Pensionados del ISSEMyM propusieron garantizar en la Ley de Seguridad Social del Estado de México y Municipios el derecho humano a la seguridad social, prohibir que las instituciones públicas utilicen el outsourcing y garantizar la libertad y la democracia sindical. También rechazaron la posibilidad de establecer un sistema de afores.
Durante los trabajos de la comisión de Derechos Humanos del Parlamento Abierto hubo señalamientos en torno a que en algunos casos se registran ante instituciones de seguridad social a las y los trabajadores con salarios más bajos de los que realmente tienen.
También plantearon la necesidad de cuidar a las y los adultos mayores, fijar la pensión por viudez, abrir albergues para víctimas, establecer la objeción de conciencia,
el derecho a la vida, la libertad de culto, entre otras.
ISSEMyM
José Norberto Uribe Jiménez, Integrante de la Asociación Mexiquense de Pensionados, planteó reformas a la Ley del Trabajo de las y los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios para garantizar el derecho humano a la seguridad social, pues el Estado, sostuvo, está obligado a garantizarlo.
Advirtió que ese sector se ha visto amenazado y quieren señalar en la ley que el Estado no puede sustraerse de garantizar la seguridad social de las y los servidores públicos bajo el régimen solidario de reparto, pues en 2018 se aprobó una Ley para establecer el sistema de afores, que no ha funcionado en otros países.
También planteó otros ajustes para prohibir que las instituciones públicas utilicen el outsourcing, pues con esa modalidad los derechos se han visto afectados, ha habido registro de trabajadores con salarios más bajos y pensiones menores a las que tienen derecho, el impedimento a acceder a los fondos de pensión, de vivienda y a tener mejores liquidaciones ante despidos, licencias o incapacidades.
Ese tipo de contratación, alertó, provoca desestabilidad laboral, despidos y recontrataciones para que las y los trabajadores no generen derechos; con lo cual hay simulación laboral sobre el verdadero patrón, evasión fiscal y afectaciones al servicio de salud al evadir el pago de cuotas.
Además, plantearon la necesidad de homologar las reformas federales sobre democracia y transparencia sindical.
En el análisis, hubo propuestas para elevar las cuotas por la situación económica que atraviesa el ISSEMyM, pero también señalamientos de que el Estado debe garantizar los fondos, e integrar en la iniciativa que ya se pueden impulsar medidas cautelares por acoso laboral. El proponente señaló que ya hay cuotas que se pagan por los trabajadores para sostener al ISSEMyM.
También hubo comentarios en torno a que existen prácticas de registrar a trabajadores con sueldos más bajos de los que perciben y comentarios respecto a que las afores han sido un fracaso.
Viudez y vejez
Ana Laura Hernández Flores planteó una iniciativa para proteger los derechos de los sectores vulnerables y abrir albergues para víctimas, dónde se ofrezca servicio médico y atención, pues la entidad no tiene espacios adecuados.
María del Rosario Arellano puso sobre la mesa la necesidad de establecer una pensión por viudez a trabajadores del Estado, pues en estos momentos si los dos son derechohabientes no tienen derecho a ella, pues se establece una nulidad, lo cual transgrede derechos porque hay negativa en el servicio público a proporcionarla.
El impedimento a acceder a esa pensión, dijo, genera problemas económicos, pues a veces las o los viudos deben buscar otro empleo.
Adelaida Rojas García hizo una propuesta sobre la vejez para garantizar la no discriminación, el retiro digno, protocolos para los servicios de salud que detecten enfermedades diversas, para atender a personas con discapacidad y establecer casas hogar que atiendan a las personas.
Otras propuestas
Por su lado, Cristian Badillo integrante de las organizaciones Fundación en Promoción de la Familia y la Libertad A.C. y Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa expresó su propuesta para garantizar la Libertad de pensamiento y Culto y evitar la discriminación por motivos religiosos.
Misael Romero Lagunas propuso establecer el derecho de objeción de conciencia, pues justificó que no se encuentra regulado, pero debe ser incorporado a la Constitución mexiquense, a fin de respetar la libertad de pensamiento y garantizar la libertad de conciencia para que las y los trabajadores no sean obligados a participar en actividades contrarias a sus libertades.
Algunas parlamentarias y parlamentarios advirtieron que se debe analizar ese tema a fondo para no afectar otros derechos, pero otras voces lo apoyaron.
Gustavo Chávez Trejo también presentó una propuesta sobre ese tema para señalar que todo ser humano puede negarse a realizar conductas que infrinjan sus principios y convicciones éticas, morales, o religiosas.
Participantes advirtieron que existen algunos riesgos y se pronunciaron por analizar más las excepciones, pues ese tema, señalaron, puede facilitar la colocación de candados para acceder a otros derechos o a la práctica del aborto en las causales previstas en el Código Penal; otros manifestaron su respaldo a que las y los servidores tengan esa libertad.
Eric Rosas Solis presentó la propuesta para que se reconozca a la ciencia como un derecho humano y garantizar el progreso científico para los mexiquenses.
Luis Ignacio Calvo planteó la debida tutela de los derechos fundamentales, la protección a la vida desde la concepción, hasta la muerte natural, el desarrollo de todas sus capacidades, que no exista discriminación y establecer el interés superior de la niñez, entre otras cosas.
Ernesto Hernández Vilchis propuso una reforma para rechazar reformas federales a la Ley de Asociaciones Religiosas
A propuesta de la mesa se propuso reponer el procedimiento de la iniciativa para garantizar la protección al derecho a la vida, tras algunas dudas que surgieron en la votación hecha hace unas semanas, pero uno de los proponentes cuestionó que no había condiciones para volver a presentar la iniciativa, y otro advirtió que tampoco las había para botarla, pues sabían el resultado.
El coordinador del Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México (Sectec) Mauricio Valdés defendió los trabajos del Parlamento Abierto y sostuvo que es totalmente imparcial.
