En el Estado de México y en el país ser una persona Trans es exponerse a una cacería de brujas, pues son discriminadas e invisibilizadas y muchas veces no hay médicos especialistas que las quieran atender.
Durante el foro "Rumbo al Reconocimiento de los Derechos de las personas Trans", integrantes de esa comunidad exigieron a la Legislatura mexiquense aprobar la Ley de Identidad de Género para existir legal y jurídicamente.
Tener documentos, advirtieron, les garantiza acceso a servicios y requieren las mismas oportunidades, el ejercicio y goce de derechos, especialistas que lo atiendan, pero también contar con redes de apoyo y garantizar el ejercicio democrático de votar y ser votadas.
Araceli Casasola, diputada del PRD y organizadora del evento advirtió que la comunidad trans lleva muchos años en la batalla, por lo cual buscan alzar la voz, generar conciencia y apoyarlos porque todos los días son víctimas de prejuicios.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, advirtió, señala que la esperanza de vida de las personas trans es de sólo 35 años y pese a que el sol azteca ha impulsado iniciativas para reconocer los matrimonios igualitarios, la identidad de género, entre otras, no han sido aprobadas.
Tania Vázquez, activista y feminista trans, representante de la Asociación Mujeres Trans famosas Toluca y fundadora de acciones como el comedor comunitario, reprochó que en el Estado de México han tratado a las mujeres trans como mujeres de segunda y lo ha hecho también la Legislatura, al omitir en sus 60 ediciones, sus derechos.
No reconocerlas, alertó, las mantiene invisibilizadas, víctimas de discriminación en un ambiente machista y retrógrada que la mayoría de las veces empieza en la marginación e invisibilización familiar y con la negativa al acceso a servicios como la salud y la falta de seguridad jurídica que les impide su libre desarrollo.
Advirtió que requieren ser reconocidas para acceder a servicios y derechos como salud y trabajos dignos, el derecho al sufragio sin discriminación y a ser votadas. Incluso, planteó la necesidad de una casa para sobrevivientes trans, pues su probabilidad de vida no es mayor a 35 años.
La Ley de Identidad de Género, explicó, les permitiría tramitar su credencial de elector, un elemento jurídico que materializa su derecho a una identidad.
Los Derechos Humanos, enfatizó, son universales y no se consultan y las personas trans tienen necesidades específicas como una atención médica especializada, educación sin discriminación, trabajos dignos y bien pagados; así como servicios de procuración y administración de justicia con perspectiva de género.
Sharon Hernández voluntaria y activista ambiental, integrante del Consejo Consultivo contra la Discriminación advirtió la necesidad de que les garanticen sus derechos, entre ellos, a servicios de salud sin discriminación, a que nadie las moleste, ni las agreda.
Diego Martínez refirió que de acuerdo con la encuesta Discriminación por Orientación Sexual de Identidad de Género del 2018, realizada por el Consejo contra la Discriminación y la CNDH, el 76.6% de encuestados, miembros de la comunidad LGBT+, han sentido discriminación y un trato diferente del personal médico y un 49.4% prefirió ocultar su identidad para no ser víctima de discriminación.
Urgió a reconocer la identidad, no para curarse, porque no hay nada que curar, sino para reconocer y garantizar derechos y exhibió que apenas uno de cada 200 endocrinólogos deciden realizar tratamientos de reemplazo hormonal. Pidió no inculcar que ser trans es una enfermedad.
Recordaron que durante la pandemia y pese a la discriminación hicieron redes de apoyo para apoyar a los sectores más vulnerables, con comedores comunitarios.
