/ jueves 12 de mayo de 2022

Organizaciones Defensoras piden liberación de Kenia Hernández

Acusan que ha sido criminalizada y discriminada; piden juicios justos

Organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación por la continuidad en la criminalización y detención arbitraria de la activista y defensora Kenia Inés Hernández Montalván, recluída en el penal de alta seguridad de Morelos desde octubre del 2020, acusada de los delitos de "ataque a las vías de comunicación en pandilla" y de "robo con violencia con uso de arma".

Las organizaciones acusaron la existencia de actos de discriminación en los procesos judiciales en su contra, derivados de su género y su pertenencia al pueblo indígena amuzga y señalaron que hay nueve causas penales en contra de Kenia: dos a nivel local en el Estado de México y siete en el ámbito federal en Guerrero, Guanajuato y Morelos.

Derivado de eso existen dos sentencias condenatorias en contra de Hernández Montalván: una por once años y tres meses de prisión y otra de diez años y seis meses. Ambas se encuentran en fase de apelación.

Las organizaciones firmantes son: el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, un programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura, FIDH en el marco del observatorio para la protección de Los Defensores de Derechos Humanos, CIVICUS, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Front Line Defenders y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México.

A través de una carta abierta dirigida al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; al secretario de Gobernación, Adán Augusto; a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda; al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, los colectivos se mostraron preocupados por las restricciones al derecho a la protesta social y el uso indebido del derecho penal utilizado contra Kenia Hernández.

Urgieron a las autoridades mexicanas a tomar las medidas necesarias para poner fin a su detención arbitraria y a los numerosos procesos de criminalización en su contra y pidieron se garantice el derecho a un juicio justo e imparcial con perspectiva de género y teniendo en cuenta las especificidades culturales de ser mujer indígena en la totalidad de los procesos judiciales en su contra.

Recordaron que Kenia Hernández es una mujer indígena amuzga, abogada originaria de Xochistlahuaca, Guerrero, defensora de los derechos de las mujeres, la tierra y los pueblos indígenas y ha acompañado sobrevivientes de violencia machista, a familiares de víctimas de feminicidio, además de defender a personas injustamente recluidas y afectadas por actividades de empresas extractivas multinacionales.

Consideraron que se encuentra recluida precisamente por su legítima labor en defensa de los Derechos Humanos, por lo cual las organizaciones han emitido reiterados llamados a las autoridades de México solicitando la liberación y el fin de procedimientos judiciales contra Kenia Hernández.

Su detención, de acuerdo con esos colectivos, responde a un contexto de criminalización de la protesta social y de las personas defensoras de Derechos Humanos en Guerrero y en el territorio mexicano.

También denunciaron que por cuestiones burocráticas se ha negado el acceso a sus representantes legales, la participación presencial a las audiencias, argumentando su carácter de presa de máxima seguridad y no se le ha permitido recibir visitas de familiares, bajo argumentos relacionados con la pandemia.

Por eso, ella ha emprendido dos huelgas de hambre de dos meses cada una, lo cual ha profundizado su condición de vulnerabilidad.

Las organizaciones se mostraron consternadas por los procesos de criminalización contra Kenia Hernández, vinculados, aseguraron, a empresas extractivas multinacionales para castigar y poner fin a su legítimo trabajo en defensa de los Derechos Humanos que realiza la activista, y particularmente su participación pacífica en manifestaciones que exigían la aparición con vida del abogado defensor de Derechos Humanos Arnulfo Cerón, la libertad de defensores integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota y la protección a mujeres víctimas de violencia machista de la región de Costa Chica en Guerrero.

Incluso, refirieron que ella ha sido reconocida por el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha llamado a respetar su derecho al debido proceso y reprocharon que aún cuando ella ha solicitado un intérprete en idioma amuzgo, la petición fue desestimada por el juez, vulnerando el artículo segundo de la Constitución mexicana.

Además, señalaron, el juez desestimó la solicitud de aplicar la perspectiva de género en los procedimientos judiciales contra Kenia Hernández, argumentando que solo era aplicable a mujeres sumisas o víctimas de violencia de género en el entorno doméstico.

Añadieron que la privación arbitraria de su libertad, en cuanto a madre y único sustento de sus hijos menores de edad vulnera las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas, pues las mujeres detenidas deben ser enviadas a centros de reclusión cercanos a su hogar y facilitar el contacto con sus familiares, incluidos sus hijos.

Organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación por la continuidad en la criminalización y detención arbitraria de la activista y defensora Kenia Inés Hernández Montalván, recluída en el penal de alta seguridad de Morelos desde octubre del 2020, acusada de los delitos de "ataque a las vías de comunicación en pandilla" y de "robo con violencia con uso de arma".

Las organizaciones acusaron la existencia de actos de discriminación en los procesos judiciales en su contra, derivados de su género y su pertenencia al pueblo indígena amuzga y señalaron que hay nueve causas penales en contra de Kenia: dos a nivel local en el Estado de México y siete en el ámbito federal en Guerrero, Guanajuato y Morelos.

