/ sábado 17 de abril de 2021

Ley de Protección a Periodista en el Edomex podría mejorarse

Andrés Solís critica la definición de la profesión y la necesidad de garantizar la reserva de las fuentes

El dictamen aprobado en comisiones de la Legislatura mexiquense de la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos del Estado de México incluye reconocimientos de derechos muy valiosos, aunque también tiene deficiencias que podrían mejorarse.

El periodista Andrés Solís, quien ha colaborado en la elaboración de varias normas en el país y fue parte de uno de los colectivos que hicieron propuestas consideró que podría ser la mejor del país, pues cuenta con un elemento valioso que es el reconocimiento de derechos.

Un aspecto muy positivo que marca la diferencia con otras entidades fue la petición escuchada por las y los legisladores de considerar la actividad periodística de interés público, y por lo tanto, la obligación del Estado y municipios de tutelarla y protegerla; con lo cual, la norma da responsabilidad a las autoridades para que sean garantes de la no agresión.

"Nos pone en un nivel como el de la Cruz Roja, los bomberos, la policía, los periodistas no lo teníamos y la parte que dice que debe ser tutelado y protegido da responsabilidad al Estado mexicano, a los poderes y municipios de garantizar el libre ejercicio profesional del periodismo y ser los primeros garantes de la no agresión, la no violencia y del libre flujo de información", explicó.

Ese reconocimiento, destacó, está estipulado en constituciones de otros países como Costa Rica, Suecia, o Noruega y es un avance contemplarla en esta ley, pues será la primera entidad en reconocer al periodismo de esa forma; algo actualmente no señalado ni en el ámbito federal, y abre la puerta para que dentro de las reformas a la Constitución estatal, que se estarán trabajando en el Congreso local, se logre ese reconocimiento en la Carta Magna mexiquense.

También resaltó avances en materia de Derechos Humanos por el enfoque especial y diferenciado para privilegiar el derecho a la no discriminación de ningún tipo, ni por ningún motivo, y con eso, la obligación de proteger a las y los periodistas, sin importar el medio en el cual trabajan, ni edad, ni sexo.

Aún cuando consideró de gran importancia el reconocimiento del secreto profesional para que nadie tenga la obligación de revelar la identidad de sus fuentes; advirtió que se puede mejorar la redacción, pues la fuente no tiene por qué dar permiso de revelarla.

Y algo absurdo, explicó, es precisar que podría ordenarse la revelación de la fuente por orden de un juez, pues si el secreto profesional es un derecho de las y los periodistas no tienen por qué revelarla, ni señalar la la amenaza de que un juez la puede pedir. La redacción del artículo 50, dijo, es terrible y podría ser contradictoria con el 51, donde se señala que las y los periodistas podrán reservar sus fuentes en caso de ser citados por autoridades ministeriales.

Pese a ello, advirtió que la propuesta es muy buena, resaltó también la reformas al código penal para tipificar delitos específicos contra periodistas y contra la libertad de expresión, algo que en estos momentos sólo tienen Quintana Roo y Oaxaca y adelantó que la Fiscalía deberá contar con ministerios públicos y una fiscalía especializada.

Algo valioso, explicó, es la cláusula de conciencia y el hecho de que una o un periodista no tienen la obligación de publicar lo que les digan, y si deciden renunciar por esa causa, el medio les deberá indemnizar.

Además, se contempla el derecho de réplica para que la o el periodista puede retirar su firma, e incluso hacer una nota aclaratoria a su propio medio; algo que ninguna otra ley del país incluye.

También resaltó que queda fuera el fideicomiso que algunas y algunos pedían y era considerado como "chayo" y quitaba responsabilidades a empresas y patrones.

Pese a que leyes como la de la Ciudad de México y la de Hidalgo dan derechos, ninguna, sostuvo, es tan específica en ese tema.

Lo malo

Andrés Solís también reconoció cuestiones negativas empezando por la definición de periodista, la cual calificó de pésima, pues es una calca de la Ley General e incluye a quienes publican en YouTube, Twitter o Facebook sin ser periodistas y fue planteada por la organización Artículo 19 que defiende el concepto de periodista ciudadano, el cual, dijo, no existe.

La definición señala como periodista a "toda persona física, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, por internet, digital o imagen, ya sea de manera permanente, esporádica o regular".

