Al segundo año de haber sido creada, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México, encargada de establecer políticas públicas para el funcionamiento del sistema anticorrupción, a fin de que las autoridades prevengan investiguen y sancionen faltas y hechos de corrupción, costó al erario 61 millones de pesos, de los cuales casi el 53% se destinó a servicios personales.
De acuerdo con la Cuenta Pública del 2019, a pesar de que la Secretaría Ejecutiva del Sistema estatal Anticorrupción tuvo un presupuesto inicial de 93.5 millones, que con ampliaciones llegó a más de 95 millones, al final del año sólo ejerció 61 millones de pesos.
El rubro de servicios personales en el que se tenía previsto gastar 49.9 millones, en todo el año se ejercieron 32.3 millones de pesos: un 35.2% menos de lo autorizado, principalmente porque a esas alturas no tenía la plantilla del personal al 100%, ni instalaciones que albergaran a todos los servidores públicos.
La ley del Sistema Anticorrupción fue expedida el 30 de mayo del 2017 y en ella se prevé que la Secretaría Ejecutiva debía iniciar operaciones 60 días naturales después. Ese órgano se dio de alta el 12 de enero del 2018, como un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y entre sus funciones destaca establecer las bases de coordinación entre el estado y los municipios para el funcionamiento de los sistemas anticorrupción.
Es la instancia de coordinación entre las diferentes autoridades competentes para prevenir, detectar y sancionar responsabilidades y hechos de corrupción.
Esa secretaría tiene un secretario técnico que ejerce la dirección de la secretaría ejecutiva, los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana, con quienes celebran contratos de prestación de servicios profesionales.
De acuerdo con la Cuenta pública el presupuesto del año pasado de la secretaría ejecutiva del sistema estatal anticorrupción fue de 61 millones de pesos, de los cuales 32.3 millones fueron a servicios personales, 3.2 millones a materiales y suministros, 17.3 millones a servicios generales, 6.4 millones a bienes muebles, inmuebles e intangibles.
Además, su principal gasto fueron los sueldos base, con más de 14.2 millones de pesos, otros 2.3 millones en aguinaldos 7.5 millones en gratificaciones, 1.9 millones en aportaciones al servicio de salud, 1.4 millones aportaciones al sistema solidario de reparto y 1.4 millones al seguro de separación individualizado.
Otros gastos que refleja la Cuenta pública son 2.7 millones en servicios de acceso a internet, 5.2 millones por arrendamiento de edificios y locales, 660 mil pesos por arrendamiento de equipo y bienes informáticos; así como más de 4 millones en arrendamiento de vehículos, 13.8 millones por asesorías asociadas a convenios o acuerdos y más de 2 millones en servicios profesionales.
Las metas de ese órgano establecidas y cumplidas al 100% están relacionadas con brindar apoyo técnico, diseñar módulos de la plataforma digital estatal, el seguimiento a recomendaciones y exhortos del comité coordinador, elaborar la política anticorrupción estatal y municipal, elaborar el programa anual de trabajo y proyectos del informe anual.
