Al interior del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) aseguran que no hay algún padecimiento financiero, pues la nueva Ley de Seguridad Social deriva de las presiones propias de organismos similares.
También descartan que el objetivo de esa ley sea privatizar el sistema de pensiones de los servidores públicos estatales y municipales.
Esto pese a que los nuevos empleados públicos deberán manejar cuentas individuales en administradoras de fondos para el retiro (Afores), con el fin de asegurar su futura jubilación.
Uno de los argumentos que utiliza el ISSEMyM es que actualmente las pensiones de los cotizantes ya son manejadas por una empresa privada.
“Las pensiones ya están manejadas por una empresa privada, simplemente ahorita se tiene una afore general para los 375 mil trabajadores del sector público, a partir de enero del 2019 quienes ingresen a laborar tendrán su cuenta individual”, dijo ayer Alberto Peredo Jiménez, director del ISSEMyM.
Sin embargo, no hay privatización, de acuerdo con el argumento oficial.
Lo cierto es que las Afores son administradas por un ente privado, quien invierte los recursos ahorrados por los trabajadores en distintos activos financieros, lo cual privatiza todo el proceso.
Tal escenario es contrario a las cuotas solidarias que pueden aportar los trabajadores a un fondo colectivo, administrado por alguna institución pública, con lo cual aseguran una jubilación.
Al margen de los matices que puedan existir entre un esquema público o privado, lo prioritario es la calidad de esas pensiones y si garantizarán un retiro digno para los servidores públicos estatales y municipales.
Con la nueva Ley de Seguridad Social se apunta la creación de un fondo especial y permanente para prestamos personales e hipotecarios, además de la portabilidad de los años cotizados en el ISSEMyM hacia otras instituciones públicas o privadas, en caso de cambios en los empleos de los cotizantes.
Beneficios que son atractivos, no obstante, nuevamente el debate tiende a cuestionar si tales prerrogativas serán suficientes en un entorno de salarios precarizados. *
