/ viernes 19 de marzo de 2021

Las declaraciones en el servicio público sólo pueden reservarse con prueba de daño: Infoem

Si no lo hacen afectan la transparencia y rendición de cuentas: contralor

Las y los servidores públicos sólo podrán reservar datos de sus declaraciones patrimoniales y de intereses si demuestran que darlos a conocer podría generar riesgos a la vida o a la integridad de la persona, a través de una prueba de daño.

La presidenta del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Infoem), Zulema Martínez y el secretario de la Contraloría estatal, Javier Vargas Zempoaltecatl advirtieron que la máxima publicidad es una obligación para el servicio público, por lo cual, ninguna persona que trabaje ahí podrá negarse a dar información considerada como pública.

Ante las dudas del Poder Judicial sobre la posibilidad de reservar información para no poner en riesgo a quienes ocupan cargos de juzgadores y magistraturas, ambos coincidieron en que el principio es la máxima publicidad para las y los servidores públicos y Vargas enfatizó que en el Estado de México el propio gobernador, Alfredo del Mazo y su gabinete han hecho públicas sus declaraciones.

Aclararon que datos personales como la dirección y el teléfono no se dan a conocer bajo ninguna circunstancia, por lo cual se publican versiones públicas.

El secretario advirtió que si no acreditan la prueba de daño y reservan información se estarían excediendo y transgrediendo la política pública de transparencia y rendición de cuentas.


Nuevos formatos

El titular de la Contraloría expuso, en reunión del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción, los nuevos formatos para la presentación de la declaración patrimonial y de intereses que se deberán entregar en mayo de este año y enfatizó que las y los servidores públicos ya no pueden decidir qué información pueden hacer pública y cuál no.

Todas y todos, dijo, deben cumplir con las declaraciones en esos formatos y desde el primero de mayo serán operables en el ámbito estatal y municipal, donde aún quienes no estaban obligados a presentar declaraciones patrimoniales y de intereses hasta el 2017, ahora deberán hacerlo.

La consejera del Poder Judicial Fabiola Aparicio Perales señaló que el ocho de marzo emitieron un acuerdo para cumplir con esa obligación, pero por la función de jueces y juezas y de quienes ocupan magistraturas, y ante comentarios de jueces en torno a que han sido víctimas de extorsión, cuestionó si pueden proteger sus datos.

Solo con prueba de daño pueden reservar datos

El secretario dijo que el tema debe ir al Comité de Transparencia y la presidenta del Infoem, Zulema Martínez advirtió que primero deben hacer una prueba de daño para demostrar que estaría en riesgo su vida o integridad si publican sus declaraciones y estar debidamente fundado para derivar en una reserva temporal.

La auditora superior, Miroslava Carrillo Martínez refirió que las leyes de Transparencia se expidieron antes de las últimas definiciones sobre las declaraciones y en su momento hubo alcaldes que no querían hacer públicos los salarios, pero coincidió en que todos deben hacer público lo que les piden.

Eso, advirtió, evidentemente desnuda a quienes trabajan en el servicio público porque es mostrar todo lo que tienen.

Myrna García del Tribunal Administrativo añadió que la regla genérica es la publicidad y hay quienes le han señalado que tenían recursos antes de entrar al servicio público, pero advirtió que excepcionalmente hay reservas, siempre y cuando se acredite el por qué.

Integrantes del más alto tribunal, refirió, hace tiempo no querían dar a conocer sus ingresos, pero la regla es que todo es público en el sector público.

El fiscal Anticorrupción José Viñas Correa dijo que en principio todo es transparente y Zulema Martínez recordó que la dirección y el teléfono nunca se pueden entregar, pero sí sueldos, salarios y lo obtenido a través de ellos, por lo cual sólo podría reservarse cuando es mayor el perjuicio que el interés de conocer la información, pero no puede ser genérica, sino para un caso en particular

El secretario señaló que la ley establece obligaciones y reiteró que la regla es que en las declaraciones patrimonial, de intereses no se darán a conocer datos personales como el domicilio que podrían afectar la vida privada, pero un o una servidora pública no puede decidir qué aparta para no darlo a conocer.

La política del gobierno estatal, dijo ha sido coincidente con el tema de la transparencia y es el único estado que desde el 2017 tiene un micrositio con las declaraciones del mandatario Estatal y de los integrantes del gabinete, del primer nivel del Ejecutivo, pues pese a que existen problemas es una cuestión de política pública.

El gobernador, dijo, ha sido muy claro y ha puesto el ejemplo y hay excepciones muy contadas, pero las reservas no pueden ser generales.

Los comités de Transparencia, dijo, de acuerdo con la ley son responsables de reservar la información y las declaraciones cuando pongan en riesgo la vida o la salud de la persona, pero acreditando la prueba de daño.

