Toluca, México.-La Legislatura mexiquense exhortó a los 125 municipios del Estado de México a aplicar la “austeridad republicana”, en sus salarios y a atender los límites propuestos por el Consejo de Valoración Salarial del Estado de México.
Los diputados pidieron a los ediles conducirse bajo los principios de transparencia y eficiencia, evitando salarios excesivos y también exhortaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial mexiquense a que se retiren o sobresean las causas penales contra el activista José Humbertus Pérez Espinoza.
Asimismo exhortaron a la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), a los municipios, y a los Organismos Operadores del Agua de la entidad para que impulsen el uso eficiente del recurso, sistemas de detección y eliminación de fugas, el incremento de eficiencias físicas y comerciales, así como el tratamiento y reuso del agua, captación y aprovechamiento del agua de lluvia.
El llamado a atender salarios
La diputada Monserrat Ruíz de Morena refirió que el Consejo de Valoración Salarial del Estado de México ha recomendado a los tres poderes del gobierno estatal disminuir los salarios de los altos mandos, con el fin de ajustarse a las directrices nacionales que hoy demandan austeridad y que piden no percibir más de 108 mil pesos al mes, el sueldo neto del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
El coordinador del PT, Armando Bautista señaló que los cargos no son para servirse y llamó a no solo hacer el exhorto, sino a exhibir a quienes tengan altos salarios.
Piden libertad de activista
En el segundo exhorto denunció que se han fabricado cuatro carpetas de investigación contra José Humbertus Espinoza y el propio comisionado de la ONU ha reconocido el caso. Sostuvo que el activista del Frente por la Vivienda es un prisionero de conciencia a quien se le debe dar su libertad porque es inocente, pues ha sido acusado de robo, pero ha ganado amparos porque no hay pruebas en su contra.
Por lo que toca al agua, Juan Jafett Millán del PRI dijo que según la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) la entidad cuenta con una población de 17.5 millones de habitantes, a los que se les oferta 47 metros cúbicos de agua por segundo, una dotación media de 232 litros por habitante por día, pero entre el 30 y 40% del vital líquido se pierde por fugas; por lo cual los municipios y la CAEM deben actuar.
Los diputados enviaron a comisiones la propuesta del PT para exhortar a la secretaría de Movilidad a suspender los actos de visita, inspección y verificación al transporte público concesionado en la modalidad de taxis. El diputado Javier González señaló que el rezago en la tramitación de prórrogas es inaceptable, pues al parecer el Estado desconoce quiénes son los verdaderos concesionarios y la autoridad fomenta la irregularidad.
Los transportistas, dijo, se quejan por pagos excesivos de inversión en taxis, pues son 353 mil pesos por la adquisición de unidad nueva, 15 mil pesos por colocar cámara de video vigilancia, 36 mil pesos por el seguro de la unidad, 6 mil 500 pesos por el pago de cromática, 5 mil pesos de cambio de unidad y 13 mil pesos por la prórroga por 10 años que suman 429 mil pesos, sin contar los 700 pesos al mes del GPS. En camiones dijo, el gasto puede llegar a un millón 807 mil pesos.
Pelean por comedores comunitarios
Tanto el PAN como Morena se volvieron a confrontar ahora por el tema de comedores comunitarios, pues Acción Nacional propuso un exhorto a la Titular de la Secretaría de
Bienestar del Gobierno de México para que se garantice la operatividad, el adecuado funcionamiento, supervisión y prestación de servicios alimentarios de los Comedores Comunitarios, emitir nuevas Reglas de Operación; e incorporar el programa social en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
Morena defendió que no se quitan los programas sociales, pero había irregularidades y ahora se mejoran al entregar apoyos directos y no a discreción, sino casa por casa, pero los panistas reprocharon que no quisieran discutir el tema y aseguraron que no se resisten a la nueva etapa, pues el 90% de las propuestas de morena han sido apoyadas por el PAN.
Cuestionaron cómo garantizar el derecho a la alimentación en zonas urbanas, a quienes no tienen vivienda y cuestionaron la desaparición de apoyos a programas como jornaleros, de conversión social, mientras morena señaló que no había un buen manejo en los programas y pidieron apoyar al gobierno federal. El punto de acuerdo fue desechado por la mayoría de morena y sus aliados.