Derivado de eso existen dos sentencias condenatorias en contra de Hernández Montalván: una por once años y tres meses de prisión y otra de diez años y seis meses. Ambas se encuentran en fase de apelación.

Las organizaciones firmantes son: el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, un programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura, FIDH en el marco del observatorio para la protección de Los Defensores de Derechos Humanos, CIVICUS, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Front Line Defenders y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México.

A través de una carta abierta dirigida al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; al secretario de Gobernación, Adán Augusto; a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda; al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, los colectivos se mostraron preocupados por las restricciones al derecho a la protesta social y el uso indebido del derecho penal utilizado contra Kenia Hernández.

Urgieron a las autoridades mexicanas a tomar las medidas necesarias para poner fin a su detención arbitraria y a los numerosos procesos de criminalización en su contra y pidieron se garantice el derecho a un juicio justo e imparcial con perspectiva de género y teniendo en cuenta las especificidades culturales de ser mujer indígena en la totalidad de los procesos judiciales en su contra.

Recordaron que Kenia Hernández es una mujer indígena amuzga, abogada originaria de Xochistlahuaca, Guerrero, defensora de los derechos de las mujeres, la tierra y los pueblos indígenas y ha acompañado sobrevivientes de violencia machista, a familiares de víctimas de feminicidio, además de defender a personas injustamente recluidas y afectadas por actividades de empresas extractivas multinacionales.

Consideraron que se encuentra recluida precisamente por su legítima labor en defensa de los Derechos Humanos, por lo cual las organizaciones han emitido reiterados llamados a las autoridades de México solicitando la liberación y el fin de procedimientos judiciales contra Kenia Hernández.

Su detención, de acuerdo con esos colectivos, responde a un contexto de criminalización de la protesta social y de las personas defensoras de Derechos Humanos en Guerrero y en el territorio mexicano.

También denunciaron que por cuestiones burocráticas se ha negado el acceso a sus representantes legales, la participación presencial a las audiencias, argumentando su carácter de presa de máxima seguridad y no se le ha permitido recibir visitas de familiares, bajo argumentos relacionados con la pandemia.

Por eso, ella ha emprendido dos huelgas de hambre de dos meses cada una, lo cual ha profundizado su condición de vulnerabilidad.

Las organizaciones se mostraron consternadas por los procesos de criminalización contra Kenia Hernández, vinculados, aseguraron, a empresas extractivas multinacionales para castigar y poner fin a su legítimo trabajo en defensa de los Derechos Humanos que realiza la activista, y particularmente su participación pacífica en manifestaciones que exigían la aparición con vida del abogado defensor de Derechos Humanos Arnulfo Cerón, la libertad de defensores integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota y la protección a mujeres víctimas de violencia machista de la región de Costa Chica en Guerrero.

Incluso, refirieron que ella ha sido reconocida por el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha llamado a respetar su derecho al debido proceso y reprocharon que aún cuando ella ha solicitado un intérprete en idioma amuzgo, la petición fue desestimada por el juez, vulnerando el artículo segundo de la Constitución mexicana.

Además, señalaron, el juez desestimó la solicitud de aplicar la perspectiva de género en los procedimientos judiciales contra Kenia Hernández, argumentando que solo era aplicable a mujeres sumisas o víctimas de violencia de género en el entorno doméstico.

Añadieron que la privación arbitraria de su libertad, en cuanto a madre y único sustento de sus hijos menores de edad vulnera las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas, pues las mujeres detenidas deben ser enviadas a centros de reclusión cercanos a su hogar y facilitar el contacto con sus familiares, incluidos sus hijos.

Local

Localizan en Jilotzingo a reporteros extraviados que ingresaron en zona de incendio forestal

Los comunicadores estaban en el punto de Llano Grande, para dar cobertura sobre un incendio forestal cuando se perdió el contacto con ellos

Local

Incendios consumen bosque de La Teresona

Esta tarde bomberos de Toluca realizaron labores de combate y uno de ellos resultó lesionado por lo que fue trasladado a un hospital de la zona

Local

Retiran bloqueo de casi nueve horas en la Texcoco-Lechería; vecinos de Ecatepec piden agua

Este mismo grupo de vecinos bloquearon hace unos días la avenida Nacional impidiendo el paso del Mexibús

Local

Pobladores de Xochicuautla liberan bloqueo en la autopista Toluca-Naucalpan

El bloqueo duro al rededor de 10 horas debido a que denunciaron que el gobierno no les ha proporcionado el apoyo suficiente para sofocar el incendio

Policiaca

Volcaduras en Ixtapaluca y Cuautitlán Izcalli dejan varios lesionados

Los percances ocurrieron en las autopistas México-Puebla y México-Querétaro, ambos en dirección a la capital del país

Local

Persisten 19 incendios forestales en Edomex

Decenas de brigadistas combaten en diferentes puntos el fuego; varios de los incendios habrían sido provocados