La Red Mexiquense de Gobierno Abierto advirtió que las designaciones de comisionadas y comisionados de transparencia locales, por parte de la Legislatura mexiquense, tuvieron serias deficiencias en transparencia y rendición de cuentas, pues el proceso no cumplió con el principio de máxima publicidad.
A través de un pronunciamiento advirtió que la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Legislatura del Estado de México no garantizó ese principio constitucional, ni tampoco la transparencia, independencia y participación de la sociedad que mandata el artículo 38 de la Ley General de Transparencia (LGTAIP).
La Red enumeró varias deficiencias para exhibir la opacidad con que trabajó el Congreso local, y alertó que eso restó legitimidad y confianza al proceso, pues no hay certeza de que las designaciones no hayan sido producto de acuerdos cupulares y cuotas partidistas.
Por ello, señaló la necesidad de realizar reformas legales para garantizar la transparencia en futuros procesos de designación.
El pronunciamiento enfatiza que nunca se transparentó de manera oficial una lista con el nombre de las personas registradas como aspirantes, ni se publicaron los criterios de evaluación que se utilizarían para garantizar que las y los designados cumplieran con el perfil idóneo y experiencia en materia de acceso a la información pública y de protección de datos personales.
También criticó que las entrevistas fueron a puerta cerrada, y el acuerdo enviado al pleno de la Cámara de Diputados con la propuesta de designaciones no fue publicado en gaceta, ni se incluyeron calificaciones o valoraciones de las y los participantes; por lo cual la decisión no fue motivada, ni fundada de manera suficiente.
La Red de Gobierno Abierto advirtió que aún cuando el acuerdo menciona que se transparentó el proceso, por el simple hecho de haber publicado la convocatoria; y se consultó a la sociedad, por haber realizado entrevistas a los aspirantes, es a todas luces insuficiente, pues no hubo máxima publicidad.
También alertó que al no transmitirse en vivo las sesiones de entrevistas, ni definir criterios básicos de valoración de las candidaturas, la Junta de Coordinación Política restó legitimidad y certeza a la designación del órgano garante.
Las organizaciones que integran la Red señalaron que independientemente de la trayectoria y capacidades de quienes fueron designadas y designados, por la falta de un proceso transparente no existe certeza de que las designaciones no deriven de acuerdos cupulares, de cuotas partidistas, o de tráfico de influencias.
Eso, afirmaron, vulnera la autonomía, independencia, imparcialidad y profesionalismo que debe observar el Infoem.
Por ello, exhortaron a las y los diputados locales a revisar el marco legal y a impulsar las reformas necesarias para garantizar que los procesos de designaciones que realice el Poder Legislativo cumplan con el principio de máxima publicidad, ética pública y participación ciudadana y se alejen de acuerdos cupulares y opacos.
También llamaron a las y los comisionados del Infoem a diseñar y aprobar un protocolo para identificar y prevenir conflictos de interés, además de publicar de manera proactiva sus declaraciones fiscales, patrimoniales y de intereses, de acuerdo con los estándares del Sistema Nacional Anticorrupción para garantizar la independencia e imparcialidad de sus decisiones.
Pidieron consolidar el servicio profesional del infoem, de acuerdo con los lineamientos aprobados el 4 de noviembre del 2016, para que los procesos de asignación, permanencia y promoción de personal se desarrollen observando las disposiciones, a fin de fortalecer la estabilidad, profesionalismo e independencia del instituto, contar con un servicio especializado en la materia y proteger los derechos del personal que ahí labora.
También exhortaron a las y los comisionados a hacer uso de las facultades, recientemente aprobadas por la Legislatura, para presentar una iniciativa de reforma a la Ley de transparencia local, con el fin de que los procesos subsecuentes de designación cumplan con estándares de transparencia, participación y rendición de cuentas en el proceso y en el resultado.
Consideraron que en la medida en que existan instituciones más fuertes e inclusivas y rindan cuentas habrá un Estado de Derecho que garantice un desarrollo sostenible para toda la ciudadanía.
