Ejecutar la Política Anticorrupción del Estado de México, que implica cinco ejes y 60 prioridades, y la cual, entre otras cosas busca combatir la impunidad con la participación ciudadana, requerirá varios años, pues todas las estrategias tienen metas que van de un mínimo de dos, a más de cuatro años
El Estado de México es la tercera entidad del país en contar con su Política Anticorrupción, la cual incluye 60 prioridades, y de ellas, 19 se cumplirán en el corto plazo, es decir, en un máximo de dos años; por lo cual establecerán rutas críticas para ejecutarlas. Otra 23 tienen metas de dos a cuatro años y el resto de cuatro en adelante.
El secretario de la Contraloría estatal, Javier Vargas, explicó que esa política es un instrumento que permite comprender a la corrupción como una problemática sistemática, y a partir de eso, propone acciones específicas con cinco ejes estratégicos: combatir la impunidad, controlar la arbitrariedad, involucrar a la sociedad, la interacción gobierno-sociedad y una quinta: la ética e integridad.
Cada eje comprende 12 prioridades, pero aclaró que es un proceso complejo que requiere tiempo para ejecutarse y todavía no tienen un presupuesto estimado para echar a andar todos los objetivos.
Entre las prioridades, en entrevista destacó que buscan impulsar la política de archivos: procesos homologados de gestión documental, impulsar la mejora y homologación a escala nacional de protocolos y procesos de presentación de denuncias y alertas, promover la creación y adopción de criterios y estándares unificados en las compras, contrataciones y adquisiciones públicas, desarrollar una estrategia digital que promueva la ética para prevenir la corrupción e implementar mecanismos de gobierno abiertos que fortalezcan las acciones de combate a la corrupción.
Garantizan confidencialidad de denuncias
Refirió que en el Estado de México ya se puede hacer denuncias anónimas, donde se garantiza la confidencialidad de quienes las presenten, sin represalias para los denunciantes y durante la presente administración estatal han recibido más de 50 mil denuncias por diversas causas.
"Que quede claro: no nos vamos a esperar a ejecutar la política anticorrupción estatal, eso ya está en esta administración, ya se está llevando a cabo y no hay represalias; está perfectamente protegida la identidad del denunciante.
"¿Qué garantías se van a tener de que se atienda? se está atendiendo, van más de 50 mil en lo que va de la presente administración y todas se atienden, incluso aquellas que no son competencia nuestra las turnamos a la autoridad federal, municipal que sea competente o si es a otros poderes".
Para construir la política anticorrupción, explicó, se recabaron propuestas y se hicieron diversas actividades como foros, durante un año por parte de todas las instituciones que conforman el comité coordinador el sistema anticorrupción, entre ellas la propia Secretaría de la Contraloría, el Consejo de Participación Ciudadana, la Fiscalía Anticorrupción el Tribunal de Justicia Administrativa, el Órgano Superior de Fiscalización, el Poder judicial Mexiquense y el Instituto de Transparencia.
Ejemplos de prioridades
La Secretaría de la Contraloría del Gobierno mexiquense, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y el Comité de Participación Ciudadana son las instituciones del Comité Coordinador con un mayor número de vínculos de coordinación.
La SECOGEM está vinculada en 54 prioridades, de las cuales 19 se ejecutarán en el corto plazo, es decir, hasta por 2 años; 23 en el mediano, de 2 a 4 años y 12 en el largo, lo que significa de 4 años en adelante.
Entre las prioridades a corto plazo destacó generar acciones de coordinación a nivel estatal y municipal para formular programas de sensibilización que rompan con los paradigmas de la corrupción en el gobierno, además de diseñar y desarrollar programas de capacitación para mejorar las capacidades en el servicio público, con la existencia de manuales, catálogos de puestos, reglamentos y reglas de operación enfocados a mejorar y evaluar las competencias y perfiles, promoviendo la perspectiva de género.
También generar condiciones para la articulación de redes ciudadanas y espacios participativos que contribuyan en la incidencia formal y efectiva de la vigilancia ciudadana en la promoción de la ética pública, integridad y buena conducta en el servicio público.
A mediano plazo: diseñar programas de participación ciudadana que tengan como objeto dar a conocer los procesos y espacios de colaboración que tiene la sociedad con el gobierno, a fin de transparentar el derecho ciudadano a informarse y a evaluar los programas, trámites y servicios donde existe contacto directo con el gobierno.
Otra es crear un catálogo estatal de mecanismos de participación social que contribuya a la incidencia formal y efectiva de la vigilancia ciudadana en la prevención y combate de la corrupción, e identificar el conflicto de interés en la administración pública, a fin de asegurar que se declare por servidores públicos que actúen en este supuesto, y en su caso, sean sancionados ante las instancias correspondientes.
A largo plazo tienen prioridades como: impulsar la mejora y homologación a escala nacional de protocolos y procesos de presentación de denuncias y alertas por hechos de corrupción por parte de ciudadanos, contralores y testigos sociales, e instituciones de fiscalización y control interno.
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Promover la creación y adopción de criterios y estándares unificados en compras, contrataciones y adquisiciones públicas, mediante la implementación de estrategias donde intervengan contralores especializados y testigos sociales, para acotar espacios de arbitrariedad, y mejorar su transparencia y fiscalización.
También la de generar contenidos y diseñar capacitación con perspectiva de género y derechos humanos, orientados a sensibilizar a los servidores públicos sobre la importancia de guardar buena conducta, ética e integridad en la toma de decisiones y en el desempeño de sus labores, a fin de reivindicar el verdadero significado del ejercicio de la función pública.