Incluir las palabras "y de cualquier otra índole" y no precisar que tienen la obligación de investigar, contrastar, documentar y verificar, enfatizó, generará que cualquiera podrá acreditarse en eventos, solicitar medidas de protección y tener acceso a los beneficios de la ley, aún cuando no se dediquen al periodismo.

Eso, dijo, provocará lo que ha pasado en el ámbito federal, donde personas que no son periodistas y asisten a las conferencias del presidente de la República tienen medidas de seguridad.

Andrés Solís también consideró innecesaria la creación de un mecanismo, como parte de la burocracia estructural administrativa, pero ya que está, faltó precisar que será autónomo, definir qué pasará con quienes deban salir de sus domicilios o sean objeto de persecuciones policiales; cómo serán apoyados.

Cuestionó qué sucederá cuando aumente el número de casos y de solicitudes y de dónde saldrá el dinero para atenderlos. "Crear burocracia no es suficiente", advirtió.

Ante el desplazamiento de periodistas en riesgo una de las propuestas que se habían planteado a las y los diputados eran los refugios y un modelo de atención que lamentablemente, explicó, no fue considerado en la ley.

Añadió que en los requisitos para encabezar la Coordinación Ejecutiva no se contempló, como en otras entidades que deban ser abogadas o abogados, pero se pide tener título en áreas relacionadas con derechos humanos, con libertad de expresión y evaluación de riesgo; por lo cual los perfiles deberán ser muy cuidados.

Con los tiempos planteados, explicó en octubre tendrían que tener un titular del mecanismo y un presupuesto para lo que resta del año, a fin de que la ley sea funcional, aunque no se prevé una posible cantidad inicial.

Pese a que el capítulo ocho es muy bueno porque precisa lo que deben hacer las autoridades, no señala a la entidad responsable de garantizar que se cumpla.

El dictamen, agregó, tampoco tomó en cuenta protocolos de actuación que fueron propuestos con reglas claras para la actuación de las autoridades, a fin de atender el tema de agresiones que se registran todos los días en la tarea diaria de las y los periodistas.

La ley, insistió, hasta ahora es la mejor aunque tiene aspectos que se podrían mejorar antes de subirla al pleno el próximo martes, empezando por la definición de periodistas y precisar que el mecanismo debe ser autónomo y dar garantías en caso de que la o el agresor sea una o un servidor público.

Tampoco contempló destinar hasta un cinco por ciento del gasto en Comunicación Social a capacitación, recursos que serían administrados por las universidades.

Aun así, admitió que superó las expectativas, aunque puede mejorar, pero también ignoró a las y los defensores, pues no es muy justa para ellos porque no les garantiza tantas prerrogativas, y si bien les da la protección, faltó reconocerles derechos.

El dictamen aprobado en comisiones de la Legislatura mexiquense de la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos del Estado de México incluye reconocimientos de derechos muy valiosos, aunque también tiene deficiencias que podrían mejorarse.

El periodista Andrés Solís, quien ha colaborado en la elaboración de varias normas en el país y fue parte de uno de los colectivos que hicieron propuestas consideró que podría ser la mejor del país, pues cuenta con un elemento valioso que es el reconocimiento de derechos.

Un aspecto muy positivo que marca la diferencia con otras entidades fue la petición escuchada por las y los legisladores de considerar la actividad periodística de interés público, y por lo tanto, la obligación del Estado y municipios de tutelarla y protegerla; con lo cual, la norma da responsabilidad a las autoridades para que sean garantes de la no agresión.

"Nos pone en un nivel como el de la Cruz Roja, los bomberos, la policía, los periodistas no lo teníamos y la parte que dice que debe ser tutelado y protegido da responsabilidad al Estado mexicano, a los poderes y municipios de garantizar el libre ejercicio profesional del periodismo y ser los primeros garantes de la no agresión, la no violencia y del libre flujo de información", explicó.

Ese reconocimiento, destacó, está estipulado en constituciones de otros países como Costa Rica, Suecia, o Noruega y es un avance contemplarla en esta ley, pues será la primera entidad en reconocer al periodismo de esa forma; algo actualmente no señalado ni en el ámbito federal, y abre la puerta para que dentro de las reformas a la Constitución estatal, que se estarán trabajando en el Congreso local, se logre ese reconocimiento en la Carta Magna mexiquense.

También resaltó avances en materia de Derechos Humanos por el enfoque especial y diferenciado para privilegiar el derecho a la no discriminación de ningún tipo, ni por ningún motivo, y con eso, la obligación de proteger a las y los periodistas, sin importar el medio en el cual trabajan, ni edad, ni sexo.

