/ viernes 18 de diciembre de 2020

Ley de Amnistía en el Estado de México, con retos importantes: colectivos y organizaciones

Por lo menos 5 mil reos de las cárceles mexiquenses serán beneficiados

La Ley de Amnistía en el Estado de México presenta desafíos para los organismos que ejecutan la normatividad y principalmente los de Derechos Humanos nacional y local, que tendrán que demostrar su independencia y legitimidad.

Además, el poder Judicial y la Fiscalía del Estado de México deberán de aceptar las recomendaciones que los “ombudsperson” (defensor del pueblo) les hagan y no convertirse en un obstáculo que revictimiza a las familias de presos inocentes, apuntó, Fabiola Vite coordinadora del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

Durante una conferencia de prensa virtual, varios colectivos y organizaciones que impulsaron la #AmnistíaQueSirva en el Estado de México, fijaron su postura para que esta nueva legislación se aplique con eficacia y no fracase.

Es claro que la Ley de Amnistía del Estado de México reconoce el espíritu normativo de las personas que injustamente están presas por error o consigna.

Además, es un mensaje poderoso de la administración de justicia que esperamos escuchen quienes operan desde los Ministerios Públicos y Juzgados Penales”, expuso Fabiola Vite.

La ley, dijo, es una franca invitación a procurar investigaciones objetivas, técnico científicas, para abstenerse de acusar falsamente y juzgar con perspectiva de género y derechos humanos; poner por encima la verdad y no la estadística, detalló la representante de este centro de derechos humanos.

Pemitirá la excarcelación de mujeres, jóvenes indígenas, adultos mayores y personas en condición de pobreza, que fueron acusados o sentenciados de delitos no graves.

De acuerdo con el Diputado Max Correa, impulsor de esta legislación, por lo menos 5 mil reos de las cárceles mexiquenses serán beneficiados, y esto ayudaría a despresurizar un sistema penitenciario sobrepoblado con más de 31 mil personas privadas de su libertad.

Asimismo 19 mil 500 presos, incluidas mujeres que se encuentran en penales del Estado de México y que permanecen en prisión, tuvieron juicios plagados de irregularidades.

El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) informó que estas personas se encuentran privadas de su libertad en los penales como Almoloya, Barrientos, Chiconautla y Chalco y Nezahualcóyotl.

Y reconocieron la participación ciudadana de cientos de familiares de personas injustamente presas en el Estado, que dieron una lucha encomiable que no solo debe de reconocerse sino recordarse para la historia mexiquense.

La Ley de Amnistía en el Estado de México presenta desafíos para los organismos que ejecutan la normatividad y principalmente los de Derechos Humanos nacional y local, que tendrán que demostrar su independencia y legitimidad.

Además, el poder Judicial y la Fiscalía del Estado de México deberán de aceptar las recomendaciones que los “ombudsperson” (defensor del pueblo) les hagan y no convertirse en un obstáculo que revictimiza a las familias de presos inocentes, apuntó, Fabiola Vite coordinadora del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

Durante una conferencia de prensa virtual, varios colectivos y organizaciones que impulsaron la #AmnistíaQueSirva en el Estado de México, fijaron su postura para que esta nueva legislación se aplique con eficacia y no fracase.

Es claro que la Ley de Amnistía del Estado de México reconoce el espíritu normativo de las personas que injustamente están presas por error o consigna.

Además, es un mensaje poderoso de la administración de justicia que esperamos escuchen quienes operan desde los Ministerios Públicos y Juzgados Penales”, expuso Fabiola Vite.

La ley, dijo, es una franca invitación a procurar investigaciones objetivas, técnico científicas, para abstenerse de acusar falsamente y juzgar con perspectiva de género y derechos humanos; poner por encima la verdad y no la estadística, detalló la representante de este centro de derechos humanos.

Pemitirá la excarcelación de mujeres, jóvenes indígenas, adultos mayores y personas en condición de pobreza, que fueron acusados o sentenciados de delitos no graves.

De acuerdo con el Diputado Max Correa, impulsor de esta legislación, por lo menos 5 mil reos de las cárceles mexiquenses serán beneficiados, y esto ayudaría a despresurizar un sistema penitenciario sobrepoblado con más de 31 mil personas privadas de su libertad.

Asimismo 19 mil 500 presos, incluidas mujeres que se encuentran en penales del Estado de México y que permanecen en prisión, tuvieron juicios plagados de irregularidades.

El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) informó que estas personas se encuentran privadas de su libertad en los penales como Almoloya, Barrientos, Chiconautla y Chalco y Nezahualcóyotl.

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