Ante la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), en el Estado de México se advierte que debe seguir existiendo un órgano garante similar al nacional.
En la entidad funciona el Instituto de Acceso a la Información (Infoem), entre cuyos objetivos está el vigilar que los gobiernos estatal y municipales publiquen los datos que marca la legislación, además de resolver inconformidades de la ciudadanía cuando alguna autoridad les niega información pública.
El comisionado del Infoem, Gustavo Parra Noriega, indicó que sería un retroceso la eliminación de órganos como el INAI e Infoem, pues los institutos de transparencia son resultado de una lucha cívica, social y democrática.
La conformación del Sistema Nacional de Transparencia data del año 1977, en la búsqueda de reconocer que la ciudadanía pueda tener acceso a Información del gobierno y de cualquier tipo, explica.
La entidad mexiquense, recuerda, se adelantó a la autonomía constitucional, pues la tuvo desde el 2008 y los órganos garantes han adquirido atribuciones en materia de acceso a la información; de protección a los datos personales y de archivos.
Una posible desaparición del INAI, explica, no generaría una obligación de replicarlo en las entidades, pues cada una podría decidir si lo mantiene.
Pero sería un retroceso y existen los principios de indivisibilidad y universalidad por los cuales se reconocen los derechos de todas y todos de pedir información y se han homologado varios criterios, por lo cual existe una plataforma nacional.
En caso de no garantizarse esos derechos podría ser inconstitucional y generar amparos de cualquier persona, además de que México ratificó el convenio 108 para el cuidado de datos personales, y desaparecer los institutos implicaría el incumplimiento a un tratado internacional.
El tema, precisa, es ser más eficientes, hacer más con menos, pero mantener esos órganos que están sujetos a auditorías, tienen presupuestos autorizados por las Legislaturas para garantizar que los derechos puedan ejercerse.
"No podemos permitir que se le quite al ciudadano el poder de controlar a su autoridad, de hacer que rinda cuentas y que le exija proteger la cantidad de datos personales que le entrega en todos los trámites", abunda.
Advierte que en el Estado de México no hay un embate hacia los órganos autónomos, pero sí un debate institucional y han sido invitados a analizar una posible reforma a la Constitución, donde se podrán revisar modelos.
En el Infoem el 80% de las resoluciones han sido a favor de la ciudadanía, al revocar o modificar la respuesta de la autoridad y ordenar la entrega de la información, y este año tiene un presupuesto de 174 millones que significan el 0.05% del presupuesto total estatal.
Son los que más recursos resuelven de todos los órganos locales.
Según la página del instituto, el Infoem puede aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios para sancionar a los servidores públicos quienes no cumplan las obligaciones.
Los funcionarios deben apegarse a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México.
Las sanciones dependen de la gravedad de la conducta manifestada, conforme con dicha normatividad.
En todos los casos, al determinar la aplicación de la sanción correspondiente, es necesario tomar en cuenta la reincidencia en que incurran los funcionarios.
Asimismo, el Infoem está facultado para formular extrañamientos públicos a los sujetos obligados que actualicen alguna de las causas de responsabilidad administrativa establecidas en la citada legislación, sin necesidad de iniciar el procedimiento administrativo disciplinario.
Se puede, incluso, para dar vista al Ministerio Público, cuando algún servidor público preste caso omiso a los requerimientos y resoluciones para la entrega de la información.
En tales casos, se deben investigar las conductas u omisiones evidenciadas.
Es que de conformidad con lo establecido en el artículo 152 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios , cualquier persona podrá presentar solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través del sistema electrónico o de la Plataforma Nacional, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Instituto o por el Sistema Nacional.
Ahora bien, para realizar su solicitud de información de manera verbal deberá acudir al domicilio de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado del cual desea consultar información, donde deberán recibir y responder la solicitud en el momento, de no ser posible, deberá auxiliar al particular para iniciar el procedimiento de acceso a la información pública y presentar su solicitud de manera escrita o electrónica, además de tramitar de manera interna la solicitud de información y verificar que la misma no sea confidencial o reservada.
Si el Sujeto Obligado no genera, posee o administra la documentación que requiere, debe orientársele para que se dirija a la Unidad de Transparencia que corresponda y realice su solicitud.
Es importante saber que de acuerdo con lo establecido en el artículo 152 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informar la solicitud por escrioa deberá contener el nombre del solicitante, su domicilio o en su caso correo electrónico para recibir notificaciones.
