Toluca, México.- Toluca podría ser el primer municipio del país en tener un director indígena en su gabinete, pues en las siguientes semanas el ayuntamiento podría emitir la convocatoria en las cinco lenguas indígenas y entre abril y mayo estaría listo para incorporarse al ayuntamiento como parte del gobierno.
Además, las comunidades indígenas esperan que para el año 2021 existan las herramientas suficientes para elegir a sus diputados locales, federales y a sus regidores en una asamblea, es decir, por usos y costumbres.
Durante el foro para modificar la Ley Orgánica Municipal, el asesor jurídico de la gubernatura nacional indígena, Misael Toledo planteó que faltan reformas al artículo 96 de la Ley Orgánica, a fin de garantizar que existan las direcciones indígenas en todos los municipios del estado de México.
Refirió que desde el año 2001 se mandataba que todos los institutos electorales de las entidades hicieran lo necesario para que los indígenas ocuparan cargos de representación, pero no se hizo la redistritación por parte del antes IFE y ahora INE para incorporar los polígonos indígenas; aún así desde el 22 de mayo del 2015 se modificó el artículo 2, con lo cual a las comunidades ya se les permitía elegir a sus representantes a cargos públicos y de elección popular por usos y costumbres.
El gobernador nacional indígena Hipólito Arriaga explicó que hay un decreto del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador para respetar los usos y costumbres que deben hacer valer y llamó a los diputados a atender a las poblaciones indígenas porque siguen discriminadas, pese a lo que dice la ley.
Advirtió que insistirán en que los alcaldes no decidan por ellos, pues han ganado un amparo para elegir a sus autoridades y a sus representantes por usos y costumbres y les quieren dar “atole con el dedo”.
El abogado dijo que no se ha podido cristalizar la elección de candidatos porque decían que solo se puede hacer a través de un partido o como candidatos independientes, cuando ya existe la figura de usos y costumbres; por lo cual promovieron un amparo indirecto en el estado de México y en 2016 un juez federal ordenó al congreso local que modificara la Constitución y el Código Electoral.