La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Arali Soto Fragoso, llamó a todas las instituciones del Estado mexicano a garantizar la libertad y seguridad para el ejercicio del voto y se comprometió a que esa institución actuará en el proceso electoral con autonomía, independencia, imparcialidad y sin presiones.
“Nada ni nadie habrá de presionar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, sostuvo y añadió que está garantizado que se respeta el derecho al voto.
También afirmó que el perfil de las y los magistrados está probado, pues son perfiles técnicos y no políticos, con amplia experiencia en el quehacer electoral. “Por ello les digo a todas y todos: estén tranquilos, la justicia electoral en México en sus tres niveles local, regional y en la Sala Superior está en manos de expertas y expertos”.
Los retos, afirmó, no los toman desprevenidos.
- También puedes leer: Blindarán elecciones en Edomex
Añadió que enfrentarán los retos con una alta capacidad de respuesta en sentencias sustentadas en experiencia, prontitud y harán prevalecer la constitucionalidad y legalidad. Garantizó que el proceso electoral llegará a buen puerto.
Durante el Informe de labores de la Sala Toluca 2022- 2023 llamó a las y los magistrados de la Sala Superior y de las salas regionales a actuar como hasta ahora, con plena independencia y autonomía, sin temor a los combates de diversos actores o actoras políticos, que tal vez busquen poner en entredicho la impartición de justicia.
“No permitamos ninguna intervención de fuerza alguna que no sea la Constitución y las leyes que de ella emanan y que debemos observar. Renovemos fuerzas y entreguemosle a la sociedad mexicana la certeza de que su voto está plena y completamente garantizado y será protegido por estas instancias de impartición de justicia”.
Su participación en el proceso electoral, dijo, deberá garantizar una justicia electoral que fomente la cultura de la igualdad, de la inclusión, de la no violencia contra nadie, ni contra las mujeres y la defensa de los derechos político electorales, de las personas de la diversidad sexual, migrantes, indígenas, afrodescendientes con alguna discapacidad en situación de prisión preventiva, entre otras.
Convocó a la sociedad civil a participar el 2 de junio, garantizó que el voto se respetará con un trabajo profesional, transparente y eficiente del tribunal electoral y pidió a las autoridades electorales no tener duda de que velarán por los derechos político electorales.
La magistrada presidenta de la Sala Superior enfatizó que este proceso electoral será el más grande, el más inclusivo y el alto número de impugnaciones relacionados con la violencia política en razón de género obliga a juzgar con perspectiva de género, de inclusión y a tener como punto central a las personas.
El magistrado de la Sala Superior, Felipe Fuentes Barrera, afirmó que en este 2024 se avisora marea alta en el horizonte por los más de 20 mil cargos que estarán en juego y los 98 millones de mexicanos a mexicanos llamados a votar.
El proceso electoral, advirtió, requerirá un despliegue electoral sin precedentes con más de 170 mil casillas en todo el país y un millón y medio de ciudadanas y ciudadanos serán capacitados para recibir los votos, escrutarlos y llenar las actas el 2 de junio.
Llamó a estar atentos a posibles campañas de desinformación que buscarán polarizar al electorado, pues la desinformación es un gran reto a nivel mundial, y el 85% de las y los ciudadanos la consideran una amenaza real y grave que puede crear influencia en el resto de las y los electores.
En México, añadió, el 61% de la población usa las redes sociales como su fuente primaria de información y consideran que ahí es donde se difunde en mayor medida la post verdad y esperan acciones de las autoridades, pues el 53% de personas encuestadas están completamente de acuerdo en poder requerir a las plataformas de redes sociales implementar medidas para proteger la integridad de las elecciones y el 37% están simplemente de acuerdo.
Informe
El magistrado presidente de la Sala Toluca, Alejandro Avante, refirió que enfrentaron varios ratos, entre ellos, la modificación de su competencia con la llegada de Querétaro.
Dijo que tuvieron 146 sesiones privadas y 41 públicas, además resolvieron 440 asuntos, la mayoría del Estado de México y el medio de mayor prevalencia fue el juicio de la ciudadanía, mientras las temáticas más recurrentes fueron las vinculadas con violencia política contra las mujeres en razón de género, actos internos de partidos políticos, fiscalización y comunidades indígenas, pero uno de los temas más relevantes fue el voto en prisión preventiva que se implementó en la entidad mexiquense para la elección a la gubernatura.
La Sala Toluca, dijo, fue pionera en la protección y defensa de quienes promovieron juicios desde prisión. Asignó de oficio un defensor público y emitió el criterio de que el centro de reclusión es el que debe ser considerado como domicilio para emitir el voto.
También resaltó que disminuyeron el tiempo de resolución de 14 a 11 días en temas electorales y en asuntos laborales de 16 a 15 días y el 16% de ellos fueron resueltos el mismo día.
Además, señaló, sólo el 7.5% de sentencias fueron recurridas y la efectividad fue del 99.77%, pues solo una resolución fue revocada.
El magistrado presidente refirió que en noviembre de este año la sala cumplirá 28 años de su fundación.
Este año, dijo, enfrentan una elección sin precedentes no solo por el número de cargos a elegir; sino también por la gran cantidad de retos que enfrentan las autoridades electorales, pero aseguró que no están desprevenidos y trabajan todos los días para cumplir con las expectativas de la ciudadanía con independencia, imparcialidad y autonomía.