Aún cuando consideró de gran importancia el reconocimiento del secreto profesional para que nadie tenga la obligación de revelar la identidad de sus fuentes; advirtió que se puede mejorar la redacción, pues la fuente no tiene por qué dar permiso de revelarla.

Y algo absurdo, explicó, es precisar que podría ordenarse la revelación de la fuente por orden de un juez, pues si el secreto profesional es un derecho de las y los periodistas no tienen por qué revelarla, ni señalar la la amenaza de que un juez la puede pedir. La redacción del artículo 50, dijo, es terrible y podría ser contradictoria con el 51, donde se señala que las y los periodistas podrán reservar sus fuentes en caso de ser citados por autoridades ministeriales.

Pese a ello, advirtió que la propuesta es muy buena, resaltó también la reformas al código penal para tipificar delitos específicos contra periodistas y contra la libertad de expresión, algo que en estos momentos sólo tienen Quintana Roo y Oaxaca y adelantó que la Fiscalía deberá contar con ministerios públicos y una fiscalía especializada.

Algo valioso, explicó, es la cláusula de conciencia y el hecho de que una o un periodista no tienen la obligación de publicar lo que les digan, y si deciden renunciar por esa causa, el medio les deberá indemnizar.

Además, se contempla el derecho de réplica para que la o el periodista puede retirar su firma, e incluso hacer una nota aclaratoria a su propio medio; algo que ninguna otra ley del país incluye.

También resaltó que queda fuera el fideicomiso que algunas y algunos pedían y era considerado como "chayo" y quitaba responsabilidades a empresas y patrones.

Pese a que leyes como la de la Ciudad de México y la de Hidalgo dan derechos, ninguna, sostuvo, es tan específica en ese tema.

Lo malo

Andrés Solís también reconoció cuestiones negativas empezando por la definición de periodista, la cual calificó de pésima, pues es una calca de la Ley General e incluye a quienes publican en YouTube, Twitter o Facebook sin ser periodistas y fue planteada por la organización Artículo 19 que defiende el concepto de periodista ciudadano, el cual, dijo, no existe.

La definición señala como periodista a "toda persona física, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, por internet, digital o imagen, ya sea de manera permanente, esporádica o regular".

Incluir las palabras "y de cualquier otra índole" y no precisar que tienen la obligación de investigar, contrastar, documentar y verificar, enfatizó, generará que cualquiera podrá acreditarse en eventos, solicitar medidas de protección y tener acceso a los beneficios de la ley, aún cuando no se dediquen al periodismo.

Eso, dijo, provocará lo que ha pasado en el ámbito federal, donde personas que no son periodistas y asisten a las conferencias del presidente de la República tienen medidas de seguridad.

Andrés Solís también consideró innecesaria la creación de un mecanismo, como parte de la burocracia estructural administrativa, pero ya que está, faltó precisar que será autónomo, definir qué pasará con quienes deban salir de sus domicilios o sean objeto de persecuciones policiales; cómo serán apoyados.

Cuestionó qué sucederá cuando aumente el número de casos y de solicitudes y de dónde saldrá el dinero para atenderlos. "Crear burocracia no es suficiente", advirtió.

Ante el desplazamiento de periodistas en riesgo una de las propuestas que se habían planteado a las y los diputados eran los refugios y un modelo de atención que lamentablemente, explicó, no fue considerado en la ley.

Añadió que en los requisitos para encabezar la Coordinación Ejecutiva no se contempló, como en otras entidades que deban ser abogadas o abogados, pero se pide tener título en áreas relacionadas con derechos humanos, con libertad de expresión y evaluación de riesgo; por lo cual los perfiles deberán ser muy cuidados.

Con los tiempos planteados, explicó en octubre tendrían que tener un titular del mecanismo y un presupuesto para lo que resta del año, a fin de que la ley sea funcional, aunque no se prevé una posible cantidad inicial.

Pese a que el capítulo ocho es muy bueno porque precisa lo que deben hacer las autoridades, no señala a la entidad responsable de garantizar que se cumpla.

El dictamen, agregó, tampoco tomó en cuenta protocolos de actuación que fueron propuestos con reglas claras para la actuación de las autoridades, a fin de atender el tema de agresiones que se registran todos los días en la tarea diaria de las y los periodistas.

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