La Comisión de Derechos Humanos de la entidad detectó que más del 50% de los aspirantes a defensores municipales no cumplen con el perfil debido a situaciones de “compadrazgos” y condiciones de ediles, por lo que la institución impulsa la iniciativa sobre la autonomía de los defensores municipales.
De acuerdo con el Ombudsman mexiquense, Jorge Olvera García, la Codhem se cuenta con seis meses de plazo para instaurar el procedimiento de certificación a defensores municipales y cuatro meses para la certificación, lo que dará oportunidad de brindar una mayor capacitación a los involucrados.
“Más de la mitad no –son idóneos para fungir como defensores municipales- y eso es preocupante, porque no se le da la importancia por parte de los ediles a estos, siguen siendo los compadres, aquéllos que no alcanzaron alguna chamba, los meten de defensores, o no les dan el apoyo y como dependen de ellos, ojalá algún día puedan ser independientes”, explicó Olvera García.
Agregó que la iniciativa sobre la autonomía de los defensores municipales se impulsa en coordinación con la diputada panista Karla Fiesco, a fin de que estas figuras sean independientes del edil y permita realizar un trabajo más capacitado con el acompañamiento de personas que no respondan a los intereses de la autoridad municipal.
Cifras de la Codhem señalan que de las más de 6 mil quejas registradas anualmente por presuntas violaciones a derechos humanos, hasta un 25% corresponden a ayuntamientos.
Por ello en septiembre pasado las Comisiones Unidas de Legislación y Administración Municipal y de Derechos Humanos de la Legislatura local aprobaron que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) certifique a los defensores municipales.
Inicialmente, la certificación tendrá una vigencia de un año y medio, sin embargo en próximas ocasiones será de cada tres años.
Los defensores municipales deberán tener preferentemente licenciatura en Derecho, estudios en derechos humanos o experiencia en la protección, observancia y divulgación de éstos, que deberán ser comprobables con un mínimo de tres años, según lo establece Ley Orgánica Municipal en su artículo 147.
Además deben contar obligatoriamente con la certificación de derechos humanos por parte de la Codhem, organismo que se auxiliará con otros entes públicos con capacidad jurídica para ello.