Mientras que en estados como la Ciudad de México la interrupción voluntaria del embarazo es legal desde el 2007, en la entidad mexiquense apenas se discutirá su despenalización en la Legislatura local.
De acuerdo con el estudio Criminalización por Aborto del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la criminalización del aborto en México impacta a las mujeres sometidas a un proceso penal por este delito, quienes al enfrentar un embarazo fuera de la ley por diferentes razones, son hostigadas, maltratadas y criminalizadas.
Ángela
En la investigación de GIRE destaca el caso de Ángela, una mujer otomí que fue inculpada por el delito de aborto inducido y que por la falta de pruebas quedó en libertad.
De acuerdo con la información de GIRE, la mujer, que en 2012 tenía 29 años de edad, vivía en condiciones de extrema pobreza y contantemente era víctima de violación sexual por parte de su ex pareja. Presentó una hemorragia mientras cargaba el maíz al molino en el lugar donde trabajaba y presentó fuertes dolores en el vientre, razón por la que acudió a un nosocomio público local.
En el lugar fue denunciada por personal del hospital por la sospecha de que se había producido un aborto y poco después fue detenida y trasladada a la agencia del ministerio público, en donde permaneció 48 horas, en donde se inició de la investigación en la cual se señalaba que el aborto supuestamente había sido cometido por la ingesta de pastillas misoprostol.
La denuncia no procedió por falta de pruebas y finalmente el ministerio público decretó libertad bajo reservas de la ley por falta de elementos que pudieran acreditar el aborto inducido. En todo momento Ángela estuvo acompañada de GIRE.
Claudia
GIRE también acompañó a Claudia, quien en 2011 enfrentó cargos por haberse provocado un aborto, con apenas 16 años de edad.
De acuerdo con el testimonio, Claudia tenía periodos menstruales irregulares, razón por la que desconocía sobre su embarazo y en su desesperación por tener su regla, aceptó la recomendación de unas pastillas, por parte de una vecina.
Horas después de colocarse las pastillas tal y como se lo había recomendado su vecina, Claudia sintió un fuerte dolor en el vientre. Tras intensificarse, solicitó a su madre que la llevara a un hospital.
Un ultrasonido reveló que la joven tenía 18 semanas de gestación y la doctora a cargo del caso la cuestionó sobre su intento de aborto. Claudia reconoció que su intención no era abortar pero que sí había utilizado unas pastillas para hacer que “le llegara su periodo”.
El personal médico dio parte al ministerio público y tras la llegada de los agentes, éstos se entrevistaron a solas con Claudia, sin que hubiera un abogado u otra persona de su confianza.
Durante su permanencia en el hospital Claudia fue aislada y no se le permitieron visitas, ni la de su madre, con el argumento de que estaba en calidad de detenida. Por su parte la ginecóloga que daba atención a la joven señaló que no estaba custodiada y que no podían verla porque estaba en el área de tococirugía, que es un área restringida.
GIRE acompañó a la familia de Claudia a tramitar un amparo por incomunicación ante los juzgados de distrito en Naucalpan y en la madrugada del día siguiente en que ocurrieron los hechos, notificaron al hospital sobre la misma. Para cuando las abogadas pudieron verla, ella ya había dado su declaración.
Claudia tardó dos semanas en recuperar su libertad luego de que la ministerio público a cargo dio a conocer que por orden del entonces procurador, la averiguación previa no se consignaría y que se iría al archivo por no contar con suficientes elementos para seguir el proceso.
Elena
A sus 20 años, Elena fue víctima de hostigamiento y falsas acusaciones por parte de personal médico de un hospital en Huehuetoca.
La joven estaba consciente de su embarazo, y su pareja sentimental, un militar que trabajaba en Querétaro, le ofreció su apoyo desde que tuvo conocimiento de su gestación.
Un día Elena presentó un sangrado y su cuñada al darse cuenta la acompañó con un médico particular para su revisión, éste a su vez las turnó a un hospital bajo el argumento de que no contaba con los elementos necesarios para verificar su estado de salud.
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Al llegar al nosocomio la trabajadora social avisó de los hechos al ministerio público vía telefónica, con la sospecha de que la joven había tratado de provocarse un aborto y entregó una notificación médico-legal a sus familiares, diciéndoles que ellos tenían que entregarla en el ministerio público.
Elena pidió el apoyo de GIRE y se promovió un amparo con la finalidad de dejar sin efecto el oficio con el que se dio parte al ministerio público sobre la situación de Elena. Finalmente, la fiscalía no inició una investigación en su contra debido a que el personal médico refirió que no era necesario, la joven continuó con su embarazo y la atención médica de seguimiento la recibió por parte del servicio médico militar.
Van 57 denuncias por aborto en Edoméx; 2018 cerró con 79 denuncias
En el primer semestre de 2019 se contabilizan 57 denuncias por aborto en la entidad mexiquense: 9 en enero, 10 en febrero, 13 en marzo, 11 en abril, 7 en mayor y 7 en junio. Esta cifra contrasta con la del primer semestre de 2018 en el que sumaban apenas 30 casos, al finalizar ese año la cifra alcanzó las 79 denuncias siendo el mes de septiembre con mayor número de casos con 13, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Los años 2017, 2016 y 2015 cerraron con 41, 42 y 39 casos consecutivamente.
De acuerdo con el estudio Criminalización por Aborto del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), de enero de 2007 a diciembre de 2016 en la entidad no se tiene el número de denuncias hechas por este delito, sin embargo en el caso de procesos penales se contabilizaron 63 juicios penales y se obtuvieron 38 sentencias.
En ese periodo la entidad concentró a nueve personas en prisión definitiva, de los cuales 8 fueron hombres, y además de no concentrar a nadie en prisión preventiva por el delito de aborto.
El Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2018 del INEGI destaca que en la entidad hubo únicamente tres delitos en proceso por aborto en 2017, cero delitos consumados y en grado de tentativa y cinco delitos consumados y en grado de tentativa en el lugar de ocurrencia, de los cuales tres fueron en municipios no identificados, 1 en Toluca y otro en un municipio no especificado.
