Familiares de personas privadas de su libertad y activistas iniciaron la campaña "Haz Valer Mi Libertad", encaminada a dar a conocer los casos de personas injustamente presas en el Estado de México, a quienes les han fabricado delitos en el Estado de México.
La campaña define a una persona injustamente presa como aquella que por sus condiciones socioeconómicas se encuentra en situación de vulnerabilidad, a quien se le fabrica un delito y es privada de su libertad, sin acceso a un proceso penal justo, transparente y apegado a derecho y el Estado justifica políticas criminales discriminatorias para demostrar con cifras de eficacia estatal el castigo a delitos de alto impacto, sin que eso signifique necesariamente una debida procuración y administración de justicia.
Esa campaña denuncia además que las personas injustamente presas tienen en común varios aspectos, entre ellos: ser personas jóvenes, de escasos recursos, sin acceso a derechos económicos, sociales y culturales y muestran un hilo conductor o modus operandi donde denuncian que estas personas fueron víctimas de detenciones arbitrarias, sin la presentación de una orden de aprehensión, víctimas de incomunicación y tortura.
Además, acusan la fabricación de testimonios falsos, pruebas sin sustento y defensas inadecuadas; por lo cual señalan que el sistema de procuración e impartición de justicia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, respectivamente justifican cifras alegres y de supuesto combate al crimen, cargando el peso del Estado en simples pagadores, y en la mayoría de los casos que se han analizado les imputan delitos como: secuestro y homicidio.
Haz Valer Mi Libertad denuncia la criminalización de casos como el de Tomás Gabriel Crisanto, Joel Arias Estrada, Ernesto Montiel Zúñiga, Gustavo Martínez Uribe, Carlos Estrada Montoya, Daniel Plácido Arroyo, Miguel Ángel Juárez Peña, Antonio Candelaria Reyes, Jorge Daniel Juárez Vargas, Antonio García Soto, quienes afirman ser injustamente presos y estar pagando por delitos que no cometieron.
Uno de los elementos que toman como base es el informe del 2019 del instituto Nacional de Ciencias Penales y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se señala que las detenciones arbitrarias son una práctica común en el Estado de México, y en el país, usadas como un aparente mecanismo de combate a la delincuencia, sin que exista sospecha de que la persona afectada haya cometido el delito y en busca de justificar violaciones a derechos humanos y de rendir cuentas.
Urgen a dejar de fabricar delitos, pues el último dato del INEGI era que el 50% de la población penitenciaria eran personas inocentes, aunque la cifra puede ser mayor.
Otra denuncia de esa red es que hay un proceso de mayor criminalización de la pobreza y de personas jóvenes y refiere que el informe de Amnistía Internacional: Falsas Sospechas, detenciones arbitrarias de la policía en México del 2017 también señalaba que había detenciones de personas sólo por parecer sospechosos, entre ellas, sectores que sufren discriminación como: indígenas, migrantes y personas pobres.
A ellos se suma la falta de una investigación eficaz y eficiente, por lo cual la campaña busca evidenciar lo que viven las personas injustamente presas y hacer notar que le puede pasar a cualquiera; por lo cual pide a la sociedad no ser indiferente, solidarizarse, visibilizar esas situaciones y cómo operan las detenciones arbitrarias, las violaciones a derechos, las autoridades que las cometen.
Uno de los objetivos, dijo, es generar información que no existe y datos que podrían ocultar las autoridades socio demográficos y económicos de personas injustamente presas, cómo se realizan las detenciones, quiénes las llevan a cabo con uso de violencia y otras irregularidades en los procedimientos; así como datos de cómo se realiza la fabricación del delito en el proceso penal, las condiciones carcelarias que enfrentan las personas injustamente presas y las consecuencias a nivel económico y psicosocial en la persona, y en su entorno familiar.
Las detenciones arbitrarias, denuncian, han sido una práctica sistemática en el país, junto con actos como la tortura, malos tratos, penas inusitadas, desapariciones forzadas, e incluso ejecuciones extrajudiciales; por lo cual exigen detenerlas, no criminalizar la pobreza y respetar los derechos humanos.
Haz Valer Mi Libertad también llama a reflexionar en torno a que muchas veces los derechos de las personas que están presas se ven como algo lejano y como si fueran delincuentes, en una idea equivocada porque no sólo todas las personas tienen derechos de los que nunca se les pueden privar, independientemente de donde estén, sino también porque el solo hecho de estar en prisión no significa que una persona sea culpable, pues podría no haber tenido un juicio justo.
