/ jueves 8 de febrero de 2018

Piden a Infoem aplicar la ley sin pretexto

Piden más firmeza para obligar a poderes, dependencias y órganos a transparentarse

Con el fortalecimiento presupuestal al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México y Municipios (Infoem) debe haber resultados contundentes y, de ser necesario, sanciones a los sujetos obligados que no cumplan con la nueva Ley de Transparencia estatal.

La presidenta de la comisión legislativa de Transparencia y Combate a la Corrupción, María Fernanda Rivera, advirtió que no hay pretextos para no hacer valer la ley y el órgano garante debe ser más firme y mostrar resultados contundentes.

“El reto es no poner pretextos, en la cámara hemos hecho nuestra parte, el tema presupuestal está ahí demostrado, desde el primer presupuesto que nos tocó en esta Legislatura abonamos para que se fortaleciera el tema presupuestal que era un poco lo que alegaban, que no tenían plazas, que no tenían con qué sancionar, investigar; bueno, se está fortaleciendo el ser y quehacer del órgano garante”.

Para este año, la Legislatura local autorizó un alza superior al 41 por ciento al Infoem, el más alto de los últimos años, con lo cual contará con 155 millones 583 mil pesos para hacer frente a las nuevas obligaciones que tiene, pues forma parte del Sistema Anticorrupción.

La nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios cumplió un año y nueve meses de haber sido publicada, y pese a los plazos otorgados para que todos los sujetos obligados (Gobierno estatal, Legislatura, Poder Judicial, gobiernos municipales, sindicatos, partidos, fideicomisos y órganos autónomos), den a conocer su información pública, varios, sobre todo los municipios, no cumplen con las obligaciones que les marca la nueva norma.

Esa nueva ley establece 52 obligaciones comunes a todos los que reciben recursos públicos y otras específicas que todos deben acatar para dar a conocer sus gastos y temas obligados como: nóminas, salarios, contratos, licitaciones, entre otros.

Quienes no cumplan podrían ser sancionados, pues la ley señala medidas de apremio que van de 11 mil a 110 mil pesos a quienes no tengan sus páginas web, no actualicen su información, no la entreguen, o bloqueen sus portales.

La diputada María Fernanda Rivera advirtió que se requieren resultados contundentes, y de ser necesario aplicar sanciones y que los sujetos obligados “se pongan las pilas”, pero también mayor firmeza. “Faltan las sanciones, en particular el seguimiento”, advirtió.

La legisladora local opinó que ya no hay tiempo para más diagnósticos, pues los ciudadanos quieren resultados y es necesario que las instituciones muestren eficiencia.

Con el fortalecimiento presupuestal al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México y Municipios (Infoem) debe haber resultados contundentes y, de ser necesario, sanciones a los sujetos obligados que no cumplan con la nueva Ley de Transparencia estatal.

La presidenta de la comisión legislativa de Transparencia y Combate a la Corrupción, María Fernanda Rivera, advirtió que no hay pretextos para no hacer valer la ley y el órgano garante debe ser más firme y mostrar resultados contundentes.

“El reto es no poner pretextos, en la cámara hemos hecho nuestra parte, el tema presupuestal está ahí demostrado, desde el primer presupuesto que nos tocó en esta Legislatura abonamos para que se fortaleciera el tema presupuestal que era un poco lo que alegaban, que no tenían plazas, que no tenían con qué sancionar, investigar; bueno, se está fortaleciendo el ser y quehacer del órgano garante”.

Para este año, la Legislatura local autorizó un alza superior al 41 por ciento al Infoem, el más alto de los últimos años, con lo cual contará con 155 millones 583 mil pesos para hacer frente a las nuevas obligaciones que tiene, pues forma parte del Sistema Anticorrupción.

La nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios cumplió un año y nueve meses de haber sido publicada, y pese a los plazos otorgados para que todos los sujetos obligados (Gobierno estatal, Legislatura, Poder Judicial, gobiernos municipales, sindicatos, partidos, fideicomisos y órganos autónomos), den a conocer su información pública, varios, sobre todo los municipios, no cumplen con las obligaciones que les marca la nueva norma.

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