El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, afirmó que en materia familiar los jueces locales pueden solicitar información sobre los recursos de deudores alimentarios, y en el área penal, el congelamiento de cuentas para garantizar la reparación del daño.
Al dictar la conferencia "Lavado de Dinero y Federalismo Judicial", dentro de los trabajos del Congreso Nacional sobre Federalismo Judicial, advirtió la necesidad de que las autoridades locales se coordinen con la UIF para combatir las estructuras financieras de la delincuencia.
Refirió que el Estado de México ocupa el cuarto lugar en reportes de la UIF sobre operaciones relevantes, es decir, aquellas por más de 7 mil 500 dólares.
Entre 2019 y febrero del 2021 el monto reportado de operaciones relevantes suma 352 mil 56 millones de pesos, y en operaciones inusuales, donde se rompe el perfil transaccional del usuario de la banca, registraron más de 63 mil 981 millones.
Además, los municipios con más operaciones relevantes son: Toluca, Tlalnepantla, Ecatepec y Naucalpan.
De enero del 2019 al 15 de febrero del 2021 la UIF recibió 85 mil 484 reportes de operaciones inusuales en el Estado de México, principalmente por personas jóvenes que reciben cantidades importantes de dinero en sus cuentas, personas morales, fraccionamiento de recursos, transferencias de montos altos sin justificación y la número tres se relaciona con delincuencia.
En reportes de operaciones inusuales por cada 100 mil habitantes, el Estado de México baja al lugar 16.
Santiago Nieto dijo que el sistema no financiero lo que más avisa en el Estado de México son actividades de juegos con apuesta, concursos o sorteos, seguido de vehículos aéreos, marítimos o terrestres.
Ese modelo de riesgo, explicó, califica 254 variables, entre otras cosas: las condiciones del sujeto, edad, de dónde viene la transferencia, el monto, reincidencia y se valora a través de un algoritmo matemático.
En esta administración, dijo, llevan 382 denuncias nacionales, han dado 260 vistas a diferentes autoridades del país y han bloqueado 41 mil 303 cuentas por 6 mil 515 millones de pesos que están congelados, y lo que no se reclame debe pasar a la tesorería.
El funcionario federal explicó que para atacar la delincuencia organizada se requiere una política integral de Estado con elementos de seguridad, de prevención del delito, de procuración de justicia, de impartición de justicia y de ejecución de penas
Añadió que el principal problema al que se enfrentan en el lavado de dinero tiene que ver con delincuencia organizada, y para combatirla, es importante combatir al sicariato, la corrupción política, que se constituye a partir de redes de complicidad con autoridades que terminan cediendo espacios por temor, amenaza, o negocio, sobre todo en los ámbitos municipales.
Urgió a combatir la corrupción judicial, la ministerial y policial para evitar que exista un halo de protección, atender el tema social con programas sociales, de desarrollo y entender que la seguridad no puede tener sesgo político, ni visión partidista alguna, pues es un tema donde todos deben trabajar en forma coordinada.
Algo fundamental, subrayó, es evitar que los grupos delictivos tengan dinero para contratar a sicarios y a narcomenudistas, por lo cual es necesario combatir las estructuras financieras desde lo local, en las unidades de inteligencia patrimonial y económica, y desde lo federal, con la inteligencia financiera y congelamiento de cuentas de la UIF.
Santiago Nieto señaló que no solo se trata de que la Fiscalía General de la República o la UIF generen congelamientos y decomisos de bienes, sino que también se vea como una obligación a nivel local, pues cualquier fiscalía o juzgador puede solicitar el congelamiento de una cuenta y es obligatorio identificar a los beneficiarios finales.
En estos momentos, dijo, tres estados tienen unidades en el ámbito de seguridad pública, 17 en las fiscalías estatales y 13 en las secretarías de finanzas.
Además, en 24 estados se ha tipificado el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre ellos el mexiquense, mientras 25 entidades cuentan con la adscripción normativa de su unidad.
