La decisión de la Suprema Corte de Justicia de separar del cargo al alcalde, síndico, regidores y al tesorero del ayuntamiento de Coacalco es un precedente que debe obligar a todos los ediles y servidores públicos a atender los requerimientos de las autoridades y los fallos de los tribunales.
El contralor del Poder Legislativo mexiquense, Victorino Barrios explicó que aun cuando el municipio ya haya pagado, la decisión de los ministros es inapelable, por lo cual, una vez que se les notifique dejan de ser integrantes del municipio y quienes lleguen, de acuerdo con la sentencia, deben cumplir con la ejecutoria de amparo.
El contralor advirtió que la decisión de destituirlos fue por no ejecutar la sentencia, no por la falta de pago, pero tanto quienes son destituidos, como los integrantes de la anterior administración ahora deben enfrentar procesos penales, como lo ordena la Corte al mandatar que se consignen.
“A fin de ser juzgados y sancionados por la desobediencia cometida, en los términos previstos en el artículo 267 de la Ley de Amparo vigente”, señala la sentencia.
Barrios Dávalos señaló que ese fallo también es un aliciente a los órganos de control y un fuerte mensaje a las autoridades que deben cumplir con los requerimientos y no incurrir en desacato a las autoridades.
“Debe obligar a actuar y a cumplir con lo que los tribunales les ordenen, es un precedente que anima a los órganos de control de que sí pasa algo, pero también un mensaje fuerte para que los ediles hagan caso, un aviso para que hagan lo que les corresponde o recurrirán a inejecuciones de sentencia.”
De llegar los suplentes podrían no solo durar el tiempo para el que sean electos, sino incluso, buscar la reelección.
