Toluca, México.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió que el Gobierno del Estado de México no reportó en la Cuenta Pública 2017 las obligaciones del sistema de pensiones y jubilaciones, a través de una valuación actuarial, pero tampoco ha constituido, ni incrementado las reservas de las pensiones futuras; de hecho no realizó –hasta ese año- un estudio actuarial.
Por ello, advirtió que la entidad no contaba con los elementos para realizar una planeación financiera que le permitiera incrementar las reservas en el corto, mediano y largo plazos y eso constituía riesgos en la sostenibilidad de las finanzas públicas presentes y futuras.
En lo referente al sistema de pensiones y jubilaciones del Gobierno del Estado de México, que ha restringido y limitado las finanzas públicas, se observó que no reportó en la Cuenta Pública 2017 las obligaciones presentes y futuras estimadas mediante valuación actuarial; no ha constituido e incrementado las reservas de las pensiones futuras; ni ha realizado el estudio actuarial.
Incluso, alertó que las pensiones se materializarán y serán exigibles en el mediano y largo plazos, además de que se incrementarán, si el esquema de pensiones vigente prevalece, y el número de trabajadores activos con derechos a percibir una pensión aumenta.
En la tercera entrega del informe de la Cuenta Pública 2017, la ASF precisó que de acuerdo con el artículo 5, fracción V, del Título Segundo “Reglas de Disciplina Financiera” de la Ley de Disciplina Financiera las entidades federativas deben incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos el resultado del estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores.
Ese estudio se debe actualizar cada tres años e incluir población afiliada, edad promedio, características de las prestaciones otorgadas, monto de reservas de las pensiones, el periodo de suficiencia y el balance actuarial.
Sin embargo, el estudio actuarial que el Gobierno utilizó para el paquete fiscal de ese año correspondió a los resultados de la valuación correspondiente de 2014 para el Instituto de ISSEMyM; por lo cual la ASF señaló que el Gobierno del Estado debía gestionar la elaboración del estudio actuarial, a fin de estimar el pasivo derivado de las obligaciones laborales a su cargo y el monto de la reserva requerida.
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Aun cuando el ISSEMyM administra las jubilaciones, pensiones y beneficiarios, la ASF advirtió que quien debe prever y garantizar la suficiencia financiera para el cumplimiento de las obligaciones de los trabajadores activos, pensionados y beneficiarios es el Gobierno del Estado, en lo que corresponde a sus afiliados.
