El diputado de Morena Max Correa Hernández pidió al secretario de Comunicaciones federal Javier Jiménez Espiriú atender el exhorto que la Legislatura mexiquense le hizo en noviembre del año pasado para que emita una declaratoria de rescate de la concesión del Viaducto Bicentenario.
El legislador local afirmó que la empresa constructora Aleática, antes OHL, obtiene ingresos ilegales de hasta mil millones de pesos anuales por el cobro de peaje del segundo piso de ese viaducto, pues no tiene una concesión de la SCT; por lo cual no está facultada para cobrar cuota de peaje alguno por el uso de esa vía de comunicación de jurisdicción federal.
El exhorto, avalado por unanimidad, también hizo un llamado al secretario de Comunicaciones estatal, Luis Gilberto Limón Chávez para que informe cómo se otorgó la concesión a la empresa OHL, ahora Aleática S.A., para la construcción del Viaducto Bicentenario y cuál es el monto pendiente de recuperar de la inversión.
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El legislador de Morena señaló que de no existir una concesión, la SCT debe realizar el aseguramiento de obras, instalaciones y todos los bienes muebles e inmuebles dedicados a la explotación del Viaducto, conforme a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y a la Ley de Vías Generales de Comunicación.
“Le pedimos al secretario federal nos diga cuál es la situación legal de este tramo carretero que pasa por los municipios de Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Naucalpan porque consideramos que a OHL le fue otorgada la concesión de una manera arbitraria, y por ello el gobierno federal tiene que recuperarlo y dejar libre el paso sin cobro de peaje”.
Correa refirió que en Baja California las autoridades federales ya hicieron algo similar, cuando el propio gobernador de esa entidad intentó apropiarse de una caseta de cobro de la autopista Tijuana-Ensenada.
“El gobierno federal envió al lugar a la Guardia Nacional a recuperarla y eso mismo se debe hacer en el tramo del segundo piso del Viaducto Bicentenario, porque sigue siendo jurisdicción federal y por ello no pudo entregarse esa concesión”, explicó.
Cuando presentó la propuesta de exhorto también advirtió que aun cuando durante su comparecencia ante los legisladores locales el titular de Comunicaciones estatal anunció que habían contratado a una empresa consultora privada para que auditara al Viaducto Elevado Bicentenario y al Circuito Exterior Mexiquense, al parecer fue mentira, pues el SAASCAEM y el titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones lo negaron, en respuesta a una solicitud de información.
Max Correa pidió al gobierno federal actuar con la misma contundencia como lo hizo en Baja California para recuperar el Viaducto Bicentenario y evitar el cobro de peaje a la gente.
Consideró que esa vía representa un acto de corrupción por los beneficios que supuestamente se dieron a la empresa OHL.
“El viaducto representa un acto de corrupción de los sexenios pasados que se benefició a una empresa privada que les dejó dividendos para sus campañas políticas; ese tramo les deja más de mil millones de pesos anuales a la empresa de manera ilegal; por ello es importante que el presidente tome cartas en el asunto y particularmente el secretario de Comunicaciones y Transporte”, afirmó.
Max Correa explicó que Aleática, por conducto de su subsidiaria Viaducto Bicentenario, S.A. de C.V., construyó sobre la autopista México-Querétaro el Viaducto Bicentenario, que opera como autopista de cuota para su propio beneficio, sin concesión de la SCT.
Ese viaducto está construido en los tramos del Periférico Manuel Ávila Camacho, desde El Toreo de Cuatro Caminos en Naucalpan, a Valle Dorado en Tlalnepantla, pero pasa por la Autopista México-Querétaro y se conecta con la autopista urbana Sur de la Ciudad de México, por lo cual, el diputado sostuvo que debe ser considerada federal.
Advirtió que Aleática explota para beneficio propio, sin concesión otorgada por la SCT, el uso, aprovechamiento o explotación de un bien que pertenece a la Nación, sin haber obtenido la concesión correspondiente, lo cual, es un delito que se sanciona con penas de dos a 12 años de prisión.