Evaluar los órganos de transparencia
Los integrantes de los órganos estatales de transparencia no deben caer en pánico ante la propuesta de eliminar el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) aseguró José Guadalupe Luna Hernández.
El comisionado del Instituto de Acceso a la Información en la entidad (Infoem) afirmó que con la propuesta del presidente de la República los órganos garantes están sometidos a una evaluación.
La forma como se ha tutelado el derecho de acceso a la información ha tenido avances, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestiona el desempeño de los integrantes del INAI, pues el hecho de no provenir de un partido no garantiza imparcialidad, detalla.
Un ejemplo es Josefina Román, expresidenta del Infoem y actual comisionada del INAI, quien nunca formó parte de un proyecto político partidario, pero que sus intereses, enfatiza Luna Hernández, siempre estuvieron adscritos a los del grupo en el poder.
Durante la década anterior, apunta, en el Estado de México se hicieron las mismas reformas que en el país en materia de fiscalización, de acceso a la información, la reforma judicial; sin embargo, en la entidad las cosas no han cambiado mucho, pues se mantuvo la corrupción y se preparó la estrategia para que el anterior presidente ganara.
Su opinión es que en lugar de alarmarse los órganos garantes acepten someterse a un examen para ver si el actual diseño funciona, si ha sido suficiente porque algunos actores ahora muy críticos en el pasado fueron tímidos en temas como la Ley de Seguridad Interior, donde la prensa presionó al INAI a promover una acción de inconstitucionalidad. La autonomía, subraya, no sólo es ante el Ejecutivo, sino ante todos los poderes.
Desde su perspectiva existe la necesidad de reformar, de buscar instituciones más funcionales y útiles y las entidades tendrían que replicar una posible revisión de los órganos garantes, pero, opina, la Secretaría de la Función Pública no sería la indicada para atender estos temas, aunque se podrían buscar perfiles a través de exámenes de conocimientos, disminución de beneficios y un régimen de responsabilidades más fuerte con la obligación de comparecer ante el Poder Legislativo.
Lo ideal, opina, no es desaparecer los órganos, pero sí reformarlos.
"Es una gran oportunidad la que el presidente plantea de someter a debate a los órganos garantes".
Plantea ir más allá de lo que los grupos académicos tradicionales señalan en el debate, buscar a sectores que día a día enfrentan los obstáculos.
El INAI, afirma, se ha fortalecido presupuestalmente, pero no ha sabido gastar, salvo el tema de la plataforma tiene muchos gastos, pero el presupuesto no ha bajado a las entidades y los comisionados están en eventos todos los días.
"Tal vez deberían tener menos vida social y verificar más la plataforma y sus resoluciones", considera.
Grave retroceso
Brenda Escamilla Sámano, presidenta de la Comisión de Transparencia y diputada del PAN opina que el presidente se equivoca, pues un órgano autónomo garantiza la protección de datos personales y el acceso a la información pública, por lo cual el problema no es la existencia del INAI, pues gracias a instituciones como esa se han dado a conocer temas como la Casa Blanca y la Estafa Maestra.
Considera inadecuado que el tema de transparencia deba depender del gobierno, pues no puede ser juez y parte, pero estuvo de acuerdo en que debe haber una revisión de su funcionamiento, su estructura, los resultados arrojados, salarios de los integrantes, entre otros.
La diputada asegura que se ha avanzado mucho, por lo cual desaparecer al INAI sería un retroceso y tendría un impacto en los órganos locales desde el tema económico, lo cual sería un sinsentido porque Transparencia Internacional recomendó fortalecer la Auditoría Superior de la Federación y los órganos de Transparencia, pero no hay una máxima publicidad y la repercusión, alerta, sería terrible.
Admite que en el Estado de México han fortalecido al instituto en temas como el presupuesto, pero si desapareciera el INAI el Infoem estaría en riesgo. "No podemos decir que no va a suceder, creo que sí podría haber repercusiones porque tienen mayoría", precisa, al tiempo de advertir que de haber esa intención defenderían "con todo" al órgano garante local.
El tema sigue en el debate, pero por ahora Morena, con mayoría en la Legislatura mexiquense, no se ha pronunciado, aunque sí ha anunciado que con los trabajos por una reforma integral habrá una revisión a todas las instituciones.
El diputado de Morena, Faustino de la Cruz, señala brevemente que el tema del Infoem no se ha tocado en el grupo parlamentario, pero podría analizarse en los trabajos de la reforma integral a la carta magna de la entidad.
