En el Estado de México las instituciones no han cumplido con su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, por lo cual los tres niveles de gobierno deben emprender acciones y no ser omisos: reconocer, investigar y pronunciarse sobre las violaciones a los derechos.
El informe la "Situación sobre los derechos humanos en el Estado de México" de la organización Zeferino Ladrillero advierte abusos, hostigamiento, pero también racismo en la actuación de algunas instituciones y sostiene que hay presos políticos para acallar voces en la entidad.
Llama a reconocer e impedir la criminalización de defensores de derechos humanos, la libertad de presos políticos, reconocer el aumento de feminicidios, activar la alerta de género en los 125 municipios, facilitar los procesos y garantizar la reparación integral a las víctimas.
En la entidad, precisa el informe, no se garantizan los derechos y se persigue y criminaliza a quienes por sus medios buscan acceder a ellos
El Estado de México, advierte el documento, registra la mayor incidencia delictiva, víctimas que no alcanzan justicia porque no se reconoce la violencia de género, por lo cual advierten, existe una crisis en materia de derechos humanos en el país, y de manera particular en el Estado de México.
También puntualiza que decisiones del Gobierno federal no tan acertadas han generado inconformidades y precisa que el estado de México se tiñó de guinda, pero cacicazgos regionales miraron a ese partido para mantener el control político.
Asegura que en el Estado de México los actos de corrupción de servidores públicos son los más numerosos del país, mientras el índice de impunidad en los municipios es el más alto con 80.06 puntos, tiene el mayor número de carpetas de investigación, con más de 202 mil, pero solo el 0.59% acaba en sentencia.
Deudas del Estado México
Entre las deudas que detalla están diferentes actos de abusos, intentos de despojo y demás violaciones de derechos a indígenas y gente vulnerable; por lo cual exige que se reconozcan, se investiguen las violaciones. Pide la cancelación del aeropuerto de Santa Lucía y de otras obras como las autopistas Atizapán- Atlacomulco y la Pirámides-Texcoco, el tiradero clandestino de Tecámac, proyectos inmobiliarios y garantizar el acceso a la justicia.
La organización refiere a Santiago Tianguistenco donde hay un intento de apoderarse del tianguis del trueque. Denuncia que quieren cobrarles cuotas, credencializarlos, sin respetarlos como pueblos indígenas y hasta infiltrar fayuqueros.
También en La Magdalena Panoaya de Texcoco, descendientes de nahuas, pues por un arreglo de límites territoriales ahora pertenecen a Atenco, sin haberlos consultado, por lo cual han promovido un amparo.
Otro caso es el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, pues pese a haberse cancelado el aeropuerto de Texcoco hay personas hostigadas para que vendan sus terrenos para concluir la autopista Teotihuacán-México-Texcoco.
También refieren a Santa María Cahuacán, en Nicolás Romero, donde la comunidad indígena ha sido despojada de terreno y la zona sufre tala de árboles; en tanto en Santa María Apaxco, cementeras afectan a la gente de la zona; en San Francisco Tlalcilalcalpan, cuyos habitantes fueron desalojados del zócalo de la capital mexiquense.
Asimismo señala a los pueblos indígenas y advierte que han sido estigmatizados, relegados y no reconocidos en la ley, con lo cual niegan su existencia.
Otras deudas
El informe señala como otras deudas el hostigamiento a comunidades por la gestión comunitaria de agua en Zumpango, Coyotepec, Ixtapaluca y Ecatepec; el tema de residuos sólidos urbanos, el ordenamiento ecológico y la necesidad de reconocer la energía eléctrica como un derecho humano.
Refiere además los sistemas comunitarios de agua, la situación de las mujeres en la entidad y los presos políticos, a quienes los envían a prisión para que no sigan ejerciendo la defensa de sus derechos, en una práctica de criminalizar esa defensa.
Tres casos emblemáticos
Zeferino Ladrillero ubica una acción de racismo institucional y cultural que persiste en autoridades y lo expresan en el ámbito jurídico, como en el caso de Tlanixco, dónde se criminalizó a la comunidad, se persiguieron liderazgos y desde el inicio los pobladores enfrentaron actos de racismo y discriminación de Conagua, de la ex PGR, del juez y violaron derechos.
Ese caso, advierten, es paradigmático, pues refleja las consecuencias de un Estado que despoja a los pueblos indígenas, que vulnera o desconoce sus derechos.
Sobre Santa Lucía y el nuevo aeropuerto señala que tendrá afectaciones en la población de los municipios aledaños, pide que sea escuchada, se garanticen sus derechos, su identidad y se atiendan sus necesidades para que la historia de Atenco no se repita.
El tercer caso es la Pedrera donde la organización Alianza Única del Valle A.C. con más de 20 años de lucha han creado nuevos predios y han diversificado su búsqueda de otros derechos como el de la salud y de la educación, pero han sufrido agresiones, como la de julio del 2011 donde paramilitares invadieron el predio de Guadalupe en Naucalpan, y después, en La Pedrera por denunciar la devastación de un cerro. Fueron acusados de invasores, aún cuando adquirieron el predio, por lo cual piden que el gobernador intervenga.
