hablar con la edil Xóchitl Flores por la presunta demolición de dicho inmueble en el cual presuntamente se iba a construir un estacionamiento.
Acto seguido, prendieron una fogata e iniciaron un conato de incendio frente a la entrada de la presidencia a manera de exigencia para dialogar con la edil.
Las autoridades aseguraron que en los hechos violentos no se registraron lesionados pese a que el ataque fue directo contra servidores públicos como directores, jefes de área y policías municipales.
Durante la protesta los manifestantes se apoderaron de cinco motocicletas de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de las cuales dos fueron quemadas frente a la parroquia de Santo Domingo de Guzmán.
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Las autoridades aseguraron que la diligencia se estaba realizando en común acuerdo con el propietario de dichos locales Alberto “N”, quien los entregó voluntariamente al ayuntamiento de Chimalhuacán.
Como resultado de esto las autoridades locales recalcaron que ya se levantaron las denuncias correspondientes además de que rechazan el ejercicio de la violencia.
Es de resaltar que durante la noche del 21 de julio autoridades y comerciantes tuvieron una mesa de diálogo dónde se acordó que la administración no haría nada que la ley no le asista y no violentaría el derecho de nadie.
