/ martes 4 de octubre de 2022

Llama TEEM al Congreso a garantizar derechos de personas con discapacidad

Ha omitido legislar para garantizar la integración de esas personas en órganos de elección popular administrativos o legislativos

El pleno del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) vinculó a la Legislatura mexiquense a legislar para garantizar que las personas con discapacidad puedan integrar órganos de elección popular administrativos o legislativos.

Esos ajustes deberán hacerse para el proceso electoral del 2024, en que se renovarán los ayuntamientos y la Legislatura local, al acreditarse que las y los diputados locales han incurrido en una omisión.

La ciudadana Yolanda Nuñez promovió un juicio ante el TEEM en contra de la omisión legislativa, en materia de derechos político electorales de las personas con discapacidad, atribuida a la Legislatura del Estado de México.

En el proyecto, resuelto en la sesión de este martes, se propuso declarar fundados los agravios, pues en el Código Electoral del Estado de México no se ha implementado ninguna medida específica para garantizar la participación de las personas con discapacidad, a fin de que accedan a cargos de elección popular, a través de partidos políticos.

Tampoco para que sean parte de los órganos desconcentrados del Instituto Electoral local, como juntas y consejos distritales y municipales, ni para que puedan votar de manera autónoma, digna y accesible, pues en la norma únicamente se menciona el acceso preferencial que tendrán para ejercer dicha prerrogativa.

Las y los magistrados declararon la existencia de la omisión, en virtud de que la autoridad responsable no ha legislado en materia de derechos político electorales de personas con discapacidad, a pesar de tener la obligación de hacerlo, conforme a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.

Sin embargo, el agravio por la omisión de medidas para que en la integración del Consejo General del instituto local se tome en cuenta a las personas con discapacidad se consideró inoperante porque la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya resolvió que eso es facultad del Congreso de la Unión.

El pleno aprobó este martes vincular a la Legislatura mexiquense para que, en el ejercicio de su soberanía y competencia, diseñe las medidas necesarias que garanticen la plena autonomía de las personas con discapacidad en su derecho a votar, su participación a cargos de elección popular.

También para que sean parte de órganos desconcentrados del instituto local, como las juntas y consejos distritales municipales del Estado de México, aplicables a partir del proceso electoral ordinario posterior al que inicia en enero del 2023, es decir, para el 2024.

El magistrado Victor Oscar Pasquel Fuentes explicó, durante la sesión, que en el proyecto hicieron una división de los derechos para acceder a consejerías, y de aquellos para cargos de representación popular porque en el primer caso no pueden mandatar al Congreso de la Unión.

La sentencia implica que la Legislatura emita normas para que las personas con discapacidad puedan integrar órganos de elección popular administrativos o legislativos.

Durante la sesión, la tercera regidora de Mexicaltzingo denunció que la presidenta municipal y el secretario de ese ayuntamiento no le han entregado las versiones estenográficas de actas de sesiones de cabildo, ni de una comisión para tener información sobre adquisiciones y enajenaciones.

El pleno consideró que tiene derecho a contar con esos datos y versiones o videograbaciones para hacer aclaraciones; por lo cual determinó vincular a las y los responsables a hacerle llegar la información a la regidora.

También resolvió un juicio en contra de autoridades auxiliares en Ecatepec, el cual se declaró inoperante y se confirmó la declaración de validez y en el caso de un delegado municipal que quiso cobrar por su cargo, las y los magistrados consideraron que es autoridad auxiliar y no le corresponde un salario, porque su encargo es honorífico.

El pleno del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) vinculó a la Legislatura mexiquense a legislar para garantizar que las personas con discapacidad puedan integrar órganos de elección popular administrativos o legislativos.

Esos ajustes deberán hacerse para el proceso electoral del 2024, en que se renovarán los ayuntamientos y la Legislatura local, al acreditarse que las y los diputados locales han incurrido en una omisión.

La ciudadana Yolanda Nuñez promovió un juicio ante el TEEM en contra de la omisión legislativa, en materia de derechos político electorales de las personas con discapacidad, atribuida a la Legislatura del Estado de México.

En el proyecto, resuelto en la sesión de este martes, se propuso declarar fundados los agravios, pues en el Código Electoral del Estado de México no se ha implementado ninguna medida específica para garantizar la participación de las personas con discapacidad, a fin de que accedan a cargos de elección popular, a través de partidos políticos.

Tampoco para que sean parte de los órganos desconcentrados del Instituto Electoral local, como juntas y consejos distritales y municipales, ni para que puedan votar de manera autónoma, digna y accesible, pues en la norma únicamente se menciona el acceso preferencial que tendrán para ejercer dicha prerrogativa.

Las y los magistrados declararon la existencia de la omisión, en virtud de que la autoridad responsable no ha legislado en materia de derechos político electorales de personas con discapacidad, a pesar de tener la obligación de hacerlo, conforme a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.

Sin embargo, el agravio por la omisión de medidas para que en la integración del Consejo General del instituto local se tome en cuenta a las personas con discapacidad se consideró inoperante porque la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya resolvió que eso es facultad del Congreso de la Unión.

El pleno aprobó este martes vincular a la Legislatura mexiquense para que, en el ejercicio de su soberanía y competencia, diseñe las medidas necesarias que garanticen la plena autonomía de las personas con discapacidad en su derecho a votar, su participación a cargos de elección popular.

También para que sean parte de órganos desconcentrados del instituto local, como las juntas y consejos distritales municipales del Estado de México, aplicables a partir del proceso electoral ordinario posterior al que inicia en enero del 2023, es decir, para el 2024.

El magistrado Victor Oscar Pasquel Fuentes explicó, durante la sesión, que en el proyecto hicieron una división de los derechos para acceder a consejerías, y de aquellos para cargos de representación popular porque en el primer caso no pueden mandatar al Congreso de la Unión.

La sentencia implica que la Legislatura emita normas para que las personas con discapacidad puedan integrar órganos de elección popular administrativos o legislativos.

Durante la sesión, la tercera regidora de Mexicaltzingo denunció que la presidenta municipal y el secretario de ese ayuntamiento no le han entregado las versiones estenográficas de actas de sesiones de cabildo, ni de una comisión para tener información sobre adquisiciones y enajenaciones.

El pleno consideró que tiene derecho a contar con esos datos y versiones o videograbaciones para hacer aclaraciones; por lo cual determinó vincular a las y los responsables a hacerle llegar la información a la regidora.

También resolvió un juicio en contra de autoridades auxiliares en Ecatepec, el cual se declaró inoperante y se confirmó la declaración de validez y en el caso de un delegado municipal que quiso cobrar por su cargo, las y los magistrados consideraron que es autoridad auxiliar y no le corresponde un salario, porque su encargo es honorífico.

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