A 11 años de la puesta en marcha del programa para la “Interrupción Legal del Embarazo” (ILE), la Ciudad de México mantiene una tasa por arriba de la media nacional en muertes de mujeres a causa de abortos, lo cual demuestra que la realización de más de 193 mil intervenciones de este tipo no ha sido una solución a los embarazos no planeados, revela el informe “ABORTO. La política de un Estado claudicante”.
Cándido Pérez Hernández, uno de los autores de este trabajo, refiere que la principal atención es llamar la atención sobre una medida incompleta e inacabada y llama a las autoridades de la Ciudad de México, principalmente, pero también del resto del país, a enfocar la problemática de los embarazos no deseados en tres ejes: salud, prevención y apoyos económicos a las mujeres en esta situación.
Indicó que el estudio se enfocó en tres aspectos: El impacto en la mortalidad materna, el impacto en la fertilidad y el impacto en la incidencia y reincidencia del aborto, para evaluar si la medida ha sido o no positiva, pero al terminar el estudio no se detectaron avances significativos y hoy no se puede decir que bajó la mortalidad materna, ni que se acabó con la clandestinidad o la incidencia o reincidencia debido al gran desconocimiento que hay en torno al tema.
Dio a conocer que la Ciudad de México tiene una de las tasas más altas de abortos a nivel internacional y, por lo tanto, la reforma al Código Penal y el programa para la Interrupción Legal del Embarazo no pueden ser consideradas una política pública de éxito, pues se contempló más como un derecho de las mujeres, pero sin tomar en cuenta otros aspectos o alternativas para las mujeres con un embarazo no deseado, pues no tiene programas de éxito para evitarlos entre la población en general.
Cándido Pérez Hernández comentó que se buscó que otro tipo de políticas había generado para plantear otro tipo de alternativas para mujeres, que tal vez habrían deseado ese embarazo, pero que por las condiciones difíciles que atraviesan optan por no continuarlo.
Durante este estudio se documentaron prácticas internacionales de éxito para mujeres con embarazos no deseados, como el caso francés, en donde la primera medida es proveer de información a las mujeres que buscan un aborto, y generar alternativas desde mejorar la consejería donde se les informa de las instituciones dónde acudir para tramitar un proceso de adopción, las que pueden apoyar económicamente o en formación laboral a las mujeres en esta situación de vulnerabilidad, expuso.
“En la Ciudad de México la política de aborto simplemente ha servido para implementar lo que en su momento se plateó como una expresión de la libertad de las mujeres, pero hoy nosotros concluimos que no ha hecho otra cosa más que reducir las alternativas a una solo decisión: el aborto”, sostuvo.
Cifras documentadas año con año, desde que se hizo la reforma y entró en vigor el programa hasta el mes de abril se han tenido poco más de 193 mil, pero son tan sólo los que se realizan en el sistema de salud de la Ciudad, por ello se extendió el estudio a la medicina privada, pues tanto las clínicas, consultorios y médicos que practican abortos no tienen obligación por ley de informar a las autoridades del sector salud, por lo que se desconoce cuántos abortos y en qué condiciones se llevan a cabo.
El estudio incluyó a una clínica privada con sedes en muchas ciudades del mundo, en donde se documentó que solamente en 2014 realizaron 51 mil abortos, frente a los 20 mil 550 que realizaron todos los hospitales públicos ese año, lo cual demuestra -dijo- el problema sigue ahí, es latente, la política no tuvo preocupación por atender las problemáticas de fondo, por eso decimos que es la política de un estado claudicante.
Además, se ha documentado que hay alrededor de 11 mil mujeres que han abortado dos o más veces, lo cual muestra que estas mujeres podrían tomar una decisión diferente si existieran otro tipo de alternativas que les ofrecieran las autoridades, pero en las filas de los hospitales se pudo documentar que ni siquiera conocen la existencia de instituciones que las podrían ayudar; es decir, de lo poco que hay para ellas no se difunde y, por lo tanto, pareciera que la única medida es la interrupción del embarazo.
Es más, apuntó, a las mujeres que llegan a solicitarlo sólo se les informa del procedimiento, pero no de los riesgos para su salud física, mental y emocional, tampoco se les hablan de métodos anticonceptivos o de la posibilidad de dar a su bebé en adopción, eso ratifica que es una política fallida.
A pregunta expresa, aceptó que existe organizaciones de la sociedad civil dedicadas a llevar mujeres de otras entidades a la Ciudad de México para que tengan un aborto legal, entre ellas Fondo María es una de las más conocidas, pero aclaró que no fueron incluidas en el estudio, pero precisó que la problemática se centra en la capital del país, pues a excepción del Estado de México, en otras entidades no han tenido impacto significativamente.
Contrario a lo que se esperaba, expresó, las muertes de mujeres por abortos, tanto espontáneos como mal practicados no se redujo y siguen siendo cifras relevantes, incluso el promedio es más alto que la media nacional, siguen registrándose muertes por aborto tanto dentro como fuera de los hospitales, pero las más de las veces es difícil saber en qué condiciones se realizó, pero esta causa representa 10.7 por ciento del total de muertes de mujeres.
La despenalización del aborto no incide directamente en la reducción de las muertes de mujeres por aborto, y puso el caso de Chile, que tiene una de las legislaciones más restrictivas respecto al aborto, donde se esperaría que tuviera una alta incidencia de muertes maternas más altas por esa causa; sin embargo, su tasa de muertes es de las más bajas de Latinoamérica, por lo que concluyó existen otras causas que inciden, pero se sigue pensando en el aborto como causa principal, cuando son muchas más las que se presentan en el primer trimestre del embarazo.
Resaltó la necesidad de atender la problemática de fondo y hacer como en otros países donde el aborto ha dejado de verse como un evento y se convierte en un proceso donde la familia y las políticas públicas pueden incidir para evitar que sigan con él.
El estudio comprobó que durante el año 2007 se realizaron 4,799 abortos; en 2008 fueron 13,404; en 2009 se registraron 16,475; en 2010 fueron 16,945; en 2011 se alcanzó la cifra de 20,319; mientras que 2012 fue el año con 20,482 abortos; en 2013 se realizaron 20,765, en 2014 fueron 20,559; en 2015 se realizaron 8,851 y, en 2016 un total de 18,104 abortos fueron practicados en hospitales de la Ciudad de México.
