La Legislatura mexiquense integró la Comisión Especial para conocer asuntos de personas procesadas o sentenciadas que podrían ser beneficiarias de amnistía, y la cual, funcionará prácticamente medio año.
El acuerdo votado este día por unanimidad en el Congreso local aprueba la creación e integración de la comisión para conocer casos que sean puestos a su consideración por violaciones a derechos, fallas en el sistema penal acusatorio, o ante la presunción plena de fabricación de delitos.
Max Correa Hernández de Morena destacó la creación de ese órgano, advirtió que la amnistía es una facultad exclusiva del Poder Legislativo y precisó que la comisión conocerá casos especiales que no están catalogados, además de dar seguimiento al cumplimiento de la Ley de Amnistía.
Gerardo Ulloa Pérez de Morena será el presidente de ese órgano; Juan Jaffet Millán del PRI el secretario,
Renné Rodríguez Yáñez del PAN, el prosecretario y también lo integrarán: Mariana Uribe Bernal, Liliana Gollas Trejo, Max Correa Hernández y Julio Hernández Ramírez, de Morena, Asimismo, serán parte de la comisión: Juan Maccise Naime del PRI, Sergio García Sosa y Francisco Solorza Luna, ambos del PT; Brenda Escamilla Sámano del PAN; Araceli Casasola Salazar, del PRD y José Alberto Couttolenc Buentello del PVEM.
La Ley de Amnistía estatal prevé que la Legislatura mexiquense integrará una comisión especial para dar seguimiento a lo ordenado en esa norma, así como para conocer los casos que por su relevancia sean puestos a su consideración por medio de la o el interesado, sus familiares, su defensa, u organizaciones.
Las y los diputados locales conocerán asuntos que puedan encuadrar en supuestos de violación de derechos, fallas en la aplicación de alguno de los principios penales del sistema acusatorio, o ante la plena presunción de fabricación de delitos.
Esa comisión solicitará la opinión de la Comisión de Derechos Humanos estatal, la Fiscalía General de Justicia, el Poder Judicial y el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Justicia, así como de organizaciones de la sociedad civil debidamente registradas, cuyo objeto sea la protección y defensa de Derechos Humanos.
La determinación del análisis de cada caso se turnará a la autoridad judicial o procuradora de justicia para que atienda la recomendación y resuelva lo procedente.
Según la ley, la comisión especial se constituirá por acuerdo de la Junta de Coordinación en los 30 días hábiles siguientes, lo cual debió ser en febrero, y después de instalarse, permanecerá hasta que se resuelvan las solicitudes que se formulen a la actual Legislatura, la cual concluye sus labores el cuatro de septiembre de este 2021.
