La Legislatura mexiquense tiene lista la comisión para atender casos especiales a los que se podría dar amnistía en el Estado de México. Será encabezada por el diputado de Morena Gerardo Ulloa y otros doce integrantes de los diferentes grupos parlamentarios.
El presidente del Poder Judicial mexiquense, Ricardo Sodi Cuéllar ya señaló a las y los legisladores que tienen al menos la información para trabajar en unos mil casos que podrían ser beneficiarios de esa norma.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández González señaló que la junta ya acordó la creación de ese órgano y el próximo jueves será votado en el pleno.
"Ya está creada, se acordó en la Junta de Coordinación Política hacer la propuesta, ya es la propuesta de la integración de está comisión por 13 diputadas y diputados, la habrá de presidir el diputado Gerardo Ulloa Pérez y todos los grupos parlamentarios estarán integrados en razón de la proporcionalidad que cada grupo tiene, pero los seis grupos parlamentarios forman parte de esta comisión".
Admitió que la ley busca resolver temas de injusticias y está anotado como el punto número 12 para la sesión del siguiente jueves, cuando se dispensará el trámite y quedará integrada la comisión para que se ponga a trabajar, pues hay necesidad de atender el problema de quienes están en prisión y pueden acceder a una amnistía.
En el caso del Tribunal Superior de Justicia, a partir de que se publica la ley, dijo, empiezan a hacer los ejercicios necesarios para el mecanismo y análisis de al menos mil casos que pudieran ser beneficiados de esta ley.
La norma prevé que la Legislatura mexiquense integrará una comisión especial para dar seguimiento y conocer los casos que por su relevancia sean puestos a su consideración por medio de la o el interesado, sus familiares, su defensa, u organizaciones.
Las y los diputados locales conocerán asuntos que puedan encuadrar en supuestos de violación de derechos, fallas en la aplicación de alguno de los principios penales del sistema acusatorio, o ante la plena presunción de fabricación de delitos.
Esa comisión solicitará la opinión de la Comisión de Derechos Humanos estatal, la Fiscalía General de Justicia, el Poder Judicial y el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Justicia, así como de organizaciones de la sociedad civil debidamente registradas, cuyo objeto sea la protección y defensa de Derechos Humanos.