Diversas organizaciones presentaron una iniciativa denominada “De cupo laboral”, a través de la cual piden al gobernador Alfredo del Mazo, a alcaldes, alcaldesas, diputadas y diputados locales promover la inclusión laboral de personas trans y no binarias y contemplar al menos un tres por ciento de las plazas disponibles en el servicio público a esa comunidad.
La propuesta incluye hacer la misma petición a las empresas, a fin de ofrecer oportunidades, un registro único de aspirantes, capacitación laboral y líneas de crédito preferenciales; así como prohibir la discriminación. La iniciativa privada tendría beneficios como incentivos fiscales.
Paola Jiménez Hernández, diputada local del PRI, acompañó la presentación y recibió la propuesta a título personal y como presidenta de la comisión para la Igualdad en la Legislatura local.
Josseline Mendoza Aguilar, presidenta de Orgullo Ecatepec A.C., explicó que la propuesta incluye un diagnóstico de la situación que viven las personas trans, quienes tienen menos oportunidades de empleo, sufren peores condiciones de salud, más pobreza, rechazo y el Estado debe garantizar espacios e igualdad de oportunidades, ya que el mercado laboral no las contempla.
También presentaron un protocolo de actuación donde incluyen criterios técnicos para proporcionar una atención de calidad, libre de estigma y otorgar las mejores condiciones.
De manera general, señaló, existe ausencia de políticas en empresas, escasa o nula oferta laboral, y cuando la hay, la mayoría son puestos operativos o con salarios bajos, tienen dificultades para obtener documentos que correspondan a su sexo y nombre y sufren un uso equivocado de pronombres; así como discriminación.
Advirtió la necesidad de reconocer las desigualdades sociales, de impulsar la inclusión laboral, equidad en salario, espacios libre de discriminación y violencia, protección al empleo, certificación y prácticas de inclusión laboral, y advirtió que no darán paso atrás hasta que las iniciativas que impulsan sean avaladas, ya que el Estado tiene una deuda histórica con su población.
Tanya López Vázquez, presidenta del Colectivo Mujeres Trans Toluca, advirtió que las mujeres trans siguen siendo discriminadas y agredidas por una sociedad violenta. Enfrentan la ausencia de políticas de inclusión en empresas y en el sector público, donde la mayoría de los cargos son operativos, tienen dificultades para obtener un documento con su nombre e identidad, sufren descalificaciones por falta de documentos actualizados, resistencia de empleadores para aceptar su vestimenta, violencia, hostigamiento y acoso de compañeros del trabajo.
Pidió al gobernador y al alcalde de Toluca, Raymundo Martínez, pagar la deuda con la comunidad trans y que les den al menos el tres por ciento de espacios en el servicio público, al tiempo de recordar al Congreso local que les deben el reconocimiento de adolescentes trans, el matrimonio igualitarioy la tipificación de los transfeminicidios.
Kaori Michelle Muñoz Melo, jugadora nacional e internacional de fútbol, señaló que las atribuciones no han sido valoradas, pues las personas de la comunidad LGBT+ obtienen salarios más bajos, por lo cual buscan que ocupen al menos el tres por ciento de espacios y refirió que estiman que hay unas 630 mil personas trans en el país, con una esperanza de vida de 35 años por los bajos niveles de calidad de vida, crímenes de odio, agresiones y abusos de una sociedad que les criminaliza.
Desde la 60 Legislatura, advirtieron, la diputada Beatriz García Villegas de Morena presentó una iniciativa para tipificar los transfeminicidios, por lo cual la exhortaron a realizar mesas de trabajo porque no han vuelto a tener reuniones. También señalaron que la legisladora Juana Bonilla impulsó el reconocimiento de las adolescencias trans, pero les ha dicho que el tema es de la Junta de Coordinación Política, por lo cual pidieron una reunión con el presidente de ese órgano, Maurilio Hernández, a fin de ver qué falta para iniciar la discusión de la iniciativa.
La propuesta también fue presentada en las entidades de Colima, Yucatán, Campeche, Oaxaca, Tlaxcala, Nuevo León, Puebla, Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo, la CDMX, Nayarit y van por todo el país, a fin de caminar, apuntaron, hacia la justicia social.
