Después de permanecer once años de prisión en el Centro Federal de Readaptación Social de “El Altiplano”, Erick Iván Razo Canales, quien fue acusado de secuestro y delincuencia organizada, sin pruebas en su contra, obtuvo una sentencia absolutoria por parte del juez octavo de distrito en el Estado de México, quien ordenó su inmediata libertad.
El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) logró demostrar múltiples violaciones procesales y de derechos humanos; desde detenciones arbitrarias, la simulación de un operativo de supuesta detención, actos de tortura, reconocimientos ilegales, falta de investigación y fabricación de pruebas.
Verónica Razo Canales
En el caso de Verónica Razo Canales, hermana de Erick Iván, continúa privada de la libertad en el CEFERESO Femenil 16 de Morelos, pues fue setenciada por un secuestro. Ella fue víctima de tortura, de acuerdo con dictámenes conforme al protocolo de Estambul, por lo cual apelarán y esperan que no tarde más de cinco meses la resolución.
En entrevista, José Luis Espejel Hernández, subdirector de Área de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del IFDP, refirió que para las dos personas las circunstancias fueron casi idénticas y solo varió el lugar en el cual ocurrieron los hechos, pues ella fue detenida cuando iba con su mamá y él al ir manejando su vehículo, pero en ambos casos bajaron de un vehículo civil entre cuatro y cinco personas sin uniforme, vestidas de civil, quienes no se identificaron.
Además, dijo, no presentaron ninguna orden, ni mandato judicial y con lujo de violencia los sujetaron y se los llevaron en un vehículo el ocho de junio de 2011 en la Ciudad de México, en un proceso que se volvió largo, con prisión preventiva excesiva y fueron acusados de secuestro y delincuencia organizada.
Afirmó que eso da cuenta de la actividad de los elementos policiacos en los años 2011 y 2012 que hoy salen mucho más a la luz de elementos, pues intervenían sin mandato, sin investigación bien realizada y a raíz de eso se llevaron a los hermanos a una instalación donde los golpearon, y ella fue víctima de violencia sexual, todo, dijo, encaminado a aceptar que eran integrantes de una banda de secuestradores, e incluso los entrevistaron sin la presencia de su abogado.
Además, explicó, los presentaron un día después de su detención, y para eso simularon un operativo policiaco en una gasolinera con unos nueve elementos, por lo cual levantaron una queja ante Derechos Humanos, se desmotró que no hubo tal operativo, que los lastimaron, pues él tenía las costillas rotas y ella fue a dar al hospital, y pese a eso no se investigaron las agresiones, se siguió el caso, e incluso la Fiscalía llamó a víctimas de otras investigaciones para que los reconocieran,
“Si la policía ya había hecho mal, la Fiscalía le dijo: quítate que ahí te voy que yo también puedo hacerlo peor”, señaló y añadió que solo a ellos los pusieron para el reconocimiento, sin confrontarlos con nadie, pese a que las reglas señalan que deben ser varios, e incluso, advirtió, hay testimonios de que a una de las víctimas le habían mostrado la fotografía antes del reconocimiento y sin presencia del defensor.
Todas las violaciones a derechos humanos y la fabricación de pruebas, dijo, fueron presentadas. Su proceso llevó diez años sin sentencia, y ante la excesiva tardanza promovieron dos incidentes: uno porque tenían una opinión de la ONU donde resolvió que ambos fueron detenidos arbitariamente y proponía su excarcelación.
Además, tramitaron el cese de la prisión preventiva porque la ley señala que no debe exceder los dos años, pero el juzgador consideró que imputados por delitos de alto impacto no tenían derecho a esa garantía, aunque nada señala que no aplica para tal persona, por lo cual fueron al amparo y se determinó que no se puede discriminar a las personas por el delito que se imputa.
No hay pruebas
Espejel afirmó que no hay pruebas en contra de ellos, por lo cual el juez dejó el libertad a Erick Razo y a su hermana le decretó condena por un secuestro, pese a que son los mismos hechos. Ambos eran acusados de tres secuestros cada uno.
Consideró que aún cuando se ha avanzado bastante, pues en la época de 2011 y 2012 había “levantones” de personas, a algunos los presentaban ante la autoridad ministerial y a otros no, con el nuevo sistema se ha avanzado, aunque también falta trabajar, pues la Fiscalía apeló la sentencia absolutoria a Erick, pese a no tener elementos.
Admitió que hay rezago de procesos del sistema anterior, donde un alto porentaje de personas alegan haber sido víctimas de tortura y en los cuales no se aplicó el Protocolo de Estambul o no se indagó, por lo cual siguen trabajando, pues lamentablemente la tortura se sigue cometiendo, aunque ha disminuido con el sistema acusatorio.
José Luis Espejel Hernández dijo que al 2014 el 40% de la población carcelaria en México era por prisión preventiva oficiosa, de acuerdo con un informe de la Corte Interamericana, es decir, ni siquiera tenían sentencia, por lo cual las autoridades deben ser más rápidas. El documento también precisó que existe una presunción de culpabilidad que se genera con el paso del tiempo.
La prioridad, señaló Espejel, debe ser para las personas más vulnerables, pues hay una tendencia a que las personas con más condiciones de vulnerabilidad son las más fáciles de ser abusadas.
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