Sobre la recomendación a la Legislatura local del Sistema Anticorrupción nacional para desaparecer el sistema de Fiscalización, el Comité Coordinador analizará el documento.

Las y los servidores públicos sólo podrán reservar datos de sus declaraciones patrimoniales y de intereses si demuestran que darlos a conocer podría generar riesgos a la vida o a la integridad de la persona, a través de una prueba de daño.

La presidenta del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Infoem), Zulema Martínez y el secretario de la Contraloría estatal, Javier Vargas Zempoaltecatl advirtieron que la máxima publicidad es una obligación para el servicio público, por lo cual, ninguna persona que trabaje ahí podrá negarse a dar información considerada como pública.

Ante las dudas del Poder Judicial sobre la posibilidad de reservar información para no poner en riesgo a quienes ocupan cargos de juzgadores y magistraturas, ambos coincidieron en que el principio es la máxima publicidad para las y los servidores públicos y Vargas enfatizó que en el Estado de México el propio gobernador, Alfredo del Mazo y su gabinete han hecho públicas sus declaraciones.

Aclararon que datos personales como la dirección y el teléfono no se dan a conocer bajo ninguna circunstancia, por lo cual se publican versiones públicas.

El secretario advirtió que si no acreditan la prueba de daño y reservan información se estarían excediendo y transgrediendo la política pública de transparencia y rendición de cuentas.


Nuevos formatos

El titular de la Contraloría expuso, en reunión del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción, los nuevos formatos para la presentación de la declaración patrimonial y de intereses que se deberán entregar en mayo de este año y enfatizó que las y los servidores públicos ya no pueden decidir qué información pueden hacer pública y cuál no.

Todas y todos, dijo, deben cumplir con las declaraciones en esos formatos y desde el primero de mayo serán operables en el ámbito estatal y municipal, donde aún quienes no estaban obligados a presentar declaraciones patrimoniales y de intereses hasta el 2017, ahora deberán hacerlo.

La consejera del Poder Judicial Fabiola Aparicio Perales señaló que el ocho de marzo emitieron un acuerdo para cumplir con esa obligación, pero por la función de jueces y juezas y de quienes ocupan magistraturas, y ante comentarios de jueces en torno a que han sido víctimas de extorsión, cuestionó si pueden proteger sus datos.

Solo con prueba de daño pueden reservar datos

El secretario dijo que el tema debe ir al Comité de Transparencia y la presidenta del Infoem, Zulema Martínez advirtió que primero deben hacer una prueba de daño para demostrar que estaría en riesgo su vida o integridad si publican sus declaraciones y estar debidamente fundado para derivar en una reserva temporal.

La auditora superior, Miroslava Carrillo Martínez refirió que las leyes de Transparencia se expidieron antes de las últimas definiciones sobre las declaraciones y en su momento hubo alcaldes que no querían hacer públicos los salarios, pero coincidió en que todos deben hacer público lo que les piden.

Eso, advirtió, evidentemente desnuda a quienes trabajan en el servicio público porque es mostrar todo lo que tienen.

Myrna García del Tribunal Administrativo añadió que la regla genérica es la publicidad y hay quienes le han señalado que tenían recursos antes de entrar al servicio público, pero advirtió que excepcionalmente hay reservas, siempre y cuando se acredite el por qué.

Integrantes del más alto tribunal, refirió, hace tiempo no querían dar a conocer sus ingresos, pero la regla es que todo es público en el sector público.

El fiscal Anticorrupción José Viñas Correa dijo que en principio todo es transparente y Zulema Martínez recordó que la dirección y el teléfono nunca se pueden entregar, pero sí sueldos, salarios y lo obtenido a través de ellos, por lo cual sólo podría reservarse cuando es mayor el perjuicio que el interés de conocer la información, pero no puede ser genérica, sino para un caso en particular

El secretario señaló que la ley establece obligaciones y reiteró que la regla es que en las declaraciones patrimonial, de intereses no se darán a conocer datos personales como el domicilio que podrían afectar la vida privada, pero un o una servidora pública no puede decidir qué aparta para no darlo a conocer.

La política del gobierno estatal, dijo ha sido coincidente con el tema de la transparencia y es el único estado que desde el 2017 tiene un micrositio con las declaraciones del mandatario Estatal y de los integrantes del gabinete, del primer nivel del Ejecutivo, pues pese a que existen problemas es una cuestión de política pública.

El gobernador, dijo, ha sido muy claro y ha puesto el ejemplo y hay excepciones muy contadas, pero las reservas no pueden ser generales.

Los comités de Transparencia, dijo, de acuerdo con la ley son responsables de reservar la información y las declaraciones cuando pongan en riesgo la vida o la salud de la persona, pero acreditando la prueba de daño.

Sobre la recomendación a la Legislatura local del Sistema Anticorrupción nacional para desaparecer el sistema de Fiscalización, el Comité Coordinador analizará el documento.

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