En el mundo 245 millones de mujeres y niñas han sufrido algún tipo de violencia en su vida, mientras once millones de niñas podrían no volver a la escuela por la pandemia provocada por Covid-19, advirtió Belén Sanz Luque representante de ONU Mujeres.
Además, añadió que se estima que 47 millones de mujeres y niñas serán empujadas a la pobreza extrema por esa crisis sanitaria.
Durante la firma del memorando de entendimiento para fortalecer la igualdad y los derechos de las mujeres en el Estado de México entre la Legislatura local y ONU Mujeres destacó que en el Estado de México suman 112 presuntas víctimas de feminicidio y otras 157 mujeres víctimas de homicidios dolosos.
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Con la firma, explicó, buscan integrar un diagnóstico del marco normativo mexiquense para garantizar que las mujeres accedan a la justicia y a una vida libre de violencia y no haya impedimento legal para ofrecerles atención.
Destacó los avances en materia de paridad en el país, la tipificación de la violencia política, la prohibición del matrimonio infantil y la Ley Olimpia; así como los trabajos de la anterior legislatura mexiquense con la tipificación de la violencia digital, la violencia política, la eliminación del lenguaje sexista, entre otros logros.
Sanz señaló que buscan apoyar para que la entidad cuente con un marco normativo adecuado que no solo se centre en la prevención de la violencia; sino en garantizar los derechos humanos y en ofrecer oportunidades para que las mujeres salgan de la situación de vulnerabilidad.
Fabiola Alanís, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres sostuvo que existe la necesidad de actuar, pues el 25% de las muertes violentas en México se investigan como feminicidios y apenas dos de cada diez consiguen una sentencia condenatoria; por lo cual es necesario revertir la impunidad, mandar el mensaje de que no habrá impunidad.
Alertó que existe un gran cuello de botella en el acceso a la justicia, en la reparación del daño y en la garantía de no repetición, por lo cual requieren unir esfuerzos y contar con leyes sólidas.
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Según CONEVAL, dijo, los hogares encabezados por una mujer son más pobres que donde los jefes de familia son hombres y en los últimos 15 años la pobreza laboral se agudizó en las mujeres.
Advirtió que la violencia contra niñas y mujeres registró un crecimiento sostenido, sobre todo en violencia sexual y feminicida y recordó que el estado de México fue el primero del país donde se decretó la alerta de género por feminicidios.
Llamó a considerar de manera integral los diferentes tipos de violencia y a dar prioridad a mecanismos de justicia y reparación del daño a víctimas y sobrevivientes de violencia de género.
Reconoció que la Legislatura local es la única que cuenta con una comisión de seguimiento al tema de las alertas de género.
Nayeli Sánchez coordinadora de ONU Mujeres refirió que tienen dos años colaborando con el gobierno mexicano y han realizado un diagnóstico; Anabel López Sánchez de Inmujeres señaló la necesidad de tener un tipo penal del feminicidio homologado y en el ámbito civil igualar temas como el divorcio, pensiones alimentarias, el registro de deudores alimentarios morosos, cuestiones de paridad, integración de gabinetes, designación de magistraturas, revisar el marco legal de los municipios y establecer herramientas legales para prevenir y erradicar la violencia.
Karla Michel Salas y David Peña explicaron que uno de los obstáculos no es la ausencia de legislación, sino que el marco jurídico no se materializa, o se incumple y en los trabajos que han tenido con el Congreso local identificaron seis temas prioritarios a atender: feminicidio , feminicidio infantil, violencia sexual y familiar, desapariciones de mujeres y niñas; las y los menores en orfandad por los asesinatos de sus mamás y la responsabilidad de quienes incumplen con sus obligaciones.
Para atender la violencia, señalaron, normalmente se piensa en términos penales, pero es insuficiente y no ha llevado a la erradicación de la violencia.
En la entidad mexiquense revisaron 815 iniciativas de los dos primeros años de la anterior Legislatura e identificaron unas 19 leyes en la entidad que podrían ser reformadas para atender los temas prioritarios.
A nivel federal, explicaron, ya ha habido reformas en materia de violencia, Ley Olimpia, órdenes de protección que deberían homologarse.
El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, Maurilio Hernández señaló que el objetivo es impulsar una alianza parlamentaria de carácter no vinculante para revisar, analizar, discutir y elaborar propuestas legislativas en materia de erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas y la presidenta de la comisión de seguimiento a las alertas de género, Karina Labastida dijo que se trata de sumar en la lucha el mayor número de esfuerzos.
