La Ley de Protección Integral a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Estado de México, que fue aprobada por diputados locales la tarde del 15 de abril, llegó luego de diversas agresiones al gremio periodístico mexiquense, entre ellas el homicidio de Nevith Condés Jaramillo.
Y es que la pandemia de la Covid-19 no ha frenado las agresiones a periodistas, reporteros, camarógrafos y fotoperiodistas mexiquenses.
Medios locales dieron cuenta de la agresión en contra de 3 reporteros y un fotógrafo de los medios Milenio Estado de México, Tv Azteca Estado de México, AD Noticias y Reforma, quienes realizaban labores periodísticas, mismas que fueron impedidas por elementos de la policía municipal de Toluca.
Por estos hechos, que sucedieron cuando los comunicadores documentaban un homicidio ocurrido en el poblado de San Andrés Cuexcontitlán, al norte de la capital mexiquense, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) inició la investigación CODHEM/TOL/APC/1172020.
En mayo de 2019, un reportero de El Sol de Toluca fue agredido por elementos de la Policía Municipal de Toluca, cuando realizaba labores periodísticas sobre el inicio de operativos ecológicos en las inmediaciones de la Ex Cama de Piedra, en la capital mexiquense.
El reportero documentaba, a través de una transmisión en vivo para las redes sociales de este diario, la trifulca protagonizada entre elementos policíacos y taxistas de la zona.
Además de las agresiones y amenazas recibidas, elementos de seguridad le arrebataron su teléfono celular al comunicador, con el objetivo de impedir que se documentara lo que ahí acontecía.
Por estos actos de abuso de autoridad ningún funcionario del Ayuntamiento de Toluca fue sancionado.
Las agresiones por parte del personal del Ayuntamiento de Toluca de la actual administración han sido recurrentes, pues a mitad del 2019 dos fotógrafos fueron agredidos por inspectores verificadores de la Dirección General de Gobierno de Toluca.
Los comunicadores documentaban los abusos con que desalojaban a un grupo de vendedores ambulantes, cuando los servidores públicos se les fueron a los golpes.
Además de que la CODHEM inició una queja por lo sucedido, la denuncia quedó asentada con el número TOL/FSP/APO/107/18792/19/07, por el delito de abuso de autoridad, iniciada por la agente del Ministerio Público adscrito a Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Toluca, María del Rosario Aguilar López.
Otro hecho reprochado por el gremio periodístico, por atentar contra la libertad de expresión, fue la detención arbitraria en contra de un reportero de Milenio Estado de México en mayo de 2019.
El comunicador realizaba una cobertura periodística en Manuel J. Clouthier y la avenida Gobernadores, en Metepec, cuando un elemento de la Policía Municipal le refirió al reportero que no podía permanecer en la zona del ilícito debido a la existencia de una ley que impide a reporteros y fotógrafos tomar fotografías o grabar, sin embargo, en ningún momento especificó dichos lineamientos jurídicos.
Por estos hechos, fue suspendido de sus actividades y sancionado, según lo indicado por la autoridad municipal.
Ese mismo año, pero en agosto, el gremio periodístico se vistió de luto tras el homicidio de Nevith Condés Jaramillo, director del portal informativo El observatorio del Sur, en el Cerro de Cacalotepec, sin que hasta este momento haya personas detenidas por ese hecho.
La organización Artículo 19, dedicada a la protección de la libertad de expresión, señala que el comunicador había recibido amenazas vía telefónica y en redes sociales derivado de su trabajo periodístico. Fue el 24 de agosto que le arrebataron la vida.
A la fecha, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no ha informado los avances en la investigación de este ilícito.
Panorama nacional e internacional
El barómetro de la organización Reporteros Sin Fronteras señala que durante 2021 han sido asesinados 6 periodistas; 1 en Afganistán, 2 en Bangladesh, 1 en Grecia, 1 en Líbano y 1 en Somalia.
El panorama se vuelve mucho más crudo en México, pues aun cuando en 2021 no se han documentado homicidios, en el primer trimestre de 2020 tres comunicadores fueron asesinados: en Veracruz, Michoacán y Chihuahua.
Mientras que en 2019 un total de 15 periodistas fueron asesinados en México, siendo el año más violento para los comunicadores, según datos de la organización Artículo 19.
Además de Nevith Condés, otros periodistas asesinados en 2019 fueron Rafael Murúa Manríquez, del medio Radiokashana, en Baja California Sur, asesinado el 20 de enero pasado; Jesús Eugenio Ramos Rodríguez, del medio Nuestra Región Hoy, en Tabasco, quien fue ultimado el 9 de febrero; Reynaldo López de Televisa Sonora, en esa entidad; y Flores Soberanes, de Radio Amiltzinko 100.7 FM, quien fue asesinado en el estado de Morelos.
A la lista se sumaron los homicidios de Santiago Barroso y Omar Iván Camacho Mascareño, en Sonora y Sinaloa, respectivamente; Telésforo Santiago Enríquez y Francisco Romero, en Oaxaca y Quintana Roo; Norma Sarabia, en Tabasco; Juan Escamilla Bautista, en Tamaulipas y Rogelio Barragán, en el Estado de Morelos.
Así como Alberto Nava López, en Guerrero; Jorge Celestino Ruíz Vázquez, en Veracruz y Erick Castillo Sánchez, en el Estado de Guerrero.
Agresiones durante pandemia
La pandemia de la Covid-19 no contribuyó a frenar las agresiones en contra del gremio periodístico mexiquense, pues cifras de la organización Artículo 19 señalan que el Estado de México, Puebla y la Ciudad de México son las tres entidades con mayor cantidad de atentados en contra de los comunicadores.
Lo anterior en el periodo del 12 de marzo al 27 de abril de 2020.
En este lapso, la organización documentó un total de 39 agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación que realizaban temas sobre el virus con orígenes en la provincia de Wuhan, China.
Artículo 19 señaló, en su reporte publicado en mayo del año pasado, que el 74.4% de las agresiones fueron por parte del Estado, es decir, los funcionario y servidores públicos.
Las agresiones más comunes contra periodistas fueron intimidaciones, ataques físicas, bloqueos informativos y estigmatización por parte de funcionarios y funcionarias, mismas que obstaculizan el derecho a informar e imposibilitan el acceso público a la información, señaló la organización.