Pese a que varios artículos de la Ley de Movilidad vigente que regula el transporte público mexiquense, precisan una serie de obligaciones para generar un servicio de calidad, estos no se cumplen, ni por las líneas y la propia autoridad estatal.
De acuerdo con los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Movilidad, en la entidad la Secretaría de Movilidad y las empresas están obligadas a generar un servicio eficiente y de calidad, que considere rutas rápidas y seguras, con unidades en buenas condiciones.
Mientras que de forma específica, se obliga que haya infraestructura para ciclovías y andadores verdes en todas las rutas y derroteros en los que el transporte público.
Para ello, incluso la Ley considera la operatividad de un Comité Vigilante, que evalúa y, en su caso, sanciona el incumpliendo de estos requerimientos.
Otra de las irregularidades es el castigo a las líneas transportistas que se ven envueltas en hechos de tránsito, pues actualmente la ley de Movilidad considera el retiro de concesión como castigo.
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El frente de colectivos que integran No al Tarifazo Edomex ha propuesto que, como castigo a empresas que causen la muerte de una persona, se les retire la concesión.
"Exigimos retiro de concesiones a las empresas negligentes que generen víctimas", señalaron en un exhorto hecho vía sus redes sociales.
Asimismo, propusieron que se de fin al modelo del sistema de transporte "Hombre-Camión", y con lo cual se permita capacitar y garantizar pagos vía nómina a los operadores para evitar que estén obligados a manejar a exceso de velocidad.
"Generando un sistema de transporte integrado, los estándares subirían, bajaría inseguridad, tráfico y contaminación, se eliminaría la guerra del centavo, se le daría seguridad laboral a los operadores, jornadas de ley y prestaciones sociales. Falta empujar el reglamento de la Ley de Movilidad", expusieron los activistas.
Otro de los conflictos en dicho sector son los procesos judiciales que enfrentan las víctimas del transporte público pues, en la mayoría de las ocasiones, las familias no obtienen indemnizaciones y los operadores no llegan a prisión.
Los casos más recientes son el de la Fátima, quien falleció arrollada por una unidad de la línea Atsuzi en la Constitución Totoltepec en Toluca y el chofer salió en libertad.
Así como el caso de Felipe Salas, un trabajador jubilado quien murió atropellado en la esquina de Isidro Fabela y Miguel Hidalgo por un camión de la línea Flecha de Oro este año.
En dicho caso, la empresa tampoco se ha hecho responsable y el operador continúa en servicio.